Por: Rafael González, Socio de Impuestos y Legal de Grant Thornton
Para reducir al máximo la rápida propagación del COVID-19, es indispensable limitar al máximo todas las interacciones humanas. Eso significa quedarse en la casa y, desde ahí, tratar de hacer la vida lo más normal que sea posible. Pero ese confinamiento implica, necesariamente, que todos dejaremos de comprar muchas cosas, de consumir muchos servicios y de visitar muchos lugares.
Entonces, los fabricantes, los importadores, los comerciantes, los prestadores de servicios, los empresarios turísticos y de entretenimiento y, en general, todos los actores económicos, veremos reducidas nuestros ingresos y, posiblemente, encontremos dificultades para cumplir con nuestros compromisos y obligaciones.
Las cargas sociales y los impuestos, así como los pagos por créditos, son las obligaciones que más preocupan al empresario, no solo por sus montos; sino, sobre todo, por las gravísimas consecuencias de su incumplimiento. Por ese motivo, el gobierno ha anunciado que adoptará medidas que buscan ayudar a que esos factores impacten lo menos posible en estos tiempos de emergencia. Sin lugar a dudas, el pago de las cargas sociales debería ser reducido a lo mínimo.
Con tal de poder pagar los salarios completos y de no despedir a nadie, lo correcto sería que durante un tiempo los patronos puedan dejar de pagar todo o parte de las cargas sociales, en la medida que esos montos provienen directamente de las ventas o ingresos impactados por la cuarentena.
En cuanto al impuesto sobre la renta, lo mínimo es que se dispense el pago de los adelantos y que se suspenda temporalmente las retenciones por pagos con tarjeta y demás pagos a cuenta. Claramente la situación de emergencia implicará que esos pagos excederán los impuestos finales a pagar, y lo ideal es que el empresario tenga los recursos para enfrentar la disminución de sus ventas.
El IVA presenta varias alternativas: por una parte, pensando en que muchos prestadores de servicios y comerciantes venden a crédito, lo ideal sería permitir que el IVA se cobre y entere al Fisco al momento del pago y no de la venta. De ese modo, por lo menos el empresario no tendrá que financiar el IVA mientras el cliente paga; al tiempo que el cliente se verá incentivado a comprar, pues le venden a crédito.
Esta medida, sin embargo, no necesariamente fomenta el consumo, pues los bienes y servicios no bajarán de precio. La otra alternativa es que el IVA no se cobre durante un tiempo, para que los consumidores encuentren mayor incentivo para comprar bienes y servicios, dentro de las limitaciones que la situación impone.
Adicionalmente, es indispensable que se disminuyan todo lo posible las tasas de interés para los créditos, no sólo para tratar de fomentar, en lo posible, nuevos emprendimientos; sino, sobre todo, para paliar la disminución de ingresos y evitar caer en mora.
La coyuntura actual representa una gran oportunidad para atrevernos, de una vez por todas, a implementar el teletrabajo y para quitarnos el miedo al uso de las tecnologías de comunicación. Posiblemente ahora, viéndonos obligados, tomemos decisiones que habíamos postergado por temor a variar el status quo.
Adicionalmente, habrá actores económicos que sufrirán en demasía el embate de la cuarentena, para quienes todos debemos tender la mano solidaria. No solo el estado: los clientes y proveedores de esos negocios debemos ajustarnos para sobrevivir el impacto económico del coronavirus.
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