Por: Juan José Cheng.
Especialista en Derecho Público de Nassar Abogados.
Las empresas del país se enfrentarían a importantes desafíos ante la posible aprobación de Ley de Contratación Pública . Este proyecto se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa. La reforma aspira a cambiar el paradigma en materia de compras estatales.
Uno de los principales aspectos que modificaría el proyecto se refiere a las sanciones administrativas a los contratistas. En particular, en lo referente a entregas tardías, las cuales son muy comunes.
En ese sentido, las empresas deberían evaluar su capacidad logística para verificar que pueden cumplir a tiempo con las fechas de entrega. Esto debido a que a la fecha, este tipo de incumplimientos es sancionado con apercibimientos (amonestaciones). Sin embargo, de aprobarse esta ley, las entregas tardías serían sancionadas con inhabilitación para contratar con la administración. Esto por un lapso que va desde los seis meses y hasta dos años.
Como parte de la justificación del proyecto de ley, se menciona el hecho que, ante la complejidad de los procesos ordinarios de contratación, existe una tendencia a utilizar los procedimientos excepcionales (contrataciones directas). Por ello, el principal objetivo de la iniciativa legislativa consiste en restringir considerablemente el uso de procedimientos excepcionales. Y con esto promover que existan más concursos (licitaciones). Eso sí, con simplificación del trámite.
El proyecto también señala un cambio importante en materia de impugnaciones dentro del procedimiento de contratación administrativa. El proyecto plantea la aplicación de multas económicas en caso de que los recurrentes presenten objeciones al cartel o gestiones de apelación y revocatoria. Esto “si se determina que tales impugnaciones implican haber actuado con temeridad, mala fe o abuso de derechos procedimentales”.
El espíritu del proyecto es disminuir los atrasos en los procedimientos. No obstante, esto conllevaría a una grave limitación del derecho a recurrir decisiones administrativas que son desfavorables.
En la redacción actual del proyecto no se definen los parámetros para evaluar si un recurso es temerario, de mala fe o con abuso de los procedimientos. Esto deja abierta la posibilidad de que se apliquen arbitrariamente este tipo de multas.
El proyecto ya fue dictaminado en Comisión. Actualmente se encuentra en el orden del día del Plenario Legislativo para el trámite de primer debate. Esto es síntoma de que existe un interés político en llevar adelante el cambio. Pero su avance (al menos durante los próximos meses) dependerá de la convocatoria a sesiones extraordinarias del proyecto por parte del Poder Ejecutivo.
Generalmente se menciona que el tiempo que tardan los procesos de contratación representan un problema en los costos finales de un contrato. Especialmente en los de obra pública. Esto teniendo en cuenta que el costo de materiales y mano de obra, entre otros, suele cambiar en el tiempo.
En los casos en que se abren procesos de contratación que tardan varios años en ser adjudicados y con resolución en firme, los oferentes presentaron precios que se ven afectados por el tipo de cambio, el precio de los combustibles, mano de obra, entre otros. Eso al final termina encareciendo el precio final de la obra que se financia con fondos públicos.
Si se logra simplificar el procedimiento de contratación, y si la Administración Pública, en general, adoptara de forma integral la tramitación de compras públicas a través de un sistema unificado electrónico, se calcula que el país podría tener un ahorro importante de recursos.
En el 2020, la Contraloría General de la República emitió un estudio sobre el impacto en el uso del Sistema Electrónico de Compras Públicas (SICOP). Según se indicó en aquella oportunidad, se calculó el potencial de ahorro de hasta un 1,55% del PIB. Este porcentaje equivale a unos ¢514.000 millones.
Según datos de Radiográfica Costarricense (Racsa), actualmente hay poco más de 32.000 proveedores registrados. De estos, más de 24.000 corresponden a micros, pequeñas y medianas empresas. De igual modo, la Caja Costarricense del Seguro Social, una de las principales instituciones públicas con mayor volumen de compras estatales, aún se encuentra en proceso de instaurar SICOP como el medio único para la tramitación de estos procedimientos.
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