Al menos 77 millones de personas que viven en territorios rurales de América Latina y el Caribe carecen de conectividad con estándares mínimos de calidad, mostró la investigación “Conectividad Rural en América Latina y el Caribe – Un puente al desarrollo sostenible en tiempos de pandemia”, presentada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Microsoft.
El estudio, que concentró su trabajo en 24 países latinoamericanos y caribeños, ofrece un completo panorama sobre la situación de la conectividad rural en la región, revela que un 71% de la población urbana de América Latina y el Caribe cuenta con opciones de conectividad, ante menos de un 37% en la ruralidad, una brecha de 34 puntos porcentuales que mina un inmenso potencial social, económico y productivo.
En total, un 32% de la población de América Latina y el Caribe, o 244 millones de personas, no accede a servicios de internet.
La brecha en materia de conectividad es más acentuada si se distingue entre población urbana y rural, llegando en algunos casos a una diferencia de 40 puntos porcentuales. Del total de personas sin acceso a internet en la región, 46 millones viven en territorios rurales.
La investigación constató grandes limitaciones en los datos estadísticos oficiales disponibles, lo que impide mostrar con mayor precisión el estado real de la situación de conectividad en los territorios rurales de las Américas: sólo el 50% de los países de la región cuenta con mediciones específicas sobre conectividad en el ámbito rural.
Para paliar esas lagunas, el IICA, el BID y Microsoft desarrollaron un índice para medir la calidad de la conectividad rural.
Así, en el marco del trabajo, fue confeccionado el Índice de Conectividad Significativa rural (ICSr) y el Índice de Conectividad Significativa urbana (ICSu), permitiendo medir la calidad de conexión a partir de la información disponible en las estadísticas oficiales y en base a otros índices existentes, entre ellos el de Banda Ancha, del BID; el de Conectividad Móvil, Group Special Mobile, GSMA Association (GSMA); y el de Conectividad General, usado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU por su sigla en inglés).
La estimación realizada permitió caracterizar la situación de la región mediante tres clústeres de 24 países, en los que todos exhiben rezagos de conectividad, presentes en las áreas rurales desde hace décadas:
Incluye a Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Panamá, que representan a 37% de la población rural de la muestra.
En ellos, entre el 53% y el 63% de unos 43 millones de personas no accede a servicios de conectividad significativa.
Incluye a Argentina, Ecuador, México, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay, que representan a un 35% de la población rural de la muestra.
En ellos, entre el 64% y el 71% de unos 40,4 millones de personas no accede a servicios de conectividad de calidad.
Incluye a Belice, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Perú y Venezuela, que representan a un 28 % de la población rural de la muestra.
En ellos, entre el 71% y el 89% de unos 32,5 millones de personas no accede a servicios de conectividad de calidad.
El estudio comprobó que apenas siete países en la región disponen de información aún más completa y específica que permite acceder a datos sobre los pilares de la conectividad significativa rural: uso diario de internet, disponibilidad de equipos, acceso a banda ancha y tecnología 4G en las áreas rurales.
Para ellos, la investigación reveló que los rezagos más importantes en materia de conectividad se dan debido a la baja frecuencia de internet, con un promedio de solo 10% de la población rural (o 21% si se excluye a Brasil) que utiliza diariamente la red mundial de computadores. Le sigue en importancia la escasa disponibilidad de banda ancha, con un promedio de 16,6% de la población rural que accede a este servicio.
El uso de equipos (principalmente de teléfonos inteligentes) y el acceso a tecnologías 4G muestran índices más favorables, con niveles promedio de penetración en las poblaciones rurales de 71% y 37%, respectivamente (48% y 15% si se excluye a Brasil del promedio).
“Nos trazamos un objetivo ambicioso: reposicionar a los territorios rurales como zonas con alto potencial de progreso y de prosperidad, algo que demanda sólidos encadenamientos productivos anclados en el acceso a servicios, tecnologías y conectividad en niveles adecuados. Como institución clave del sector agropecuario, el IICA y sus socios se movilizan para sumarse a los esfuerzos de los países y del sector privado. Tenemos como meta atenuar radicalmente las brechas que traban el desarrollo. La brecha de la conectividad rural-urbana es una de las que más atención exige”, dijo Manuel Otero, Director General del IICA.
“La falta de conectividad no solo impone una barrera tecnológica. Constituye también una barrera en el acceso a la salud, a la educación, a servicios sociales, al trabajo y a la economía en general. Si no la cerramos, esa barrera cada vez será más alta y tornará aún más desigual a la región que ya es la más desigual del mundo”, señaló por su parte Marcelo Cabrol, Gerente del Área Social del BID.
En tanto, Luciano Braverman, Director de Educación de Microsoft Latinoamérica, indicó: “Desde Microsoft sabemos que una población conectada tiene muchas oportunidades para trabajar y generar ingresos, acceder a conocimientos e información que alimenten ese trabajo, a servicios de salud por telemedicina y a contenidos de educación en línea. Es especialmente importante subrayar el impacto positivo y de gran magnitud social y productiva que tendría una conectividad plena en las áreas rurales. Por eso priorizamos esfuerzos por conectar al campo en América Latina y el Caribe”.
Según datos citados en el trabajo, un aumento del 1% en la penetración de la banda ancha fija produce un incremento del 0,08% del PIB, mientras que un aumento del 1% en la penetración de la banda ancha móvil produce un incremento del 0,15% del PIB.
Además, en relación con procesos de digitalización, se estima que un aumento del 1% en el índice de desarrollo del ecosistema digital da lugar a una expansión del 0,13% del PIB per cápita, con sus consecuentes impactos positivos en la productividad.
“Para el trabajo de investigación se realizaron decenas de entrevistas y 39 informantes clave de los sectores público y privado aportaron datos para establecer un panorama certero sobre la situación de conectividad en la región, en momentos en que la propagación de COVID-19 agrava la magnitud del problema de la marginalización de casi un tercio de la población latinoamericana y caribeña en el uso de internet”, explicó Sandra Ziegler, la investigadora del IICA que lideró la elaboración del estudio.
El IICA, el BID y Microsoft realizaron este trabajo debido a que consideran que promover la conectividad es condición indispensable y prioritaria para permitir el desenvolvimiento del conjunto de la vida productiva, social y comunitaria en la ruralidad.
Además, las transformaciones tecnológicas y las aplicaciones de éstas a la producción en el ámbito rural, con los consecuentes beneficios económicos que generan, exigen alentar políticas e iniciativas que salden la brecha de conectividad rural.
La investigación constituye también un llamado a una acción decidida de gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para corregir las brechas de conectividad rural de forma rápida, tomando en cuenta que la recesión provocada por la pandemia de COVID-19 es la mayor registrada en la historia de América Latina y el Caribe y está elevando el número de personas bajo la línea de pobreza y en estado de pobreza extrema.
El trabajo considera también que el cambio tecnológico en el ámbito rural ha contribuido a aumentar los niveles de productividad de los cultivos en las regiones más rezagadas, por lo que la conectividad tiene un gran potencial para fomentar las rupturas de círculos viciosos que hoy generan inseguridad, pobreza y emigración de la población que habita en la ruralidad.
Una mejora sustancial de la conectividad rural también sería clave para facilitar el acceso de los productores a las cadenas de comercialización, contribuir al relevo generacional en la agricultura, empoderar a las mujeres rurales e impulsar la bioeconomía, entre otros impactos, además de ser una condición necesaria para la diseminación de conocimientos e información estratégica para mejorar cultivos y rendimientos, e implementar buenas prácticas agrícolas, contribuyendo a la generación de más ingresos en el campo.
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