Por: Jairo S. Mena Arce
Director Ejecutivo del Observatorio del Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio de Costa Rica.
Desde el Observatorio del Comercio Ilícito (OBCI) de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) hacemos un llamado a la buena fe y al compromiso de los diputados con salvaguardar el bienestar de Costa Rica, para que el proyecto 20.961 sea archivado de forma permanente.
No es justo que los costarricenses y los comercios sufran las consecuencias de un proyecto inconveniente, con un incorrecto análisis de costo-beneficio; donde el costo social de la política es evidente y cuantificable, mientras que el escaso beneficio será para muy pocos.
El expediente 20.961: “Ley contra la adulteración y el contrabando de bebidas con contenido alcohólico”, no solo afectará negativamente las finanzas públicas, sino también a los distribuidores de bebidas alcohólicas.
El costo de dicha implementación estaría a cargo del Ministerio de Hacienda, en un momento en que el país pasa por una situación fiscal muy compleja. El estampillado fiscal consiste en ponerle un dispositivo, etiqueta o sticker a cada unidad, que pruebe que ese producto cumplió con sus obligaciones fiscales y puede estar a la venta.
Pero contrario a lo que se piensa, esta tecnología no solo afectará el bolsillo de los costarricenses, sino que, aumentará el comercio ilícito en el país.
La economía nacional está dañada, no la dañemos más: ya se estima una caída económica de más del 5% PIB. Para la mitad del año más de 4.000 empresas murieron, 475 mil personas que tenían trabajo en el marzo pasado ya no lo tienen. Paralelamente, el mercado de bebidas con licor ha caído en un 30%, luego de las restricciones de operación por medidas sanitarias y por el aumento del comercio ilícito en este tema. Nuevos costos productivos solo vendrán a complicar más esta situación.
Ingresos familiares sumamente contraídos: los costarricenses han perdido su capacidad adquisitiva en los últimos meses, su ingreso disponible se redujo no sólo por los 485 mil empleos perdidos, también por las 63 mil suspensiones de contratos y las más de 140 mil reducciones de jornadas laborales. Si los precios de mercado aumentan por costos asociados en la implementación de este mecanismo propuesto, las personas empobrecidas se verán obligadas a buscar medidas alternativas en el comercio ilícito.
Fortalecimiento del comercio ilícito: el comercio ilícito en el país alcanzó un monto de 700 mil millones de colones para el 2019, lo que equivale al 2% del PIB y al 7% del consumo familiar. Adicionalmente, el consumo de bebidas alcohólicas ilícitas alcanzó el 16% del consumo total de estos productos en el país. Esto implica que el mercado ilegal de licores está más que consolidado en Costa Rica, y cualquier oportunidad de crecimiento sin duda será aprovechada por sus beneficiarios. Esta política va a retirar a empresas formales del mercado, creando más desempleo y aumentando la disponibilidad de demanda para el comercio ilegal.
Dispositivos de etiquetado fiscal ineficientes: la inefectividad de este tipo de dispositivos no solo ha quedado demostrada en naciones como Brasil, Ecuador y México; sino que a lo interno de nuestro país también demostró ser ineficaz, luego su implementación en el Depósito Libre de Golfito. Ningún etiquetado fiscal de este tipo es 100% infalible, y las redes criminales detrás del comercio ilícito tienen la capacidad técnica y financiera para combatirlo. Por otro lado, el estado no tiene ni el dinero ni el personal suficiente para controlar todos los puntos de venta del país.
Finanzas públicas muy delicadas: el gasto primario del estado equivale al 8,3% del Producto Interno Bruto del País (PIB) y el gasto por pago de intereses llega al 2,4%. Ambos gastos han provocado que el déficit fiscal alcance casi el 63% del PIB. Un aumento del comercio ilícito y una disminución del comercio legal generará menos transacciones formales y por ende menos recaudación fiscal.
Tanto en el OBCI como en la Cámara de Comercio de Costa Rica, comprendemos las nobles intenciones que existen detrás de esta propuesta, y las agradecemos profundamente. Pero lo que se formula en este expediente no solo incrementará el comercio ilícito en el país (opuesto a lo buscado), sino que también generará más cierres de negocios, reducirá aún más el ingreso disponible de las familias, y complicará la recuperación económica que anheladamente buscamos todos los costarricenses.
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