Este fue el desempeño del comercio exterior del país en II Trimestre del 2026
La inteligencia artificial (IA) se perfila como el principal desafío para la función de Auditoría Interna en los próximos años. Así lo consideran el 67% de empresas en Centroamérica.
Este dato lo concluyó el Estudio integral de Auditoría Interna 2026 de KPMG. Allí agrega que, en Centroamérica, la estructura de los equipos de Auditoría Interna continúa mostrando diferencias significativas según el tamaño de la compañía.
Esto porque, mientras las empresas medianas y grandes cuentan con áreas más robustas y especializadas, las de menor escala operan con recursos limitados, lo que restringe su capacidad para ampliar la cobertura de riesgos y desarrollar conocimientos técnicos específicos.
Además, entre las organizaciones con ingresos inferiores a US$100 millones anuales, 27% cuenta con un solo auditor interno y 19% con dos integrantes en la función. En contraste, 24% de las compañías con ingresos entre US$100 y 1,500 millones disponen de equipos de al menos 15 auditores internos. Esta proporción aumenta a 50% entre las organizaciones con ingresos superiores a US$1,500 millones.
Adicionalmente, las brechas de especialización también son más evidentes en las organizaciones de menor tamaño. En este sentido, el 81% carece de especialistas en temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG); 79%, en auditoría forense, y 58%, en tecnologías de la información. En las empresas medianas y grandes, poco más de la mitad reportan ausencia de especialistas en materia ASG y auditoría forense.
El documento añade que, en términos de gobierno corporativo, la mayoría de las áreas de Auditoría Interna reportan al Comité de Auditoría (47% en Centroamérica); no obstante, una proporción relevante aún depende de instancias ejecutivas, como la Dirección General (13%) o la Dirección de Finanzas (4%).
Respecto al aseguramiento de la calidad, el 52% de las organizaciones en Centroamérica no realizan evaluaciones externas de su función de Auditoría Interna; además, únicamente el 25% las lleva a cabo de manera frecuente (cada cuatro o cinco años).
De acuerdo con el estudio, estas revisiones permiten fortalecer la alineación con estándares internacionales, identificar oportunidades de mejora y reforzar la credibilidad de la función; por el contrario, su ausencia puede incrementar riesgos relacionados con el cumplimiento, la metodología y la adopción de mejores prácticas.
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