Sin aprobación de Eurobonos economía y sistema financiero nacional se verían perjudicados

El Banco Nacional de Costa Rica (BN), el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), y el Instituto Nacional de Seguros (INS), manifiestan ante los distintos actores de la sociedad y la opinión pública del país, la urgencia de encontrar las mejores alternativas para solventar la crítica situación de las finanzas públicas.

En ese marco, las máximas autoridades de estas instituciones, representadas por el Sr. Gustavo Vargas, Gerente General del BN; Sr. Douglas Soto, Gerente General del BCR, Sra.  Magdalena Rojas, Gerente General del BPDC; y el Sr. Elian Villegas, Presidente Ejecutivo del INS, coinciden en señalar que, de seguir Costa Rica en este impasse, sin aprobar la legislación conducente para obtener financiamiento en el mercado internacional, habría consecuencias lamentables que impactarían directamente en la competitividad de la economía, generando además un duro golpe  a la propia economía de las familias costarricenses.

Las exigencias que la difícil situación de riesgo país plantea a la sociedad en su conjunto, así como la necesidad de sacar adelante las tareas urgentes en materia de reactivación, crecimiento y desarrollo, llevan a considerar los beneficios para el sistema financiero y para Costa Rica, de que el  gobierno se financie en el exterior. Esta solución se encuentra en el proyecto legislativo 21.201: “Autorización de Emisión de Títulos  Valores en el Mercado Internacional y Contratación de Líneas de Crédito”, conocido como Eurobonos, que se debate actualmente en la Asamblea Legislativa.  

En este sentido, es importante que la ciudadanía conozca ejemplos concretos del impacto negativo, que podría ocasionar la no aprobación del financiamiento en el mercado internacional:

• Subirían las tasas. Al buscar financiamiento en el mercado interno se provocarán incrementos en la tasa de interés. Las nuevas emisiones (que equivalgan a un 1% del saldo en circulación de Hacienda), presionarán en 30 p.b. las tasas que se ofrecen. El gobierno tendría que buscar los US$1.500 millones en el mercado interno y esto aumentaría las tasas de interés hasta de 2.35 p.p. Esto, por un lado desestimularía la inversión privada, y a la vez, aumentaría el costo del crédito para las familias y personas trabajadoras, con impacto directo en sus presupuestos.
• Se presionaría la liquidez. Menor crédito al sector privado y menos captaciones, reducción de las posibilidades de consumo e inversión de las empresas y las  personas, y un deterioro de indicadores normativos (calce de plazos, liquidez, crecimiento de cartera, margen financiero, y cantidad de crédito en mora). Habría menor crecimiento de liquidez, como producto de la ralentización de la actividad económica. Además, menos recursos disponibles para créditos (un aproximado a 1.820 créditos menos para microempresarios).
• Reducción del crédito al sector privado. Habría ¢148 mil millones menos de colocación de créditos solo en el 2019. Habría menor crecimiento económico: contracción del consumo de las personas y de inversiones en el sector privado.
• Mayor desempleo y pobreza. El menor crecimiento como producto de un escenario de tasas de interés más altas y de un menor crédito al sector privado, desaceleraría la inversión privada, con el  resultado lógico de un mayor desempleo y un aumento en la pobreza. Se estima que bajaría la tasa de ocupación y 14.150 personas menos obtendrían trabajo.
• Impacto negativo sobre expectativas.  Más presiones en el mercado cambiario y sobre las reservas internacionales. Dolarización de la riqueza interna.
• Deterioro de la calidad de la cartera de los bancos. Indicador de mora sería mayor a 90 días, aumentaría en 1,27 p.p.; aproximadamente habría ¢259 mil millones más de créditos con atrasos mayores a 90 días. Más de 8.500 créditos en situación de impago (crédito promedio de ¢30 millones).
• Disminución de la actividad aseguradora. La colocación de pólizas en el mercado de los seguros claramente está íntimamente ligada a la situación económica, un contexto de menor actividad económica plantea una reducción en el primaje. En el caso del INS, esto podría afectar la retribución social que hace al Gobierno y al país.

Por lo contrario, resulta responsable y pertinente informar que la opción de los Eurobonos ofrece una oportunidad a la sociedad costarricense de evitar un incremento sobre las tasas de interés locales y las tasas que determinan el precio sobre la oferta y demanda de los dólares que se transan dentro del país. Este proyecto ofrece al Ministerio de Hacienda nuevos mecanismos de fondeo para financiarse en el extranjero.

Además, su aprobación traería consigo beneficios para  los deudores que tienen sus créditos a tasas flotantes en moneda local, generando menos volatilidad a la Tasa Básica Pasiva, que es referente para los créditos en colones. A su vez, menores tasas de interés en todos los plazos, permitirán que proyectos privados sean más rentables y se propiciaría un entorno macroeconómico favorable para la reactivación, logrando que el desempleo y la pobreza no sigan en aumento.

Cabe destacar también que una de las innovaciones financieras que incluye el proyecto, es la alternativa de contratar líneas de crédito con el extranjero que, en casos extraordinarios de escasa liquidez local y dificultades temporales en el flujo de caja estatal, representa un salvataje imprescindible para evitar perturbaciones en el mercado cambiario. Se evitaría la afectación a los agentes económicos, ya que la mora de los créditos emitidos en dólares para los no generadores, podría incrementarse, deteriorando las carteras crediticias de la industria.

Esta iniciativa de ley permitirá finalmente aumentar la oferta de títulos valores dentro del mercado local y en el extranjero. Con esto se canaliza el ahorro local en dólares, ya que los anteriores Eurobonos, al ir venciendo buscarán otros activos que en ausencia de este proyecto de Ley, presionarán los precios al alza de los títulos vigentes o bien serán canalizados en los títulos emitidos por el Gobierno en su  portafolio de deuda interna.

En síntesis, a las cuatro instituciones estatales aquí representadas, líderes del sector bancario y de seguros costarricense, con responsabilidad nos une un genuino interés por el estado actual de las finanzas públicas y que repercute en el presente y futuro de todos los trabajadores y sus familias.

Frente a esta realidad, elevamos la más respetuosa instancia ante las señoras y señores diputados, para que se logren avances concretos y en corto plazo en la tramitación del Expediente de Eurobonos, iniciativa que será un aporte fundamental para avanzar a paso firme por la senda en la  que coincidimos la mayoría de los ciudadanos, preocupados y ocupados por el definitivo saneamiento de las finanzas públicas, la reactivación de la economía y el crecimiento de Costa Rica.