En Costa Rica existen 1.950 vehículos con problemas en sus historiales

ALADDA

La necesidad de disminuir la contaminación ambiental, de mejorar la calidad de las unidades usadas importadas y  el incremento en la mortalidad de accidentes de tránsito en las carreteras, son parte de los señalamientos que los distintos integrantes de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA), recomiendan a los gobiernos como aspectos a revisar y mejorar en la importación de vehículos usados.

Por esta razón, representantes de las distintas asociaciones de vehículos nuevos de México, Centroamérica, Bolivia y Paraguay se reunieron en nuestro país, con el objetivo de crear un documento que permita instar a los gobiernos para que se establezcan mayores controles para el mejoramiento de la flota vehicular

Los datos más recientes de la Federación de Asociaciones de Distribuidores y Concesionarios de Vehículos de Centroamérica y el Caribe (FEDICAR) destacan que en el 2018 Guatemala se convirtió en el país que más importó vehículos usados, con un total de 123.033 vehículos, le sigue República Dominicana con un total de 78.255, Honduras con 47.523, Costa Rica con 19.125, Panamá con 5.872 y Nicaragua con 5.517.

Mientras que los datos más recientes de ALADDA en cuanto a la importación de vehículos nuevos, demuestran que durante el 2018  Panamá es el país que domina las estadísticas con un total de 50.874, Costa Rica con 41.748, Guatemala con 29.144, República Dominicana con 25.271, Honduras con 15.155 y Nicaragua con 7.205.

Lilliana Aguilar, Presidente de FEDICAR y Directora Ejecutiva de AIVEMA, comentó que el problema de importación de vehículos usados a nivel de la región es el mismo, hacen falta controles y regulaciones más fuertes y eficientes y que cada país trata de resolverlo a su manera y dependiendo de sus condiciones políticas.

“Lo que buscamos es una ruta a seguir en las mesas de trabajo.  Por nuestra parte, AIVEMA va a presentar varias propuestas de mejoramiento que se puedan compartir y haremos un llamado a las autoridades, a fin de tener una pronta solución a este tema” enfatizó Aguilar.

Según los últimos estudios de unidades inscritas de AIVEMA,  de enero a abril del 2019  en Costa Rica han ingresado, se inscribieron y están circulando cerca de 1.950 vehículos con sus títulos manchados, por problemas en sus  historiales.

Las organizaciones son claras en que los gobiernos tienen mucho por hacer en cuanto a mejorar los controles en la importación y comercialización de vehículos usados, en avanzar en cuanto a la calidad de los combustibles y la utilización de las plataformas tecnológicas.

Guillermo Prieto, Presidente de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA), hizo un llamado a los gobiernos, para tomar acciones que impidan dictar normas que vayan contra la lógica, la ciencia y la técnica.

“Es importante que los países nos unamos y podamos prohibir el ingreso de vehículos usados contaminantes e inseguros, tomando en cuenta que son causantes de más polución, siniestralidad y que generan mucha informalidad. Los latinoamericanos debemos de luchar contra el ingreso de vehículos usados, necesitamos sociedades más saludables, con parques vehiculares más seguros y un transporte más eficiente”, recalcó Prieto.

Durante el conversatorio, además de las estadísticas, se compartieron distintas posiciones sobre el futuro del sector automotriz, se expusieron las perspectivas del sector en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Bolivia y Paraguay, además de que se realizó una valoración sobre todo el mercado de vehículos en los distintos países.

A nivel de Latinoamérica, solamente Costa Rica y Paraguay son países que no cuentan con una normativa que restrinja la importación de vehículos usados, al menos por año de antigüedad.   

En Nicaragua por ejemplo, la importación de vehículos nuevos ha caído notoriamente debido a los problemas políticos que ha venido enfrentando este país, lo cual afecta sensiblemente  su economía y en el caso de Bolivia y Paraguay están en un proceso de demostración de los daños ambientales producidos ante  la importación masiva de unidades usadas, inseguras e ineficientes.  

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