Por: Osvaldo Trejos Granados
Presidente Colegio de Profesionales en Orientación
Recientemente se dio a conocer una publicación del medio internacional DW en Español, que señala a Costa Rica como el primer país del mundo en la incidencia de casos de bullying, basado en el Informe Pisa 2022.
Si bien es cierto, en muchas ocasiones una gran incidencia puede ser indicador de que los casos han sido debidamente detectados y abordados, la realidad es que la violencia es una problemática social sistémica, que demanda la acción inmediata de la población costarricense en todos sus contextos: político, social, cultural, educativo, familiar y, por supuesto, individual.
A pesar de la gran preocupación que genera una noticia como esta, no debemos invisibilizar los esfuerzos que se realizan desde Orientación y los docentes y más bien, es vital revisar y mejorar las intervenciones preventivas en tres vías: primaria, secundaria y terciaria.
La primera se refiere al abordaje que se pueda dar antes de que los hechos violentos se presenten en los centros educativos.
En este sentido, es fundamental la promoción de habilidades para la vida como la empatía, la resolución de conflictos, relaciones interpersonales, toma de decisiones y otras que posibilitarán que el estudiantado considere opciones más asertivas para la resolución de sus diferencias.
Nuevamente, insistimos a las autoridades del Ministerio de Educación Pública, en la necesidad de aumentar la cobertura del servicio de Orientación, dado que la prevención y la promoción del desarrollo integral del ser humano, son las capacidades técnicas más destacadas de las y los profesionales de esta disciplina.
También se convierte en una necesidad el proveer a las personas estudiantes de las aptitudes fundamentales que les permitan aprender el cómo afrontar los conflictos, superar etiquetas y generar la comprensión de las emociones y sentimientos de quienes los rodean, aprovechando el potencial de las relaciones interpersonales. Asimismo, hacerles sentir que son tomados en cuenta en las decisiones que les benefician o les pueden afectar, así de esta manera se les permite responsabilizarse de las acciones.
Por otro lado, se debe actuar desde la prevención secundaria, entendida como la atención inmediata de los casos de acoso escolar. Reiteramos la necesidad de revisar exhaustiva y técnicamente los protocolos de actuación existentes, con énfasis especial en la protección inmediata de las personas víctimas, en la atención pronta de las personas que ejercen violencia y en el estudiantado que presencia estos hechos, de forma que se conviertan en sujetos activos en la construcción de ambientes educativos pacíficos.
En este punto, también es importante revisar los protocolos interinstitucionales y el involucramiento de todas las entidades como el Patronato Nacional de la Infancia, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial y otras. Asimismo, es fundamental la pronta respuesta de estas entidades ante la notificación de los casos, seguimiento y acompañamiento de las personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública que activan los protocolos.
Finalmente, la prevención terciaria vista desde la restitución de la convivencia pacífica cuando se han presentado casos de acoso escolar. En este aspecto, consideramos necesaria una revisión tanto de los mencionados protocolos de actuación, como de lo normado en el Debido Proceso y demás reglamentos y normativas institucionales, para garantizar que los derechos de las personas estudiantes sean salvaguardados, a la vez que se verifiquen procesos de atención específica con las partes involucradas.
Es importante desarrollar en las personas menores de edad la colaboración y el trabajo en equipo, creando entornos inclusivos, desde la comunicación no violenta, la disciplina positiva y el desarrollo del sentido de pertenencia.
Hacemos énfasis en que se trata de un trabajo integral que involucra a las familias y la comunidad, brindando información oportuna, colaborando de forma activa con las familias de las víctimas y el apoyo a todos las personas actoras del sistema, por medio de capacitación y concientización de este fenómeno, bajo la consigna del compromiso de brindar una educación de calidad en espacios de una cultura de paz.
La problemática existe pero se ha dado una gran lucha por buscar mejorar la convivencia desde los centros educativos, por eso, urgimos a las autoridades a destinar todos los recursos necesarios para mitigar esta situación y para garantizar que el proceso académico se dé en entornos favorables para la seguridad y el desarrollo integral de las comunidades educativas.
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