La automatización está redefiniendo las reglas de la economía mundial. La inteligencia artificial (IA), la robótica, los algoritmos predictivos y los sistemas inteligentes están transformando los modelos de producción, comercialización, servicio al cliente y gestión organizacional. En este escenario, las empresas de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe enfrentan un desafío que trasciende la innovación tecnológica: ¿cómo avanzar hacia organizaciones más automatizadas sin comprometer los principios éticos, la dignidad humana y la responsabilidad social?

La automatización ya no representa exclusivamente una oportunidad para reducir costos y optimizar procesos. Se ha convertido en una decisión estratégica que determina la competitividad, la reputación y la sostenibilidad de las organizaciones. Sin embargo, el verdadero liderazgo digital no consiste en automatizar todo lo posible, sino en identificar qué automatizar, para qué hacerlo y bajo cuáles principios de responsabilidad.

La automatización ética puede definirse como la incorporación de tecnologías inteligentes en los procesos empresariales bajo criterios de transparencia, equidad, protección de datos, seguridad, inclusión y supervisión humana. Su propósito es aprovechar las capacidades de la tecnología sin generar consecuencias negativas para las personas, las organizaciones o la sociedad.

En el ámbito empresarial, uno de sus principales beneficios es la optimización de los recursos.

Los sistemas automatizados permiten mejorar la productividad, reducir errores operativos, agilizar procesos administrativos y fortalecer la toma de decisiones mediante el análisis de grandes volúmenes de información, sectores como la banca, la industria, el comercio, la logística, la educación y los servicios de salud están experimentando cambios significativos en sus estructuras operativas.

No obstante, esta evolución también plantea riesgos. La utilización de algoritmos sin controles adecuados puede reproducir sesgos discriminatorios en los procesos de contratación, evaluación crediticia y selección de proveedores. Asimismo, la recopilación masiva de información puede comprometer la privacidad de los consumidores, mientras que la sustitución de determinadas funciones laborales exige nuevas estrategias de capacitación, reconversión profesional y adaptación organizacional.

Para las economías de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, el desafío adquiere una dimensión particular. Las pequeñas y medianas empresas necesitan incorporar herramientas digitales para competir en mercados cada vez más exigentes, pero deben hacerlo considerando sus capacidades financieras, infraestructura tecnológica y talento humano disponible. La automatización ética representa, por tanto, una oportunidad para impulsar la productividad regional sin profundizar las brechas digitales.

Desde una perspectiva estratégica, las organizaciones deben incorporar cinco principios fundamentales, transparencia en el funcionamiento de los sistemas automatizados; protección y utilización responsable de los datos; supervisión humana en decisiones de alto impacto; capacitación continua del talento humano; y evaluación permanente de los efectos económicos y sociales de la tecnología.

El liderazgo empresarial también debe evolucionar. Los gerentes y directivos necesitan desarrollar competencias digitales, pensamiento crítico y capacidad para interpretar los riesgos asociados con la inteligencia artificial. La gobernanza tecnológica debe formar parte de la planificación corporativa, los códigos de ética y los indicadores de desempeño organizacional.

La pregunta fundamental ya no es ¿cuánto puede automatizar una empresa?, sino ¿cuánto valor sostenible puede generar mediante una automatización responsable?

El futuro pertenece a las organizaciones tecnológicamente inteligentes y éticamente responsables.

La automatización ética constituye uno de los grandes desafíos competitivos del siglo XXI. Su implementación no debe medirse únicamente por la reducción de costos, el incremento de la productividad o la velocidad de los procesos, sino también por su contribución al bienestar humano, la confianza de los consumidores y el desarrollo económico sostenible.

Las organizaciones que integren innovación, responsabilidad y visión estratégica estarán mejor preparadas para responder a las exigencias de una economía digital en permanente transformación. Norteamérica, Centroamérica y el Caribe tienen ante sí la oportunidad de construir modelos empresariales donde la tecnología impulse el crecimiento sin desplazar los valores que sustentan el desarrollo de las sociedades.

En definitiva, automatizar es una decisión tecnológica; hacerlo responsablemente es una decisión de liderazgo. Porque el verdadero progreso empresarial no consiste en construir organizaciones donde las máquinas sustituyan el pensamiento humano, sino en desarrollar ecosistemas donde la inteligencia tecnológica y la inteligencia humana trabajen conjuntamente para generar prosperidad, competitividad y confianza.

