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La Cámara de Promotores de Eventos Masivos y Afines (CAPEMA) entregó el pasado viernes 14 a las autoridades del Ministerio de Cultura y Juventud una propuesta de apertura gradual de eventos, con el fin de reactivar en forma segura una de las industrias más castigadas por las restricciones sanitarias.
Dicha propuesta contempla un plan detallado que incluye una categorización de eventos a partir del aforo (cantidad de público) y las características generales de los lugares en los cuales se realizarán dichas actividades. A partir de esta definición se establece un grupo completo de requerimientos y condiciones que garantizarán un manejo seguro de la presencia de público.
“Estamos muy contentos de poder contribuir a la reactivación del sector con esta propuesta y estamos seguros que entre todos podemos hacer posible una apertura gradual y con condiciones sanitarias seguras», indica Manrique Mata, presidente de CAPEMA.
El Plan define fechas sugeridas de inicio de eventos a partir de octubre o noviembre de este año y la incorporación de eventos con aforos mayores en los primeros meses del próximo año. Así la propuesta plantea el siguiente calendario de reactivación:
“Estamos muy comprometidos con la salud de todos nuestros clientes y colaboradores, necesitamos reactivar poco a poco nuestro sector, que está muy golpeado económicamente», subraya Alex Cuadra, secretario de CAPEMA. En esa línea, la industria de entretenimiento es generadora de recursos para cerca de 2.200 familias, en su gran mayoría de recursos limitados y con poco acceso a programas de ayuda desde el sector gubernamental.
Solo en el 2019 generó ingresos por concepto de impuestos directos al Estado (según estudio económico independiente de la empresa Expande/Capital) por ₡ 3.800.000.000 (tres mil ochocientos millones de colones) y aportó a la CCSS 520.000.000 (quinientos veinte mil millones de colones (según el mismo estudio).
En forma paralela, CAPEMA trabaja junto al Gobierno y la Asamblea Legislativa en varios temas que ayudarán a la Industria, los que incluyen simplificación de trámites y el proyecto de Ley que permite condiciones temporales de mejora en el pago de impuestos, unos de los más altos para el sector en toda Latinoamérica.
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