Por: Alonso Erak, director de Fiscalidad Internacional de Grant Thornton Costa Rica.
En febrero pasado, recibimos la sorprendente noticia acerca de la inclusión de Costa Rica en la lista de los países fiscalmente no cooperantes de la Unión Europea. Vale la pena comprender cómo llegamos hasta aquí. Pero, sobre todo, qué estamos proponiendo actualmente como país para salir de esta clasificación.
Para entender cómo hemos llegado a este punto, debemos tener claro el manoseo excesivo de nuestro principio fiscal de territorialidad. Costa Rica tiene un sistema tributario territorial. Por tanto, son gravadas con impuestos costarricenses solamente aquellas rentas obtenidas por bienes situados. Así como servicios brindados y capitales invertidos en nuestro territorio. Este concepto pareciera simple. Sin embargo, llevamos dos décadas que la Administración Tributaria en complicidad con los Tribunales de Justicia. Estos han ido extendiendo conceptos de gravamen más allá de nuestras fronteras. Terminologías como territorialidad ampliada, uso de estructura económica costarricense y hasta origen costarricense de los fondos para pagar facturas. Estos son algunos de los argumentos que se han esgrimido en fiscalizaciones y litigios, para pretender gravar rentas extraterritoriales, en especial aquellas derivadas de servicios y capitales.
La revisión realizada en 2021 por parte de la Unión Europea concluyó que el sistema fiscal costarricense no era transparente, ya que rentas que no están clasificadas como gravables en la Ley, terminaban siendo gravadas por los Tribunales de Justicia. Si bien es cierto, no es de interés de la Unión Europea que Costa Rica tenga un sistema de renta mundial, pero sí existe un interés en que al menos las rentas pasivas extraterritoriales sean gravadas. Ello de manera que dicho órgano solicitó la incorporación de normas al respecto en la ley tributaria costarricense y nosotros nos comprometimos a cumplir. Un año después incumplimos y fuimos incluidos en la lista.
Actualmente existen una serie de proyectos en la Asamblea Legislativa que pretenden cumplir con nuestro compromiso con la Unión Europea. Y así salir de esta incomoda lista. El Poder Ejecutivo ha convocado su proyecto de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Dicha reforma, al ser integral de todo el sistema tributario, difícilmente podrá ser analizada antes de los meses de setiembre y octubre. Estos son los meses en los cuales la Unión Europea volverá a evaluarnos. Y, por lo tanto, tiene pocas posibilidades de implementarse. Siendo así, nos quedan dos proyectos que son muy similares en esencia y que una vez aprobados podrían implementarse de inmediato.
Ambos proyectos incorporan dos aspectos que son esenciales para la transparencia interna de nuestro sistema tributario. Así como para nuestra relación futura con la Unión Europea.
El primero corresponde, de una vez por todas, a la demarcación geográfica del concepto de territorialidad. De forma que quede absolutamente claro que solamente los hechos generadores ocurridos dentro del espacio geográfico costarricense son gravados con impuestos. El segundo, a manera de excepción, el gravamen de rentas pasivas extraterritoriales (dividendos, intereses, regalías y ganancias de capital) que obtengan entidades localizada en Costa Rica, miembros de un grupo multinacional, cuando dichas entidades carezcan de sustancia en nuestro país.
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