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El 19 de diciembre de 2023 nació Eva Margarita. Diez horas después, murió. Su madre, Andrea, llegó al Hospital México con un embarazo sano y a término. En un momento, su bebé dejó de moverse; su corazón de madre no la engañó y pidió atención inmediata. Según su testimonio, no encontró la escucha, el acompañamiento ni la valoración oportuna que necesitaba. Lo que siguió fue una serie de presuntas omisiones que hoy se investigan como un posible caso de mala praxis.

Eva Margarita murió por falta de atención oportuna y Andrea vive un duelo que no desaparece con el paso del tiempo. La literatura científica señala que la muerte de un bebé durante el embarazo, el parto o poco después de nacer puede tener un impacto emocional devastador, con un duelo profundo y prolongado, muy distinto a cualquier otro. Como plantea la psicóloga perinatal Sherokee Ilse en Empty Arms (2013), “la muerte de un bebé no es un evento que se supera; es una pérdida que se integra, pero cuyo dolor reaparece en distintas etapas de la vida”.

La psicología perinatal también ha demostrado que este tipo de duelo es uno de los más complejos y persistentes, porque interrumpe un proceso de embarazo cargado de expectativas, vínculos y proyección de futuro (Cacciatore, 2010). No es un duelo que termina: es un duelo que se acompaña.

Más de dos años de silencio institucional

Andrea denunció, buscó ayuda y tocó puertas. La Oficina de Atención a la Víctima del Delito y la Defensoría de los Habitantes la acompañan, pero la respuesta es siempre la misma: “El caso está en trámite.”

Esa frase se ha repetido por más de dos años. Dos años sin avances concretos, sin claridad y sin justicia. Dos años sin una sola acción que alivie el dolor de una madre que perdió a su hija en circunstancias que pudieron evitarse.

¿Cómo se sostiene una mujer en ese vacío? ¿Cómo se reconstruye la confianza cuando el Estado responde con silencio?

La investigación judicial tiene sus procedimientos, pero eso no debería impedir que las instituciones brinden información comprensible, atención humana y acompañamiento a quienes atraviesan una pérdida de esta naturaleza.

El duelo perinatal: un dolor que la sociedad no sabe nombrar

La muerte de un bebé no es una estadística, un número ni un expediente. Es un antes y un después en la vida de una mujer.

El duelo perinatal sigue siendo silenciado, incomprendido y minimizado. La sociedad espera que la madre “sea fuerte”, “siga adelante”, “acepte que así es la vida”. Pero ¿cómo se sigue adelante cuando la vida que se esperaba abrazar ya no está?

Andrea no solo perdió a su hija. Perdió la oportunidad de verla crecer, escuchar su voz, acompañar sus primeros pasos y compartir con ella los momentos que había imaginado. Perdió el futuro que soñaba construir a su lado. Y, además, perdió la confianza en un sistema que debía protegerla. Su dolor no necesita plazos ni frases hechas. Necesita respeto, comprensión y acompañamiento.

La pregunta que duele: ¿cuánto importa la vida de mi bebé?

Andrea me lo dijo con una mezcla de rabia, tristeza y agotamiento: “Los medios hablan de farándula, de infidelidades, de juicios mediáticos… ¿y nadie habla de mi hija? ¿Cuál es la diferencia entre mi bebé y esos casos que sí importan?”

Ella ve titulares sobre asesinatos, sobre juicios por muertes violentas e historias que conmocionan al país. Y se pregunta: “¿Por qué la muerte de mi hija no merece atención? ¿Por qué la vida de tantos bebés no importa?”

Es una pregunta legítima que debería incomodarnos como sociedad, porque revela una verdad dolorosa: en Costa Rica, la violencia obstétrica sigue siendo invisible. Las muertes por posible mala praxis siguen siendo tratadas como accidentes, no como tragedias evitables.

La violencia obstétrica también puede tener consecuencias irreversibles

La violencia obstétrica no se limita al trato deshumanizado o a la falta de información. También es negligencia emocional, indiferencia institucional y una profunda desconexión con la vida y la dignidad de las mujeres.

La violencia obstétrica también mata: mata cuando no se escucha, cuando no se atiende a tiempo, cuando se minimizan los síntomas, cuando se ignora la voz de la mujer. Eva Margarita murió por eso, y Andrea vive con esa verdad todos los días.

