La tasa de homicidios está aumentando en los cantones más pobres del país. Así lo señaló un análisis de la evolución de la tasa de homicidios en el país en los últimos diez años, relacionado con el desarrollo humano cantonal, realizado por el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica.
Además, estos cantones, añaden los economistas, tienen la particularidad de que tienen escasas oportunidades de empleo.
El estudio señala que, durante el 2022, Costa Rica presentó una tasa de homicidios superior a la reportada por las autoridades de El Salvador. Esto mientras que 6 cantones superaron la cifra nacional de Honduras.
Estas localidades son Puntarenas, Guácimo, Garabito, Matina, Limón y Turrubares.
“Los resultados nos demuestran el impacto que puede llegar a tener la pobreza en nuestra sociedad. Lejos de señalar a estos cantones, debemos entender que las malas condiciones de vida a la que se enfrentan sus habitantes permiten la entrada del narcotráfico y del crimen organizado. Lo cual conduce eventualmente a la violencia. Estos cantones necesitan políticas robustas de educación, generación de empleo y asistencia social”, explicó Ennio Rodríguez, presidente del Colegio.
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Rodríguez añadió que, de acuerdo con datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en Costa Rica ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años. En el 2014 fue 9,82 y en el 2015 dio un salto a 11,59. Desde el 2015 la tasa de homicidios se ha mantenido por encima de 11. Desde el 2019 ha crecido en forma consecutiva. En el 2022 se alcanzó un máximo de 12,56.
Añadió que, durante los primeros 29 días del 2023, la cantidad de homicidios fue superior al promedio de la última década y del valor observado en 2022. Al 29 de enero se registran 62 homicidios. Valor que es 17% superior al observado en estos mismos 29 días del año pasado.
“Acorde con la evidencia para Costa Rica y otros países del mundo, la criminalidad se alimenta del bajo nivel de desarrollo humano con el que cuentan ciertos territorios y grupos de población. Por lo tanto, debe hacerse un llamado y sumar esfuerzos para el desarrollo de una estrategia integral. La cual incluya una combinación de toda la prevención que sea posible y la sanción que sea necesaria. Pero la sostenibilidad de largo plazo de una estrategia de seguridad ciudadana deberá centrarse en la prevención social mediante políticas de inclusión económica y social con énfasis en las poblaciones vulnerables asentadas en programas de reactivación económica con un enfoque territorial”, concluyó Rodríguez.
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