Por: Jorge Benavides, economista
Costa Rica tiene tres meses para aprobar los proyectos negociados con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y así acceder a un préstamo por US$1.750 millones que permita brindarle un alivio fiscal al país.
Sin embargo, el tiempo se acorta. Las discusiones se alargan. Y la dinámica de un año preelectoral podría complicar aún más que Costa Rica cumpla su parte con el organismo internacional.
En un año que tendrá incluida la campaña electoral, los partidos cuentan con diputados que aspiran a ocupar cargos públicos. Esto lo que genera es que las decisiones que se tomen en los próximos meses sean calculadas y busquen ser populares. Algunas de las propuestas con el FMI, no lo son, lo que podría complicar la aprobación del préstamos.
Dentro de la lista de proyectos condicionados por el FMI se encuentra la Ley de Empleo Público. Este proyecto se discute actualmente en el Congreso. Sin embargo, ya las universidades exigieron ser excluidas y tras un debate se les dará un trato diferenciado.
Ya empezaron los sectores a cambiar el proyecto de Ley. La discusión puede ser muy larga y no llegar a concluirse lo pactado antes de junio. El panorama se ve muy turbio, está muy difícil.
Otros de los proyectos que están en la negociación abarcan un impuesto a los premios de la lotería. Así como una reforma a la Ley de Aduanas, renta global dual, reducción de plazas y congelamiento de pensiones. Así como un impuesto a las casas de lujo, entre otros.
Los temas que incluyen nuevos impuestos no son populares y podrían retrasarse. Esto tomando en cuenta que este año es clave para que los partidos políticos logren la aprobación de la ciudadanía de cara a las elecciones del 2022.
Es una posibilidad. Sin embargo, dependerá de la voluntad política y el liderazgo del gobierno para sacar adelante las iniciativas. Eso sí, el panorama es cero alentador en este momento.
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