Costa Rica necesita mirar este dolor

Este artículo no busca señalar culpables antes de que se determinen las responsabilidades. Busca señalar los silencios y recordar que detrás de cada expediente hay una historia humana; que detrás de cada bebé fallecido hay una familia que intenta comprender lo sucedido y una madre que no deja de preguntarse qué pudo haber sido diferente.

También busca exigir que los casos no queden atrapados indefinidamente en la expresión «está en trámite»; que las familias reciban información oportuna, que los procesos avancen con la diligencia debida y que el duelo no se agrave por la indiferencia o la falta de acompañamiento institucional.

La justicia no devuelve una vida, pero puede contribuir a esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y evitar que otras familias atraviesen experiencias similares.

Andrea no está sola

Acompaño a Andrea como especialista en derechos humanos y doula, sosteniéndola en su duelo, en su búsqueda de justicia y en su lucha por mantener viva la memoria de Eva Margarita.

Pero mi acompañamiento no es suficiente. Costa Rica también debe acompañarla. Las instituciones, los medios de comunicación y la sociedad tienen un papel que cumplir para que su historia sea escuchada y para que otras familias que atraviesan pérdidas similares no tengan que vivir su dolor en soledad. Porque la vida de un bebé importa. Porque la muerte de Eva Margarita importa. Porque la voz de Andrea importa.

Un llamado urgente

A lo largo de mi trabajo he acompañado a mujeres víctimas de violencia obstétrica y he conocido otros cuatro casos similares al de Andrea, con procesos que, según mi experiencia, pueden prolongarse hasta quince años o incluso más antes de obtener una respuesta. Me pregunto si esto es justo, si tanta revictimización y tanto silencio abrumador pueden considerarse aceptables en un país que dice proteger la vida y la dignidad.

El caso de Andrea no puede seguir esperando, no puede seguir archivado en el silencio ni convertirse en una respuesta repetida durante años, porque la justicia tardía, la indiferencia y el olvido también son una forma de violencia.

Eva Margarita merece verdad. Andrea merece respuestas. Y Costa Rica merece mirar de frente aquello que debe cambiar para que ninguna madre vuelva a preguntarse si la vida de su bebé importa.

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El rechazo a la reforma eléctrica reabre un debate fundamental: cómo modernizar las instituciones históricas del país sin renunciar a los principios del Estado social.

En Costa Rica existe una paradoja que pocas veces se reconoce. Quienes defienden la necesidad de reformar sectores como la electricidad, la seguridad social, la salud, la educación o la banca estatal suelen ser acusados de pretender desmantelar el legado social del país. Quienes se oponen a esos cambios, por su parte, tienden a defender las instituciones públicas como si debieran permanecer inalterables, independientemente de cuánto haya cambiado la sociedad a la que sirven. Ambas posiciones parten de un caos fundamental: confundir los fines con medios.

El objetivo no es preservar el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Educación Pública (MEP) o los bancos estatales por el simple hecho de que existen. El objetivo es garantizar que todos los costarricenses tengan acceso a energía confiable y asequible, servicios de salud oportunos y de calidad, pensiones dignas, educación de excelencia y oportunidades de financiamiento para el desarrollo. Las instituciones son instrumentos para alcanzar esos propósitos; su verdadero valor depende de su capacidad para cumplirlos.

El éxito del modelo original

Es imposible comprender la historia contemporánea de Costa Rica sin reconocer los extraordinarios logros del modelo institucional construido durante el siglo XX, particularmente a partir de las transformaciones impulsadas en la década de 1940.

El ICE llevó electricidad y telecomunicaciones a regiones donde difícilmente habrían llegado por iniciativa privada. La CCSS contribuyó decisivamente a ampliar la cobertura sanitaria y a mejorar la esperanza de vida. El MEP, la Universidad de Costa Rica y las instituciones de educación superior que surgieron posteriormente ampliaron las oportunidades educativas y favorecieron la movilidad social. La banca estatal, por su parte, canalizó recursos hacia actividades productivas que difícilmente habrían encontrado respaldo en mercados financieros todavía incipientes.

Estas instituciones respondieron a una realidad marcada por la escasez de capital, la debilidad de los mercados y enormes necesidades sociales insatisfechas. Cumplieron su misión con tal eficacia que contribuyeron a transformar profundamente la sociedad costarricense. Precisamente por ese éxito, hoy enfrentamos una realidad distinta. Y es ahí donde surge la necesidad de revisar el modelo, no para desconocer sus logros, sino para asegurar su vigencia.

