Los representantes de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP), señalaron a los diputados los riesgos e inconsistencias que presenta el proyecto de Ley N°21.665, con el cual se pretende autorizar el retiro total y anticipado, por única vez, del Fondo de Capitalización Laboral (FCL).
Según explicaron los dirigentes de ACOP, este proyecto, lejos de generar reactivación económica con la devolución anticipada de los fondos, por ₡675 mil millones, como se argumenta en la exposición de motivos, provocaría una caída en los rendimientos del FCL, en perjuicio de los afiliados, generaría un aumento de la inflación y empujaría al alza las tasas de interés de los créditos y, los más grave, deja desprotegidos económicamente a los trabajadores en caso de un eventual despido.
“El proyecto no cuenta con un estudio técnico o financiero que lo sustente, ni se ha realizado una evaluación, por parte de los proponentes, de los impactos negativos que causaría a la economía del país y a los trabajadores cotizantes del FCL”, manifestó Hermes Alvarado, presidente de ACOP.
Según explicó Alvarado, la propuesta tendrá principalmente cuatro efectos negativos de alto impacto:
a) Generará pérdidas en el valor y rendimiento de los fondos de los afiliados, administrados por las operadoras, pues al liquidar de forma masiva y prematura las inversiones del FCL, haría que, ante una alta oferta de instrumentos financieros, los precios de los títulos valores se reduzcan en perjuicio de todo el sistema financiero.
b) Presionará al alza las tasas de interés, como consecuencia de la venta anticipada de títulos valores en el mercado secundario.
c) Afectará el costo de los créditos de las familias costarricenses y el costo de financiamiento del Gobierno en el mercado primario, por el aumento de las tasas de interés.
d) Perjudica a los trabajadores en general y en particular a los laboran en el sector privado, quienes, en virtud de la situación económica actual, podrían quedar cesantes y tardar casi un año en lograr un nuevo empleo.
“Otro problema técnico que hemos detectado en este proyecto, y que explicamos a los diputados de la Comisión, es que se propone la devolución total del FCL, cuyo saldo al 31 de octubre era de ₡675 mil millones; pero nuestro mercado secundario es de poca liquidez.
El sistema financiero no está en capacidad absorber una venta masiva de los títulos valores en los que está invertido el FCL por parte de las operadoras, considerando en la actualidad el 60% de las compras en el mercado bursátil la realizan las Operadoras de Pensiones Complementarias”, afirmó Alvarado.
Adicionalmente, los recursos del FCL se encuentran invertidos en títulos valores con plazos de vencimiento calzados a marzo del 2021, que es la fecha de entrega del quinquenio del FCL. De ellos, el 55,56% corresponde a títulos de Gobierno y Banco Central.
Finalmente, hay un impedimento operativo, y es que las operadoras deberían devolver esos recursos a más de 2.480.000 afiliados, en un plazo máximo de 45 días, lo cual es materialmente imposible.
“Por ejemplo, la devolución de un quinquenio en el FCL, en condiciones normales, demanda a las operadoras de pensiones un trabajo previo de un año, en el cual se debe suspender la libre transferencia de afiliados entre operadoras, al menos cinco meses antes de la devolución. Eso implica que, en la práctica, ninguna devolución anticipada podría hacerse antes de agosto del 2020 de aprobarse la reforma antes de finalizar el año”, explicó Danilo Ugalde, Director Ejecutivo de ACOP.
Por las razones antes expuestas, ACOP sugirió a los diputados no acoger el proyecto, por las implicaciones negativas que tendría para la economía nacional y para el bolsillo de los trabajadores.
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