Más de 150 mil familias corren el riesgo de no percibir ingresos a final de mes, señala Cámara de Comercio

Cámara de Comercio de Costa Rica

El anuncio del día de ayer donde el Ministro de Salud, Daniel Salas, comunicó que continuamos con la restricción de operación en las zonas denominadas como naranja, representa una realidad donde más de 150 mil familias costarricenses se quedarán sin percibir ingresos a final de mes.

Desde la Cámara de Comercio de Costa Rica entendemos y hemos sido propositivos y solidarios con los temas de salud de las personas y con seguir cumpliendo con los protocolos de las autoridades para mitigar la propagación masiva del COVID-19 y evitar más muertes jurídicas y desempleo; sin embargo, este anuncio de ayer nos hace reaccionar y evidenciar que esta situación no es sostenible desde el punto de vista
económico.

Preguntamos al gobierno: ¿Cómo esperan que las empresas formales no amparadas a algún régimen especial, permanezcan?

El sector comercial inició el año con 356.913 empleos. Al día de hoy se han perdido 35.544 puestos de trabajo, se han suspendido 32.331 plazas y se ha reducido 66.919 jornadas. En total se han visto afectados más de 137.794 trabajadores del sector, lo cual equivale al 39% del empleo total.

Esta situación evidencia el grave impacto social que causan las medidas de cierre del comercio, lo que a su vez implica un fuerte golpe en uno de los principales motores de la economía nacional.

Desde la Cámara de Comercio hemos hecho hasta lo imposible por no comprometer el trabajo de las 219.119 personas que aún conservan su ingreso intacto en el sector comercial, siempre buscando el bienestar de las familias costarricenses. Sin embargo; la medida anunciada esta tarde implica un periodo de 11 días en que la gran parte del comercio mantendrá las puertas cerradas hasta el 31 de julio. Esto obligaría a cierres de empresas, despidos o suspensión de contratos laborales y el acuerdo original con el gobierno era llegar a una trazabilidad a 9 días de cierre. La decisión de hoy representa un incumplimiento de un acuerdo tomado entre sector público y privado.

Considerando que al menos el 70% de los trabajadores del sector comercial se dedica a la atención al cliente, mantener las puertas cerradas implica que más de 150 mil familias corran el riesgo de no recibir ingresos en las próximas dos semanas.

Por lo anteriormente expuesto, reiteramos un vehemente llamado a permitir apertura de tiendas, restaurantes y comercios que han aplicado las recomendaciones sanitarias, bajo la premisa que los contagios no están ahí.

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