Una sociedad diferente, con nuevos desafíos

La Costa Rica actual cuenta con una clase media más amplia, un sector empresarial más robusto, mayores niveles de ahorro, una población más educada y una economía mucho más compleja y diversificada que la de mediados del siglo pasado.

Sin embargo, varias de nuestras instituciones continúan operando bajo supuestos concebidos para una sociedad más pequeña, con menos recursos y una iniciativa privada con menor capacidad de inversión.

Ese desfase entre las estructuras institucionales y las necesidades actuales se manifiesta en distintos ámbitos. La demanda de infraestructura energética crece y exige nuevas inversiones. La transición demográfica aumenta la presión sobre la seguridad social y los sistemas de pensiones. Los indicadores educativos muestran estancamiento y retrocesos preocupantes. El acceso al financiamiento continúa siendo insuficiente para numerosos emprendimientos y actividades productivas. En salud, los problemas de disponibilidad de especialistas y las dificultades para atender oportunamente a los pacientes, evidencian la necesidad de revisar capacidades y mecanismos de prestación de servicios.

La transformación institucional responde, por tanto, a una realidad concreta. No significa que los objetivos de desarrollo social hayan perdido vigencia, sino que debemos encontrar mejores formas de alcanzarlos.

Lo público no es sinónimo de estatal

Durante décadas se ha consolidado en la cultura costarricense la idea de que defender lo público exige limitar la participación privada. Sin embargo, lo público no debería definirse exclusivamente por la naturaleza jurídica de quien presta un servicio, sino por los fines que persigue, las condiciones de acceso y las reglas que garantizan el interés general.

Un hospital privado que atienda pacientes bajo contratación y regulación pública puede contribuir a ampliar la capacidad del sistema de salud. Una universidad privada puede aportar al desarrollo educativo. Las empresas privadas pueden participar en la generación eléctrica bajo reglas que protejan a los usuarios y favorezcan el interés nacional. De igual manera, los actores financieros privados pueden ampliar las opciones de crédito y dinamizar la inversión productiva.

Esto no significa que la participación privada garantice, por sí sola, mejores resultados, ni que el Estado deba renunciar a sus responsabilidades. Significa que las decisiones deben evaluarse con base en sus resultados, sus costos, su calidad y su contribución al bienestar colectivo.

La pregunta central no es quién presta el servicio, sino si la población recibe una atención más accesible, eficiente, innovadora y sostenible, sin sacrificar la equidad ni la protección de quienes más lo necesitan.

Abrir sin destruir

El debate nacional debería superar la dicotomía entre privatización y estatización para concentrarse en una pregunta mucho más relevante: ¿cómo puede Costa Rica ampliar su capacidad para resolver problemas y aprovechar nuevas oportunidades?

En electricidad, el ICE puede conservar su papel estratégico sin necesidad de monopolizar todas las etapas de la actividad energética. Una mayor participación de otros actores, bajo reglas claras y una supervisión efectiva, podría contribuir a acelerar inversiones, incorporar innovación tecnológica y diversificar las fuentes de financiamiento.

En salud y pensiones, fortalecer la CCSS no implica necesariamente que deba producir de manera directa la totalidad de los servicios. También puede requerir una mejor articulación con proveedores privados, cooperativos, solidaristas y comunitarios, siempre bajo una rectoría pública rigurosa y mecanismos de evaluación que protejan la calidad y el uso responsable de los recursos.

En educación, la prioridad debe ser el aprendizaje efectivo de los estudiantes, no la preservación de estructuras burocráticas por sí mismas. El Estado puede mantener su responsabilidad rectora y, al mismo tiempo, promover nuevas metodologías, diversidad institucional y alianzas que mejoren los resultados educativos.

En el ámbito financiero, los bancos estatales pueden continuar desempeñando un papel esencial en el desarrollo nacional mientras conviven con mecanismos modernos, competitivos y especializados de intermediación financiera.

Reformar no significa eliminar lo que funciona. Significa identificar qué debe preservarse, qué necesita corregirse y qué nuevas capacidades deben incorporarse para responder a los desafíos actuales.

Del monopolio a la rectoría

Quizá la transformación conceptual más importante consiste en comprender que el Estado no necesita hacerlo todo directamente para garantizar que los servicios se presten de forma adecuada.

