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El Gobierno emitió un nuevo decreto con directrices que buscan reducir el gasto público en los próximos 5 año, según anunció el MInisterio de Hacienda mediante un comunicado.
El Decreto 42798-H limita el crecimiento de las transferencias corrientes y reduce la ejecución anual de las partidas de adquisición de bienes y servicios, servicios especiales, suplencias y remuneraciones eventuales. Esto para todos los órganos del Gobierno de la República incluidos en las Leyes de Presupuesto Ordinario y Extraordinario, del 2021 al 2025.
El decreto fue firmado por Carlos Alvarado, presidente de la República, y Elian Villegas, ministro de Hacienda. La medida empezará a regir una vez sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
Además, el Gobierno presentó esta tarde el Proyecto de ley No. 22.368, Reducción del gasto público mediante la eliminación de plazas vacantes y congelamiento de aumento de pensiones con cargo al presupuesto nacional.
A partir de este año la partida para adquisición de bienes y servicios iniciará una reducción de 7,5% cada año con respecto al anterior, hasta alcanzar en el 2025 un límite superior de 67,7% de lo ejecutado durante el 2020. En el caso de servicios especiales, suplencias y remuneraciones eventuales la reducción será de 8,5% hasta llegar en el 2025 a un límite superior de 64,1% de lo ejecutado en el 2020.
Además, el decreto limita el crecimiento de la partida de transferencias corrientes a un 0,5% cada año con respecto al anterior. Ante esto, el monto máximo ejecutable en el 2025 no podrá superar en más de 2,53% de lo girado en el 2020.
El decreto excluye a la Asamblea Legislativa, al Poder Judicial y al Tribunal Supremo de Elecciones. Sin embargo, insta al resto de poderes de la República a aplicar las medidas de contención de gasto descritas.
A partir del 2021 y hasta el 2025 no se podrá utilizar ninguna plaza vacante en los ministerios, sus órganos desconcentrados, dependencias adscritas y demás órganos del Poder Ejecutivo. Los recursos liberados del presupuesto deberán ser rebajados a su vez de la amortización del Servicio de la Deuda Pública, dando prioridad a aquella de más alto costo.
El proyecto establece una serie de excepciones. Entre estas destacan el 100% de las plazas policiales de los cuerpos de Policía cobijados por la Ley 7410 y de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Además del 5% de las plazas destinadas a personas con discapacidad, 20% de las plazas del MEP, 50% de plazas en el Ministerio de Salud, 40% a guardaparques, entre otras.
Asimismo, el Proyecto de ley No. 22.368 reforma el inciso a) del artículo 13 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para que no aumenten las pensiones superiores al salario base de un oficinista 1 del Poder Judicial (₡450.200) con cargo al presupuesto nacional, para que se lea:
Esto no afectaría a las pensiones del IVM de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y se mantendría mientras la deuda pública no sea inferior al 60% del PIB.
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