El Gobierno anunció esta tarde la propuesta para negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la obtención de un financiamiento de US$1.750 millones.
Según se anunció en conferencia de prensa, la propuesta detalla medidas como la reducción del costo de las cargas sociales para las empresas en al menos 5 puntos porcentuales (p.p.) durante cuatro años.
Esta acción permitirá reducir los costos de la contratación y estimular el empleo. Además no afectará las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social, que siempre recibirá los recursos, financiados con el 1% del PIB de la recaudación del impuesto de las transacciones financieras.
Asimismo, se reducirá la deuda pública en 6 p.p. del PIB con el fin de cambiar el ciclo del endeudamiento y el pago de los intereses que ha tenido el país en las últimas décadas.
Otras cuatro medidas para promover el empleo y el crecimiento económico son la disminución de los costos de electricidad, las reformas para la promoción y creación de empleo, el Programa de Recursos Digitales al servicio de la Comunidad Educativa y el plan de alianzas público privadas para la inversión pública.
También se prevé la devolución del IVA de la canasta básica al 20% más pobre de la población costarricense, con lo cual tendrán más dinero disponible para atender sus necesidades.
Dentro de las medidas fiscales, se establecería un tributo a las transacciones electrónicas y cheques. Esta propuesta sería temporal, según anunciaron las autoridades.
Con esto se cobrará durante cuatro años una tarifa a todas las transacciones bancarias y de valores. Los dos primeros años será del 0,3%; es decir en una transacción de ¢10.000 se pagará ¢30 y en una de ¢100.000, ¢300. En los siguientes dos años, el cobro se bajará a un 0,2%; o sea, se pagarían ¢20 en una transacción de ¢10.000 y ¢200 en la de ¢100.000.
Se proyecta que con este impuesto se pueda financiar lo que se dejará de recibir por cargas sociales y la reducción de la deuda pública.
Otra de las medidas temporales es el impuesto extraordinario sobre la renta a salarios (y pensiones), utilidades y remesas al exterior.
En el caso de los salarios, este tributo extraordinario no afectará a salarios menores de ¢840.000. A partir de ese monto se cobrará un 2,5% adicional, un 5% extra para ingresos superiores a ¢1.233.000 y un 10% adicional a los ingresos superiores a los ¢4.325.000.
En el caso de las personas físicas con actividades lucrativas aquellas que tengan rentas netas mayores a los ¢3.638.000 se les cobrará una tarifa adicional que irá aumentando progresivamente de 2,5 p.p. a 10 p.p. en el último tramo.
A las personas jurídicas con una renta bruta superior a ¢109.228.000, se les aplicará una tarifa adicional del 6 p.p. sobre su utilidad neta. Las personas jurídicas con ingresos brutos inferiores a ¢109.228.000, por los primeros ¢5.143.000 de utilidad neta se les cobrarán una tarifa adicional que irá aumentando progresivamente de 2,5 p.p. en el primer tramo, a 10 p.p. adicional en el último tramo.
Además, se cobrará un 5% para remesas al exterior a todas las rentas de fuente costarricense de personas físicas y jurídicas no domiciliadas en Costa Rica.
También se proponen el aumento del impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles en 0,50 p.p. y la eliminación de exoneraciones a cooperativas, salario escolar, rentas de capital y SUTEL, entre otras.
El Gobierno también anunció iniciativas para reducir el gasto. Algunas de las propuestas en este ámbito son el cierre o fusión de órganos desconcentrados, la eliminación de anualidades, la reducción de la deuda política en 50%, el proceso de movilidad voluntaria de funcionarios públicos y venta de activos como Fanal y Bicsa.
Para la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) resulta preocupante que las medidas que se pretenden impulsar se enfocan fundamentalmente en aumentar la carga tributaria sobre las empresas y los ciudadanos, en un contexto en el que urge que la economía se reactive para combatir los niveles de desempleo y subempleo que estamos enfrentando.
“Es indudable que más impuestos provocarán una mayor ralentización de la actividad económica, aumentando el desempleo y profundizando la crisis social”, señaló Esteban Acón, presidente de la CCC.
Agregó que es necesario que se incorpore, como parte de la solución, un plan agresivo para contener el desproporcionado gasto gubernamental y que se entre de lleno a mejorar la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos.
Maurizio Musmanni, presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA), coincidió con Acón y agregó que en medio de una profunda recesión económica como la actual y con una tasa de desempleo que afecta a una cuarta parte de la población económicamente activa, la vía de los impuestos destruye más valor del que genera y reduce aún más la posibilidad de reconstrucción de los puestos de trabajo eliminados a raíz de las medidas sanitarias tomadas en los últimos seis meses.
“No podemos aceptar la tesis de que se le dará estabilidad a la economía a través de más impuestos o con mayor endeudamiento, pues serán fondos destinados a financiar el mismo Estado que el sector político se resiste a hacer más eficiente y en pocos meses estaremos exactamente en el mismo debate”, agregó Musmanni.
La Cámara de Comercio de Costa Rica también mostró su desaprobación por la creación de nuevos impuestos.
“Aumentar la carga impositiva para el sector productivo y los consumidores, generaría un impacto negativo en la competitividad, la formalidad, la capacidad adquisitiva de las familias y el crecimiento de Costa Rica; por lo que el Gobierno debe apostar por crear mejores condiciones para dinamizar la economía y generar mayores empleos”, afirmó Julio Castilla, presidente de la Cámara de Comercio.
No al impuesto a las transacciones bancarias
De acuerdo con Anabelle Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos, el impuesto a las transacciones financieras causa preocupación y debe analizarse en conjunto con otras medidas tales como la ley de tasas de usura, los topes a las comisiones de los datafonos, emitidas recientemente y que afectan a los usuarios de los servicios bancarios y financieros.
“Todas estas medidas en conjunto pueden causar un retroceso de años de esfuerzos por impulsar la bancarización a nivel nacional, lo cual provocaría exclusión financiera, incremento en el uso de efectivo con los consecuentes riesgos de portar dinerario”, señaló Ortega.
Agregó que, adicionalmente, el impuesto a las transacciones financieras aumentaría la informalidad y en un plazo muy corto también podría afectar la base contributiva de otros tributos en el país.
Por su parte, Danilo Montero, director general de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), el tasar las transacciones bancarias es “un impuesto cruel para los consumidores”.
“Es un gravamen ingrato, que se suma a la serie de impuestos que ya de por sí tiene que pagar la ciudadanía. Y si los consumidores no lo consideran un impuesto justo, lo que harán es moverse al efectivo, a mantener bolsas de billetes para pagar en la pulpería, para enviar fondos a un familiar, o para pagar los servicios públicos. En el fondo, es un estímulo a la informalidad, que a su vez incide en la urgente generación de ingresos al Estado. Nada de esto favorece el bienestar de los consumidores”, concluyó Montero.
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