Por: Jorge Serendero, representante de For the Oceans Foundation.
El miércoles 30 de noviembre, el gobierno informó sobre una reforma al reglamento de asignación de cuota de atún. Lo anunció como una buena noticia. Como algo que generará recursos que serán destinados a financiar el desarrollo de investigación, acompañamiento técnico y fortalecimiento del sector pesquero y acuícola nacional, porque propiciará la llegada de nuevas industrias que generen más empleos en nuestras zonas costeras.
Pero, lamentablemente, esta noticia populista esconde otra realidad. Esta nueva cuota de asignación de atún dará pie a que se incremente la pesca ilegal. Esto al abrir un portillo importante en la legislación y dar una nueva oportunidad e impulso a la pesca de arrastre. Ello pese a no existir estudios serios avalados por la ciencia y la técnica de la Academia. En esta materia es gravísimo improvisar, o basarse en supuestos. Veamos que la misma FAO sigue impulsando la pesca de arrastre con redes supuestamente apropiadas, que excluyen especies como tortugas y tiburones. Y lo terriblemente peligroso es que nadie, pero nadie, ha comprobado que eso funcione.
Entonces, aprendamos a leer entre líneas. Lo cierto es que esto representa un serio problema para Costa Rica. En el 2017 se traspasó la Autoridad Científica de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) al Incopesca. Somos el único país de las Américas que tiene a los actores de la industria pesquera regulando la pesca. Y debemos comprender lo que significa en la realidad que una institución que está muy lejos de velar por la conservación de la vida marina funja como representante y autoridad científica en CITES por Costa Rica.
Como se dice popularmente, este empoderamiento del Incopesca es poner al lobo a cuidar las ovejas. Yo, en persona, estuve sentado en una mesa de negociación a solicitud del Ministro de Ambiente de la administración pasada, Carlos Manuel Rodríguez. Fui testigo de las amenazas que recibió de parte de estos personeros del sector pesquero industrial, no del sector pesquero artesanal. Sus intereses son contrarios a la conservación del recurso pesquero. Y a nadie puede extrañarle que vayan a estar detrás de la asignación de las nuevas cuotas de atún.
¿Cuál es la preocupación? Para que la opinión pública lo entienda, esto en realidad no es más que un espacio que se abre a las flotas atuneras extranjeras. Esto para que puedan simular que están pescando en beneficio de la economía nacional. Y, en realidad, al tener carta libre y poder llenar sus bodegas sin límite alguno. Lo que estamos alimentando es la sobrepesca indiscriminada. Tengamos en cuenta que la pesca de cerco que practican esas flotas es devastadora. Ya que no excluye delfines ni tiburones. Esto es lo que van a intentar ocultar las empresas certificadoras que han sido internacionalmente cuestionadas.
La gran pregunta que queda en el aire es: ¿esto será solo una consecuencia de la ingenuidad de ciertas decisiones? O, en verdad, es el resultado de la estrategia de los intereses codiciosos, que solo están interesados en el beneficio económico sin preocuparse en lo más mínimo por la preservación de los recursos naturales del país. Así como del daño social de agudizar la miseria de las comunidades pesqueras nacionales.
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