Recientemente, se realizó en San José, el IV Congreso de Seguridad de Mercancías en la Cadena Logística, en encuentro en el que participaron expertos nacionales e internacionales, para abordar las principales problemáticas que aquejan al sector importador y exportador de Costa Rica.
Este congreso tuvo como objetivo, buscar la implementación de mejores prácticas de seguridad en la cadena logística, a través de normas internacionales; realizar un análisis sobre la judicialización en los casos de robo de contenedores e instar a las autoridades costarricenses a tomar soluciones, a corto plazo, que permitan contrarrestar los problemas que enfrenta el sector comercial.
De esta manera, la cita que contó con la participación de autoridades nacionales, permitió importantes avances en esta materia. Es así como el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio de Seguridad Pública, se comprometieron a nutrir las ya establecidas mesas de trabajo, creadas para buscar una solución al delito del robo de contenedores.
Se trata de una comisión multisectorial, que fue creada por el, entonces, Ministro de Seguridad, Gustavo Mata, y está integrada por representantes del Ministerio de Salud, Policía de Control Fiscal, OIJ, Ministerio de Seguridad, Fiscalía, Policía de Control de Drogas, y representantes de Cámaras Empresariales relacionadas con la importación y exportación.
El Congreso de Seguridad es organizado, cada año, por la Cámara Nacional de Transportistas de Carga (CANATRAC), la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO), la Cámara Costarricense de Navieros (NAVE) y la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad (ACES).
“El robo de contenedores, es un delito que durante muchos años ha venido afectando a nuestro sector, por ello, en este congreso hicimos un nuevo llamado a las autoridades, porque es sumamente preocupante que, durante los últimos cinco años, se han denunciado más de 500 casos y no hay ni una sola sentencia”, señala Francisco Quirós, director ejecutivo de CANATRAC.
El llamado de estas cuatro cámaras del sector comercial, fue escuchado y ahora, la implementación de acciones más contundentes parece estar más cerca.
“Nos llena de optimismo, saber que recibimos un espaldarazo por parte de las autoridades. La comisión que conformamos años atrás, ha venido trabajando en el problema y se han logrado importantes avances, sin embargo, se requieren mayores esfuerzos, los cuales, expusimos en el Congreso, para hacer más conciencia sobre la importancia de fortalecer las acciones y hacerle frente al crimen organizado”, explica César Tapia, director ejecutivo de ACES.
Durante este año y en promedio, cada mes se roban 13 contenedores. Anualmente, el monto de los robos ronda los 24.000 millones de colones, de acuerdo con estadísticas del sector alimentario.
El Congreso de Seguridad permitió analizar, de forma detallada, la alarmante situación de robo de contenedores y la contaminación de carga que enfrenta nuestro país.
“Precisamente, es en este segundo punto que se requieren acciones urgentes, como la puesta en marcha del proyecto de revisión no intrusiva (escáner), el cual, se ha venido solicitando por parte del sector productivo para evitar que la imagen del país siga cayendo a nivel internacional, debido a las constantes incautaciones de droga en el extranjero”, señala Laura Bonilla, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica.
Este tema, afecta directamente al sector agro-exportador y, en definitiva, daña al sector productivo y provoca pérdida de competitividad. De esta manera, “se requiere, enérgicamente, que las autoridades involucradas en este proyecto establezcan fechas concretas para que los escáneres sean una realidad, al corto plazo”, enfatiza Bonilla.
Asimismo, en el Congreso se abordó el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio y su impacto en las empresas importadoras y exportadoras.
Para las cuatro cámaras organizadoras, urge mayor acción de las autoridades de la Fiscalía General de la República, ante los flagelos relacionados con la contaminación de la carga y el robo de contenedores, este último es un delito que ha puesto en evidencia serias debilidades de nuestro sistema judicial.
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