El aumento del 4% en el precio del arroz anunciado anunciado el pasado miércoles afectará principalmente a las familias de menores ingresos.
Así lo señaló la Cámara de Comercio de Costa Rica, quien mediante un comunicado lamentó que el Gobierno no aproveche el momento por el que pasa el país para generar un precio competitivo en el precio del producto de mayor consumo.
“Esto no ayuda a la reactivación económica de la que tanto hemos hablado en las últimas semanas”, señaló Alonso Elizondo, Director Ejecutivo de la Cámara.
El arroz es uno de los principales alimentos consumidos por los costarricenses, especialmente los de menores ingresos. Según datos de la Cámara de Comercio, 7 de cada 10 costarricenses lo consumen a diario.
Elizondo señaló que históricamente la actividad arrocera nacional se ha caracterizado por políticas de protección en todos los niveles de la agrocadena.
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) regula la actividad mediante un precio mínimo al productor y establece bandas de precios para todos los eslabones de la cadena de comercialización. De acuerdo con el Decreto vigente a partir de setiembre de 2016, también fija un único precio para la venta al consumidor de la calidad 80/20.
“Además, existe una protección arancelaria del 36%. En prácticamente todos los acuerdos comerciales suscritos por Costa Rica, el arroz ha quedado excluido de los compromisos de desgravación arancelaria, sin embargo, en el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos el arancel comenzó a reducirse a partir de enero de 2016. A la fecha, el arroz es el único producto que conserva un sistema de protección en estas dos vías: precio regulado en el mercado local y un arancel elevado a la importación”, afirmó Elizondo.
Según un estudio hecho por la Cámara de Comercio de Costa Rica en el 2017, la actividad arrocera en el país está dominada por grandes productores e industrializadores.
“Si bien hay pequeños, el 4% de los productores poseen el 44% del área sembrada y un 68% de las ventas del mercado lo manejan 3 empresas. Si el objetivo de los gobiernos que defienden la fijación de precios ha sido proteger al pequeño productor arrocero nacional, la mayor transferencia de rentas del modelo de fijación de precios la recibe quien más produce”, desatacó el informe de la Cámara en su momento.
Para Elizondo, el sector arrocero continúa amparado a la protección y a los mecanismos de defensa comercial para subsistir; “en tanto, los consumidores, en particular los de menores recursos, dedican una décima parte de su ingreso a adquirir este alimento básico a un precio superior al del mercado internacional”.
“Cualquier política que aspire a mantener artificialmente altos los precios de un alimento que forma parte de la dieta diaria de la familia promedio costarricense, tendrá un impacto sobre los hogares de menor poder adquisitivo”, concluyó el representante de los comerciantes.
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