La Cámara Costarricense – Norteamericana de Comercio (AmCham), hizo un vehemente llamado al Gobierno a acoger, de forma inmediata, las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de contratación pública, las cuales procuran garantizar procedimientos abiertos a la competencia, la no discriminación y el cumplimiento de las normas de transparencia adecuadas, todo lo anterior con el objetivo de garantizar el mejor uso de los recursos del Estado en momentos de reconocida estrechez fiscal.
La preocupación se origina en las denuncias hechas por varios diputados sobre presuntos usos abusivos de la contratación directa entre entes de derecho público, que evidencian que las contrataciones directas con las empresas del Estado, incluyendo el ICE, RACSA, ESPH y otras, no parecen responder a criterios de eficiencia y eficacia sino a una práctica poco saludable de eludir procedimientos concursales y evitar la participación de terceros en un régimen de competencia.
Para Elías Soley, Presidente de AmCham Costa Rica, “los procedimientos de contratación no deben ser utilizados para mantener artificialmente empresas públicas, que no han logrado operar eficientemente en un mercado en competencia; las empresas estatales no son un fin en sí mismo, deben responder al interés de la colectividad, satisfacer un fin público, por lo que si esas empresas han dejado de cumplir con esa finalidad, se debe valorar y decidir sobre su continuidad en lugar de sostenerlas mediante contratos directos que socaban la eficiencia y eficacia de la gestión pública y la sana administración de los recursos del Estado”.
Para Soley, “tal situación contrasta con las directrices de contratación pública que debe adoptar el país en su proceso de adhesión a la OCDE. Por ello, instamos al Gobierno a adoptar las directrices de la OCDE sobre gobierno corporativo de las Empresas Públicas relacionadas con la contratación pública. Esas valiosas recomendaciones nos recuerdan que cuando las empresas públicas intervienen en contrataciones públicas, los procedimientos deben estar abiertos a la competencia, no ser discriminatorios y garantizar el cumplimiento de las normas de transparencia adecuadas”, manifestó Elías Soley, presidente de AmCham.
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