Costa Rica muestra avances en lucha contra el comercio ilícito señala estudio
La Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (Tracit) publicó un nuevo informe donde señala avances y riesgo de Costa Rica ante la lucha contra el comercio ilícito.
El documento titulado “Evaluación del desempeño de Centroamérica en el Índice de Comercio Ilícito”, afirma que el desempeño de Costa Rica en el Índice de Comercio Ilícito refleja un sistema con marcos legales e institucionales relativamente sólidos. Sin embargo, en él, “las brechas en el control y una supervisión del mercado deficiente permiten que el comercio ilícito persista en múltiples sectores”, afirmó Jeffrey Hardy, director general de Tracit.
“La presencia de bienes ilícitos que circulan junto a productos legítimos pone de relieve la necesidad de mecanismos de control más sólidos en toda la cadena de suministro”, añadió Hardy.
Agregó que Costa Rica se ubica como el país con mejor desempeño de Centroamérica, con un puntaje de 51.2 en el Índice de Comercio Ilícito. Ello, dijo el ejecutivo, la coloca en el puesto 68 entre 158 economías a nivel mundial. En la región ocupa el primer lugar gracias a sus sólidos marcos legales y a una economía formal robusta que mitiga la demanda de bienes ilícitos en comparación con sus pares centroamericanos.
El informe de Tracit señala que Costa Rica ha logrado avances importantes en los últimos años, incluida su incorporación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2021 y la certificación de la OCDE de dos de sus zonas francas en 2025. Sin embargo, estos avances no se han traducido plenamente en un control efectivo de los mercados ilícitos. Se estima que el comercio de productos falsificados representa aproximadamente el 2% del PIB, mientras que la economía sumergida en su conjunto representa alrededor del 24% del PIB.
A pesar de contar con marcos legales relativamente sólidos, el informe identifica debilidades sistémicas en el control, los controles aduaneros y la supervisión de la cadena de suministro. La supervisión gubernamental fragmentada y la limitada capacidad de control permiten que los bienes ilícitos y falsificados circulen junto a productos legítimos, reforzando una cultura en la que la ilegalidad se ha vuelto aceptable. Estas brechas son aprovechadas activamente por redes criminales organizadas que operan a lo largo de la cadena de suministro.
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