Un Estado moderno debe tener la capacidad de regular, supervisar, coordinar, corregir fallas de mercado, proteger a las poblaciones vulnerables y velar por el interés general. En determinados ámbitos, la prestación directa de servicios seguirá siendo indispensable; en otros, la colaboración con distintos actores puede ofrecer mejores respuestas.

Un Estado fuerte no es necesariamente aquel que concentra todas las actividades bajo su propiedad, sino aquel que cumple eficazmente sus responsabilidades esenciales, dispone de instituciones sólidas y tiene la capacidad de exigir resultados.

Por eso, la rectoría, la regulación inteligente y la planificación estratégica pueden resultar tan importantes como la propiedad pública de los medios mediante los cuales se prestan determinados servicios. La clave está en establecer reglas claras, garantizar la transparencia y evitar que cualquier modelo, público o privado, se aparte del interés colectivo.

Reformar para preservar

Los costarricenses solemos plantear un falso dilema entre conservar y reformar. Sin embargo, la experiencia demuestra que, en muchas ocasiones, reformar es precisamente la condición necesaria para preservar los logros alcanzados.

Si el ICE, la CCSS, el MEP y la banca estatal contribuyeron decisivamente al progreso del país durante el siglo XX, su mejor legado para el siglo XXI no debería ser la inmovilidad, sino la capacidad de adaptación.

Las instituciones que alguna vez representaron innovación y audacia no deberían convertirse en símbolos de resistencia al cambio. El verdadero homenaje a quienes construyeron el Estado social costarricense no consiste en congelar su obra en el tiempo, sino en aplicar el mismo espíritu pragmático, reformista y visionario que les permitió responder a los desafíos de su época.

Los fines siguen siendo los mismos: salud para todos, educación para todos, energía para todos, pensiones dignas y oportunidades de progreso para todos. Lo que debemos discutir es cuáles son los instrumentos más eficaces para hacerlos realidad.

El rechazo a la reforma eléctrica debería servir para abrir una discusión más amplia, alejada de la polarización y la politiquería. La pregunta de fondo es si las instituciones que impulsaron el desarrollo costarricense siguen siendo, en su forma actual, los instrumentos más eficaces para alcanzar nuestros objetivos en las condiciones del siglo XXI.

Una sociedad que ha prosperado gracias a la fortaleza de sus instituciones no debería temer reformarlas cuando el propio progreso ha generado nuevas capacidades, mayores expectativas y desafíos que los modelos del pasado ya no resuelven adecuadamente.

Reformar no es renunciar al legado social de Costa Rica. Es asumir la responsabilidad de mantenerlo vigente para las próximas generaciones.

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Cada octubre, el Mes de la concientización en ciberseguridad nos devuelve a lo básico. Este año, lo básico tiene otra urgencia. La inteligencia artificial simplificó algo que antes exigía tiempo y oficio: encontrar, probar y aprovechar debilidades en código, configuración o procesos que ya existían. Muchas desde hace años e incluso con corrección disponible, pero no aplicada.

El Reporte del panorama global de amenazas 2026 de FortiGuard Labs de Fortinet lo plantea de forma directa: Las herramientas ofensivas con IA comprimen el tiempo necesario para validar y explotar la exposición que ya existe, haciendo posible en menos de 24 horas lo que antes tomaba semanas o meses. En una región donde los intentos de explotación crecieron casi 40 % en un año, esa idea debiera ordenar las prioridades de cualquier equipo de seguridad.

Lo viejo no caduca

Solemos tratar las vulnerabilidades como noticias, aparecen, se publica el parche y el riesgo pasa. Pero la telemetría de FortiGuard Labs cuenta otra historia.

Según el reporte, la persistencia de la explotación -es decir, el tiempo dura un atacante dentro de una red sin ser detectado- se relaciona más con el tiempo que tarda una organización en aplicar parches o ajustar configuración, que con la novedad de la falla. Una vez que una vulnerabilidad entra en los flujos automatizados de los atacantes, no envejece mientras la exposición siga ahí. Por eso fallas divulgadas hace años en componentes de software muy difundidos, en protocolos heredados para compartir archivos, y en la administración de routers  o dispositivos IOT como cámaras e impresoras siguen dominando la actividad maliciosa.

