Las empresas, que ahora son sujetos obligados, estarán más fiscalizadas con las medidas que implementaron las autoridades para luchar contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, las cuales fueron anunciadas recientemente por el Gobierno de Costa Rica.
Cabe recordar que a partir del 1°de enero de este año, el gobierno dio a conocer un nuevo listado de empresas y personas llamados “sujetos obligados”, los cuales deben estar registradas ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y cumplir con las obligaciones en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Se estima que sólo el 10% de los sujetos obligados han cumplido con la medida. Al día de hoy, según SUGEF, debería de haber ya 40 mil inscritos, pero sólo hay cerca de 4000, el plazo de inscripción finalizó el pasado 30 de junio.
“Los sujetos obligados que incumplen con todo lo que exige la ley se exponen a multas de hasta $80 mil, o el 50% de la transacción realizada, además de que las personas físicas podrían incurrir en delitos castigados con penas de hasta 20 años de cárcel,”, explicó Sergio Herra, asociado de Nassar Abogados, quien aclaró que la nueva medida anunciada por el Gobierno pretende una aplicación más fuerte de la ley respecto a la fiscalización de los requisitos exigidos.
El sistema financiero era el único, antes de la reforma legal del año pasado, que estaba obligado a estar inscrito ante la SUGEF, empero, se determinó que hay otras instituciones y personas que por su ámbito de actividad conllevan un alto riesgo para el lavado de activos o financiación del terrorismo por lo que debían cumplir con las medidas de debida diligencia exigidas al sistema financiero nacional.
Actualmente se incluyen dentro de los sujetos obligados a: las aseguradoras, casinos, joyerías, empresas inmobiliarias, ventas de vehículos, ventas de obras de arte casas de empeño, prestamistas, productoras de conciertos, notarios, entre otros.
Además de registrarse ante la SUGEF, los implicados deben cumplir con capacitaciones a sus empleados en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, deben realizar un análisis para conocer los riesgos inherentes a su actividad económica e identificar las operaciones de mayor riesgo, así como tipologías de lavado específicas del sector.
También deben implementar protocolos y procesos encaminados a prevenir y detectar el lavado de activos y financiación del terrorismo, entre los que se incluyen medidas de debida diligencia como: “conozca a su cliente”, y reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD.
“Esta normativa tan especializada les está cayendo como una responsabilidad de golpe a estas empresas, por lo que no tienen muy claro el panorama de lo que deben hacer y cómo se debe hacer, ya que no estaban acostumbradas a cumplir con este proceso. Es por eso necesario que se asesoren en cuanto a las nuevas políticas que deben adoptar”, mencionó Herra.
La medida forma parte del plan de acción interinstitucional que tiene el Gobierno de Costa Rica ante la Evaluación de su sistema antilavado y contra el financiamiento al terrorismo en 2020, para así cumplir con los Estándares Internacionales que emite el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La GAFI desarrolla política que ayuden a combatir, prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
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