Por: Roger Granados Ugalde
Jefe del Departamento de Crédito, CONAPE
Reconocer que la educación es clave para acabar con la pobreza en todas sus formas y en todas las latitudes, es uno de los grandes retos de los países en todo el mundo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
De acuerdo con este organismo, la pobreza mundial podría reducirse a la mitad, si todos los adultos terminaran la educación secundaria, es decir, 420 millones de personas podrían salir de la pobreza, reduciendo el número total de personas pobres en más de un 50%.
Pero, lamentablemente y a pesar de los esfuerzos, altas tasas de baja escolaridad, persisten en el mundo, principalmente, en zonas de bajo desarrollo socio-económico, donde las necesidades son aún mayores.
Es claro, que la educación tiene repercusiones directas e indirectas en el crecimiento económico de un país y, frente al contexto actual, urge mayor apoyo y opciones de acompañamiento, para fomentar que indígenas y personas de escasos recursos, cuyos deseos de superación son enormes, puedan tener acceso a la educación.
Lamentablemente, los grupos indígenas de América Latina tienen tres veces más probabilidades de padecer pobreza extrema que otras comunidades, según lo reveló este año, un informe de la Organización Internacional del Trabajo.
Por esta razón, no podemos obviar que la educación proporciona habilidades para aumentar las oportunidades laborales y los ingresos.
Según la UNESCO “una expansión más equitativa de la educación reduciría la desigualdad y elevaría a los pobres del peldaño más bajo de la escala” y no hay duda de ello.
En línea con el llamado de la UNESCO y conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos en el proceso de formación técnica y profesional, abogamos constantemente porque la educación llegue a cada persona de nuestro país.
Tenemos claro, que muchos estudiantes de zonas indígenas o en condición de vulnerabilidad social, tienen grandes dificultades y necesidades para costear sus estudios de nivel técnico o superior y nos demanda mayores acciones.
Por ello, la Comisión Nacional de Préstamos para Educación, CONAPE, desde septiembre del año pasado tiene en funcionamiento, el Fondo de Avales CONAPE (FAC), cuyos recursos económicos van dirigidos al financiamiento de carreras de estudio en niveles técnicos, diplomados, bachilleratos y licenciaturas para estas poblaciones, mediante condiciones especiales para que personas de recursos limitados, puedan tener acceso a un préstamo educativo y logren alcanzar sus metas.
Desde entonces y hasta la fecha, dicho fondo ha otorgado poco más de ¢1.337 millones, a jóvenes de comunidades indígenas y personas de escasos recursos, provenientes, principalmente, de Golfito, Buenos Aires, Talamanca, Pérez Zeledón, Guatuso y Cartago.
Esto se traduce en nuevos profesionales y en menos personas en condición de pobreza. Se traduce en desarrollo, progreso y mayores oportunidades para conseguir un empleo de calidad, pues, de acuerdo con la Organización Mundial del Comercio, los pueblos indígenas, “tienen un 31,5% más de probabilidades de trabajar en la economía informal que los trabajadores no indígenas, lo que supone la mayor brecha de informalidad en todas las regiones”.
Con este fondo, CONAPE buscamos flexibilizar los requisitos y suprimir el aporte de la garantía del crédito, para que los estudiantes tengan mayores oportunidades de recibir el financiamiento y puedan cumplir su sueño de estudiar, porque, hoy más que nunca, urge combatir los flagelos que afectan a las personas de bajos recursos y sabemos que la educación es clave, en este contexto.
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