Lo nuevo, por otro lado, se aprovecha cada vez más rápido. En periodos anteriores, la explotación solía aparecer alrededor de una semana después de que se divulgaba una vulnerabilidad. En 2025, FortiGuard Labs observó de forma consistente que el tiempo de explotación pasó a un plazo de 24 a 48 horas, por delante de los ciclos tradicionales de parcheo. Las organizaciones quedan presionadas desde ambos extremos: la falla publicada esta semana y la que lleva cinco años sin corregirse en un dispositivo que nadie revisa. Todo, con los mismos recursos, presupuestos y personal.

Mitigado no es lo mismo que resuelto

Un parche cierra la puerta por la que entró el atacante. No necesariamente saca a quien ya entró ni invalida lo que se llevó. El reporte advierte que las credenciales, las rutas de acceso y la información sobre la infraestructura persisten mucho tiempo después del compromiso original. Se catalogan, se venden y se reutilizan para saltarse la etapa de descubrimiento e ir directo a la ejecución.

En la práctica, una exposición (vulnerabiliad o  mala configuración) ya corregida puede seguir siendo útil para un atacante: las contraseñas robadas siguen funcionando si nadie las cambia; una solución temporal aplicada en plena emergencia puede desaparecer con un cambio de configuración. Una restauración desde respaldo o un equipo nuevo instalado con la plantilla de siempre mantiene exposición. Las cuentas que un intruso creó quedan activas hasta que alguien compara la configuración con una versión confiable. Un equipo sin soporte del fabricante no recibirá la próxima corrección. Los protocolos heredados que nadie desactivó y que el reporte identifica como deuda técnica son capaces de abrir rutas predecibles de movimiento lateral.

La IA cambia la economía de cada uno de estos escenarios. Probar miles de credenciales antiguas contra servicios expuestos, revisar configuraciones o encadenar fallas conocidas era trabajo que consumía horas de un operador entrenado. Hoy se puede delegar a una herramienta automática.

América Latina en la telemetría

Los datos regionales del reporte apuntan en la misma dirección. En 2025, los sensores de FortiGuard registraron cerca de 15 mil millones de intentos de explotación en América Latina, 39,85 % más que el año anterior. El reporte describe a la región como de menor volumen absoluto, pero con un crecimiento más rápido, consistente con una mayor conversión de exposición en explotación.

La cifra de botnets muestra el resultado. América Latina acumuló 2090 millones de detecciones de comunicaciones con infraestructura de comando y control, un alza de 12,05 % y la segunda cifra más alta del mundo, concentrada en México, Panamá, Venezuela, Brasil y Colombia. Cada una de esas detecciones corresponde a un equipo que ya fue comprometido y que hoy trabaja para alguien más.

El dato más revelador es otro. La región tuvo la mayor reducción anual de actividad de reconocimiento, pero el reporte no lo lee como un menor interés de los atacantes, sino como reutilización de datos históricos sobre activos expuestos una y otra vez. Los atacantes ya tienen el mapa. Si el servicio expuesto no cambió, si la contraseña no se rotó o si el firmware no se actualizó, ese mapa viejo sigue siendo exacto. El costo final aparece en el ransomware: 141 víctimas confirmadas en Brasil, 69 en México, 50 en Argentina y 41 en Colombia durante 2025, según la inteligencia de FortiRecon.

Higiene que sí cierra la puerta

Al igual que lavarse las manos para evitar contagios, la higiene puede ayudar a mantener sano un ambiente de cómputo. Ninguna de estas prácticas listadas abajo es nueva. Lo nuevo es que ahora ante la epidemia de vulnerabilidades la higiene se vuelve más importante que nunca. Entonces, ¿por dónde empezar?

1. Actualice siempre. Especialmente versiones recientes que quizá tengan incorporados arreglos a vulnerabilidades descubiertas por IA como parte del ciclo de calidad de los fabricantes. Quizá el más viejo de los consejos, pero también el más efectivo y a veces menos usado.
2. Parchear según la explotación, no solo según la severidad. Una falla calificada como media que ya se explota activamente merece más urgencia que una crítica que nadie ha logrado aprovechar. Los catálogos públicos de vulnerabilidades explotadas y las puntuaciones de probabilidad de explotación ayudan a ordenar la fila. El reporte propone, además, medir el tiempo de parcheo como un control de seguridad y tratarlo como un riesgo de negocio.
3. Cerrar el incidente completo, no solo la falla. Después de corregir una vulnerabilidad crítica en un equipo expuesto a internet, conviene cerrar las sesiones activas, rotar contraseñas y llaves, comparar la configuración con una versión confiable y buscar cuentas o accesos que nadie reconoce.
4. Autenticación multifactor en todo acceso remoto y administrativo. El reporte explica que la fuerza bruta tiene éxito por la reutilización de credenciales, la falta de límites de intentos y una aplicación inconsistente de MFA. Las tres se corrigen con configuración.
5. Sacar la administración del internet. Las interfaces de gestión deben ser accesibles solo desde redes y equipos de confianza.
6. Saber qué equipos ya no tienen soporte y qué mitigaciones dependen de una solución temporal. Lo primero define dónde no llegará el próximo parche. Lo segundo exige verificar después de cada cambio, restauración o equipo nuevo que la protección sigue activa. En la misma revisión, conviene desactivar los protocolos heredados que nadie usa.

