Costa Rica enfrenta una pérdida de competitividad que amenaza su capacidad para atraer y retener inversión extranjera directa. Esto especialmente en el sector de servicios bajo el régimen de zonas francas.
Específicamente, aspectos como el incremento de los costos operativos, las deficiencias en la formación del talento humano, el rezago en infraestructura y los cambios tecnológicos están modificando las condiciones que durante años permitieron al país posicionarse como un destino atractivo para las empresas multinacionales.
Así lo advirtió Daniel Álvarez, CEO de Cushman & Wakefield | AB Advisory, durante el taller para periodistas “Situación de las zonas francas en Costa Rica: Coyuntura y perspectivas”, organizado por el BAC.
Según el especialista, estos factores están generando una presión creciente sobre las operaciones internacionales establecidas en el país, algunas de las cuales ya han optado por trasladarse a otros mercados con menores costos.
La preocupación cobra relevancia por el peso económico del régimen. De acuerdo con las cifras expuestas por Álvarez, las zonas francas representan cerca del 15% del producto interno bruto (PIB). Además, concentran aproximadamente entre el 66% y el 67% de la inversión extranjera directa y generan cerca de 300.000 empleos directos e indirectos.
Durante el taller, Álvarez señaló que, aunque Costa Rica logró transformar su economía y especializarse en la atracción de compañías internacionales de manufactura avanzada y servicios, mantener esa posición requiere una estrategia de competitividad que responda a las nuevas condiciones del mercado global.
Uno de los principales problemas identificados por el especialista es el comportamiento del tipo de cambio y su impacto sobre las empresas que reciben sus ingresos en dólares, pero deben cubrir una parte importante de sus costos operativos en colones.
Según explicó, para algunas compañías que se instalaron en Costa Rica hace cinco, siete u ocho años, el costo de sus planillas, medido en dólares, ha aumentado entre un 35% y un 40% respecto de las condiciones bajo las cuales estructuraron originalmente sus operaciones.
A este incremento se suma la incertidumbre sobre el comportamiento futuro de la moneda. Ello, mencionó, dificulta la planificación financiera de las multinacionales y la proyección de sus costos para los próximos 12, 18 o 24 meses.
Un segundo desafío señalado por Álvarez, corresponde al deterioro de las condiciones educativas y a la necesidad de formar talento humano con las competencias que demanda la nueva economía digital.
Álvarez advirtió que el país presenta un rezago en la preparación de su fuerza laboral. Esto mientras otras economías competidoras están acelerando sus programas de formación y especialización. En ese contexto, cuestionó que las empresas deban destinar recursos propios a desarrollar capacidades que deberían fortalecerse desde el sistema educativo nacional.
El tercer problema señalado durante la charla corresponde a la infraestructura y la logística. Ello ligado particularmente a las dificultades de movilidad que enfrentan diariamente miles de trabajadores.
Para el especialista, el crecimiento del parque vehicular, sin un desarrollo equivalente de la infraestructura vial, ha provocado tiempos de desplazamiento cada vez mayores. Esta situación también representa un obstáculo para las compañías que buscan incrementar la presencialidad de sus colaboradores.
El cuarto factor señalado fue la transformación tecnológica que está experimentando el mercado internacional, especialmente por la incorporación acelerada de inteligencia artificial en procesos empresariales que tradicionalmente requerían grandes cantidades de trabajadores.
Esta transformación representa una amenaza particular para las operaciones de servicios tercerizados, como centros de llamadas, atención al cliente y procesos administrativos repetitivos.
De acuerdo con el análisis presentado por Álvarez, no todos los sectores del régimen de zonas francas enfrentan el mismo nivel de vulnerabilidad.
Dijo que las compañías de manufactura avanzada, dispositivos médicos e investigación y desarrollo presentan una mayor capacidad de resistencia ante los cambios en los costos operativos. Esto debido a las inversiones millonarias que realizan en instalaciones, maquinaria y equipos especializados.
En contraste, las empresas dedicadas a servicios compartidos y, especialmente, aquellas que desarrollan procesos transaccionales o de tercerización de servicios empresariales (BPO), tienen mayor facilidad para trasladar sus operaciones a otros países.
