Las empresas cada día más se vuelvan a operar y producir de la mano del cuidado al medio ambiente. Sin embargo, en muchas ocasiones estas no conocen a cabalidad las obligaciones legales que tienen en temas ambientales.
Es por esto que, de acuerdo con expertos, las empresas deben establecer cuáles son sus acciones, no solo para reducir su huella de carbono. Sino para ser más eficientes y amigables con el ambiente. Esto de la mano del cumplimiento del marco legal que las rige.
Esteban Paniagua, especialista en Derecho Ambiental de Nassar Abogados, explicó que las obligaciones se pueden establecer en grandes grupos de normas. Esto de acuerdo con los recursos que protegen. Tales como aguas, suelo, recursos forestales, emisiones atmosféricas, pesca y mares, vida silvestre y biodiversidad, entre otros.
La base de la legislación ambiental de Costa Rica es la Constitución Política de 1949. Esta garantiza el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El cual ha sido desarrollado a través de una vasta legislación, afirmó el abogado.
Entre ellas destacan la Ley Orgánica del Ambiente de 1995. También existen normas como, La Ley de Biodiversidad. También está la Ley General de Salud de 1973.
Adicionalmente, desde el 2010 rige la Ley Para la Gestión Integral de Residuos, esta es la legislación principal que guía las directrices para el manejo de residuos y es complementada por una serie de Reglamentos.
Paniagua agregó que nuestro país también ha promulgado reglamentos en materia de planificación urbana. Así como de uso del suelo, gestión de residuos, gestión del agua, contaminación del aire. También de evaluaciones del impacto ambiental, tratamiento de aguas residuales industriales y almacenamiento de combustible.
«Es fundamental llevar a cabo un análisis o mapeo del marco regulatorio aplicable y las obligaciones a determinada actividad. Identificando tanto los requerimientos previos, como de cumplimiento operacional de las obligaciones. Esto de modo que se anticipen las contingencias de forma preventiva. Y no cuando ya se ha producido un incumplimiento», detalló Paniagua.
Además, las organizaciones deben tener en mira las políticas públicas. Como el Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050. Esta establece las acciones estratégicas nacionales para alcanzar una economía descarbonizada en el 2050. Y lograr la meta climática global que se estableció en el Acuerdo de París.
«El reto es mantener una tendencia hacia la disminución en el consumo energético. Y de menor generación de residuos. Esto implica, para las empresas, lograr convertir los cambios en valor agregado para sus productos», concluyó Paniagua.
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