Probar las propias defensas también rinde frutos. FortiGuard observó una relación inversa entre la frecuencia de las pruebas de penetración y el éxito del compromiso de identidades en la nube, por ejemplo.

Para los gobiernos y los operadores de servicios esenciales de la región, la higiene también es una decisión presupuestaria. Incluir el ciclo de vida del soporte en cada compra, y financiar la renovación antes de que un equipo quede sin actualizaciones, cuesta menos que responder a un incidente en un sistema que ya no tiene corrección posible.

La IA no vuelve obsoletas las prácticas básicas. Las vuelve más urgentes, porque reduce a casi nada el costo de encontrar a quien no las aplicó. Este mes, la pregunta útil para cualquier organización de la región va más allá de si instaló el último parche. También importa si las contraseñas, las configuraciones y los equipos que quedaron de incidentes anteriores siguen ahí, esperando a que alguien los pruebe.

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Después de haber servido durante siete años en el Ministerio de Justicia, primero como viceministro y posteriormente como ministro, aprendí que las políticas penitenciarias deben juzgarse menos por la identidad de quienes las impulsan y más por sus efectos concretos sobre la seguridad, la institucionalidad y la rehabilitación. Por esa razón, aunque no comparta algunos estilos o enfoques del actual gobierno, considero justo reconocer los aspectos positivos asociados a la inauguración del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) y a las medidas complementarias anunciadas en ese contexto.

Más aún, considero que esta obra constituye un fruto concreto de una política pública de largo plazo que ha trascendido administraciones y partidos políticos, pese a los períodos en los que se relajó la política de seguridad. El fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria y de seguridad ha sido posible gracias a decisiones adoptadas durante distintos gobiernos, entre ellas importantes programas de inversión financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, que permitieron modernizar las capacidades institucionales en los ministerios de Justicia y Paz y de Seguridad Pública. Señalar esta continuidad no pretende restar mérito ni a la administración anterior ni a la actual; por el contrario, demuestra que los avances más importantes del país son aquellos que logran consolidarse como políticas de Estado.

Costa Rica enfrenta uno de los mayores desafíos de seguridad de su historia reciente. El crecimiento del narcotráfico, el sicariato y otras manifestaciones del crimen organizado exige respuestas firmes y sostenibles. En este contexto, el CACCO constituye una herramienta necesaria para impedir que los líderes criminales continúen operando desde prisión.

Su relevancia, sin embargo, va más allá de la contención de los delincuentes más peligrosos. El CACCO fortalece el control estatal sobre el sistema penitenciario y contribuye a reducir el hacinamiento, al permitir una mejor clasificación de la población privada de libertad, mayores niveles de seguridad y mejores condiciones para la rehabilitación.

Precisamente por tratarse de una materia tan sensible, la discusión sobre política penitenciaria y derechos humanos debe sustentarse en información técnica, jurídica y estadística, y no en consignas ni en la manipulación emocional del debate público. Un sistema penitenciario seguro, ordenado y capaz de ofrecer oportunidades de reinserción constituye una mejor garantía para los derechos humanos que uno dominado por el hacinamiento, la violencia o la improvisación.

Reconocer estos avances tampoco implica ignorar los desafíos. Los sistemas penitenciarios están permanentemente expuestos a riesgos de corrupción, infiltración criminal, violencia, fugas o tragedias humanas. Por ello, junto a la inversión en infraestructura, deben fortalecerse los mecanismos de supervisión, transparencia, así como las medidas para corregir las malas prácticas.