Esta diferencia se explica porque las compañías de servicios suelen requerir inversiones de capital menores y dependen en mayor medida de los costos laborales.
Álvarez indicó que Cushman & Wakefield ha atendido clientes que, por ejemplo, trasladaron operaciones durante los últimos meses hacia mercados como Guatemala, México, Filipinas e India, donde encuentran condiciones de costos más favorables.
A esta presión se suma la automatización de procesos mediante inteligencia artificial. Ella, dijo, está llevando a las multinacionales a revisar la cantidad de trabajadores que necesitan contratar.
Como ejemplo, mencionó el caso de una empresa internacional que había previsto contratar a 1.000 personas y ocupar un edificio completo en una de las zonas francas del país. Sin embargo, el proyecto fue sometido a una nueva evaluación para determinar cuántos puestos serían realmente necesarios ante las posibilidades de automatización.
Según explicó Álvarez, esta situación introduce una nueva incertidumbre para la generación de empleo; así como para las inversiones inmobiliarias que dependen de la llegada de nuevas operaciones.
Durante la presentación, el especialista señaló que se han perdido más de 6.000 empleos vinculados a compañías multinacionales durante los últimos 18 meses. Esta es una situación que considera preocupante por las dificultades que enfrenta la economía nacional para absorber a los trabajadores desplazados.
Advirtió que, si las condiciones actuales persisten, podrían producirse nuevas reducciones de personal y salidas de empresas. No obstante, el impacto económico, va más allá de los puestos de trabajo.
Álvarez explicó que las compañías instaladas en zonas francas mantienen relaciones comerciales con numerosos proveedores nacionales; entre otros, firmas legales, empresas de limpieza, servicios tecnológicos, operadores de alimentación, entidades financieras y compañías de mantenimiento.
Según sus estimaciones, una multinacional puede mantener entre 10 y 15 proveedores permanentes de servicios. Debido a ello, el cierre o traslado de una operación también reduce las oportunidades de negocio para estas empresas.
En el mercado inmobiliario, el especialista señaló que la desocupación de oficinas también constituye una de las consecuencias más visibles.
De acuerdo con los datos presentados, la tasa de desocupación de oficinas alcanza un 17,7%, mientras que la absorción neta registró una caída del 11,7%. Esto durante el primer semestre de 2026.
Añadió que, si la tendencia descendente en la inversión extranjera del sector servicios continúa, Cushman & Wakefield proyecta que la desocupación podría acercarse al 27% hacia 2030, con consecuencias sobre los ingresos por alquileres, el valor de los inmuebles y la viabilidad de nuevos desarrollos.
El especialista también señaló que algunos proyectos inmobiliarios con componentes importantes de oficinas ya están siendo suspendidos o reconsiderados debido a las dificultades para alcanzar los rendimientos financieros esperados.
Ante este panorama, Álvarez considera necesario que Costa Rica defina una ruta económica más clara para enfrentar los cambios en las condiciones de inversión internacional.
Entre los aspectos prioritarios mencionó la necesidad de fortalecer el sistema educativo. Además de mejorar la ejecución de los proyectos de infraestructura, atender la incertidumbre cambiaria y recuperar una comunicación más abierta entre el sector público y el sector privado.
Durante el taller, Álvarez planteó que los problemas del sistema educativo no se resuelven únicamente mediante mayores presupuestos. Sino también con una mejor capacidad de ejecución y una transformación estructural que permita preparar a las nuevas generaciones para los empleos que demanda la economía digital.
Asimismo, consideró necesario que el Banco Central adopte un papel más activo en la búsqueda de un equilibrio cambiario que responda a las necesidades de los distintos sectores de la economía.
Finalmente, Álvarez cuestionó la falta de una visión económica de largo plazo que permita identificar cómo Costa Rica sostendrá su capacidad de atraer inversiones, desarrollar nuevas actividades productivas y generar oportunidades laborales.
Para el especialista, el desafío no consiste únicamente en evitar la salida de empresas de zonas francas, sino en definir cómo el país podrá competir en sectores de mayor valor agregado. Además de reincorporar a los trabajadores que están perdiendo sus empleos ante la transformación del mercado internacional.
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