Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de la obligación que tienen las empresas de suministrar la composición de su capital social, así como la identificación de los beneficiarios finales, según lo dispuesto en la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, y en atención a la solicitud de muchas de ellas, el Ministerio de Hacienda y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) establecieron setiembre como mes de inicio para que las personas jurídicas remitan al Banco Central de Costa Rica (BCCR) los registros solicitados.
Así los comunicaron representantes de las tres entidades y la Unión de Cámaras (UCCAEP), quienes aseguraron que contar con esta información es fundamental para que Costa Rica evite el riesgo de ser incluida en una lista de países no cooperantes.
“Durante más de 10 años el país se ha comprometido a cumplir con estándares de transparencia fiscal y el poder avanzar en la creación del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, en las condiciones que lo exige la legislación vigente, constituye un paso significativo en este proceso”, expuso Carlos Vargas, director general de Tributación.
Tanto Vargas, como Eduardo Prado, gerente del BCCR y Guillermo Araya, director general del Instituto Costarricense sobre Drogas, confirmaron que en este momento se cuenta con los procesos, equipos técnicos y con la plataforma tecnológica necesarios para recibir la información.
Sin embargo, atendiendo las preocupaciones de los representantes del sector empresarial, han decidido valorar con atención todos los factores que intervienen en el proceso, entre ellos, la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y los requerimientos que los contribuyentes deben cumplir para suministrar la información que estará contenida en este Registro.
“Dada la importancia del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales para Costa Rica, debemos concentrar los esfuerzos en lograr una buena implementación, lo que demuestra un compromiso efectivo de todos los sectores del país, hacia la trasparencia y el cumplimiento de los estándares internacionales en un momento donde el crimen organizado azota nuestra sociedad, con muertes, narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos que debilitan el Estado democrático de nuestro país, y en un momento de reactivación económica, cuando debemos aseguramos que las empresas que vengan a invertir vean una oportunidad de sana competencia y no de poner en riesgo su imagen corporativa”, expuso Guillermo Araya, director del ICD.
Por su parte, Gonzalo Delgado, presidente de UCCAEP, informó que estarán en la mesa de fiscalización para llevar adelante todo este proceso, porque “para la Unión de Cámaras, como representantes del sector formal privado, el respeto al principio de legalidad, pero sobre todo al de la seguridad jurídica, es imprescindible en aras de asegurar que la información tan sensible que deberán entregar los empresarios esté absolutamente resguardada y solo sea accedida por quienes la ley claramente definió.
También se acordó llevar adelante un proceso de información y concientización hacia los representantes legales de las empresas, para que realicen con antelación las gestiones necesarias con el fin de obtener su tarjeta de firma digital, condición necesaria para interactuar con este Registro de Accionistas del BCCR.
“Para contar con una tarjeta de firma digital los interesados deberán concertar una cita en cualquiera de las oficinas que emiten estos certificados, autorizadas por el Banco Central de Costa Rica. La información sobre el costo, horarios de atención, ubicación geográfica y números de teléfono están disponibles en el apartado de Servicios, Firma Digital, de la página web del Banco Central, (https://www.bccr.fi.cr/seccion-firma-digital/firma-digital/oficinas-de-registro)”, informó Eduardo Prado, gerente del BCCR.
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