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Por: Gabriel Zamora Baudrit, abogado tributario.
El nuevo sistema TRIBU-CR del Ministerio de Hacienda, junto con la Oficina Virtual (OVi), fue presentado como una herramienta moderna. Esta, buscaba facilitar el cumplimiento tributario. Sin embargo, en la práctica ha impuesto barreras innecesarias y procedimientos engorrosos que hoy dificultan algo tan elemental como pagar impuestos.
Antes de su implementación, los contribuyentes podían realizar sus pagos de manera directa y sencilla desde la sucursal electrónica de los bancos con convenio con Hacienda. Con TRIBU-CR, este mecanismo fue sustituido por un proceso mucho más restrictivo. Ahora los pagos solo pueden realizarse desde cuentas IBAN registradas, ya sean propias o de terceros.
Aunque en teoría se permite el uso de cuentas de terceros, el proceso es sumamente complicado. Para poder pagar, el titular de la cuenta debe registrarla en la OVi, autorizar expresamente al contribuyente y mantener actualizados los permisos. Estos pasos, lejos de simplificar, han generado errores frecuentes, rechazos y pérdida de tiempo, afectando a quienes buscan cumplir con sus obligaciones de buena fe.
Esta nueva modalidad ha golpeado especialmente a adultos mayores, sociedades inactivas y personas sin cuenta bancaria, quienes dependían de familiares, representantes o gestores para efectuar los pagos. Muchos de ellos hoy se encuentran sin alternativas prácticas para cumplir con el fisco.
La administración tributaria no puede perder de vista su objetivo más básico: recaudar. Este sistema, en lugar de facilitar el cumplimiento, lo obstaculiza. Es paradójico que en nombre de la modernización se haya diseñado un proceso que desalienta el pago y complica al contribuyente.
La excesiva rigidez del sistema está provocando morosidad involuntaria y un retroceso en materia de recaudación y eficiencia administrativa.
La digitalización debe servir para acercar al contribuyente, no para aislarlo detrás de trámites técnicos y permisos innecesarios. El sistema actual no solo es poco práctico. Va en contra del espíritu de servicio público que debería guiar a la Hacienda costarricense.
La modernización tributaria, más que una meta tecnológica, debería ser una meta de accesibilidad. Mientras el sistema mantenga estas restricciones y procesos confusos, la recaudación se verá comprometida. Con ella, la capacidad del Estado para cumplir sus funciones esenciales.
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