También merecen reconocimiento los programas de vivienda y crédito anunciados para la policía penitenciaria. Facilitar mejores condiciones de vida a quienes desempeñan una de las labores más complejas del servicio público constituye una inversión en estabilidad institucional y seguridad.

Esta es, además, una ocasión propicia para reconocer al conjunto del funcionariado penitenciario. Policías, profesionales técnicos, trabajadores sociales, psicólogos, orientadores, personal médico, administrativo y de apoyo sostienen diariamente una tarea esencial para el Estado. Durante mis años en el Ministerio de Justicia pude constatar su profesionalismo y compromiso. Ninguna reforma tendrá éxito sin su dedicación cotidiana.

Igualmente valioso resulta el programa “Cero Ocio”. Las cárceles no deben ser únicamente espacios de custodia, sino también de formación y preparación para la vida en libertad. El trabajo penitenciario fomenta la disciplina, facilita la adquisición de habilidades útiles para la reinserción y contribuye a reducir la conflictividad dentro de los centros penales.

Las experiencias internacionales demuestran que no existe un único modelo para enfrentar la criminalidad. Incluso los sistemas más rigurosos de contención han debido incorporar mecanismos de reinserción gradual. Por ello, las decisiones recientes adoptadas por el gobierno de Nayib Bukele respecto de determinados privados de libertad en el CECOT no deberían utilizarse para descalificar los esfuerzos que realiza Costa Rica para fortalecer su propio sistema penitenciario. Seguridad y reinserción no son conceptos incompatibles.

Del mismo modo, ninguna estrategia de seguridad será sostenible sin políticas sociales, educativas, económicas, culturales, deportivas, urbanísticas y de salud que atiendan las causas profundas de la violencia. Sin embargo, tampoco podemos permitirnos la ingenuidad de descalificar los esfuerzos que hoy se realizan para contener una ola criminal sin precedentes. La prevención y la contención son complementarias, no excluyentes.

La inauguración del CACCO, el fortalecimiento de las condiciones de la policía penitenciaria y la promoción del trabajo penitenciario reflejan una visión que combina seguridad, dignidad institucional y rehabilitación. Más allá de las legítimas diferencias políticas, estas iniciativas merecen ser respaldadas porque contribuyen a un sistema penitenciario más seguro, más humano y más eficaz, y porque responden a una obligación fundamental del Estado: proteger a la ciudadanía sin renunciar a los principios del Estado de Derecho.

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Invertir en prevención y en un buen seguro médico es una de las decisiones financieras más inteligentes que una persona puede tomar.

La salud suele ser uno de los aspectos más importantes de la vida, pero también uno de los menos planificados. Mientras muchas personas se preparan financieramente para comprar una vivienda, educar a sus hijos o afrontar la jubilación, con frecuencia dejan la salud para cuando surge un problema. Sin embargo, la diferencia entre reaccionar ante una enfermedad y anticiparse a ella puede impactar tanto la calidad de vida como la estabilidad económica de una familia.

La salud no debe verse como un evento aislado, sino como un proceso continuo que requiere planificación. En Costa Rica, cada vez más personas parecen comprender esta realidad. El crecimiento sostenido del mercado de seguros médicos refleja un cambio de mentalidad: los seguros ya no se perciben únicamente como una cobertura para emergencias, sino como una herramienta que facilita el acceso oportuno a especialistas, diagnósticos y tratamientos cuando más se necesitan.

Esta necesidad cobra especial relevancia ante el envejecimiento de la población costarricense. Las proyecciones demográficas indican que durante las próximas décadas aumentará significativamente el número de adultos mayores, lo que traerá consigo una mayor demanda de servicios médicos, atención especializada y manejo de enfermedades crónicas. La pregunta ya no es si utilizaremos servicios de salud en algún momento de nuestras vidas, sino si estaremos preparados para acceder a ellos cuando sea necesario.

En este contexto, la prevención se convierte en un elemento fundamental. Detectar a tiempo factores de riesgo, realizar chequeos médicos periódicos y dar seguimiento adecuado a la salud permite reducir la probabilidad de complicaciones y mejorar los resultados clínicos. Además, la prevención suele ser mucho menos costosa que los tratamientos requeridos cuando una enfermedad se detecta en etapas avanzadas.

Contar con acceso oportuno a servicios médicos de calidad es clave para que la prevención sea efectiva. Por ello, el seguro médico desempeña un papel cada vez más importante, al facilitar consultas, exámenes y tratamientos sin que las restricciones económicas se conviertan en una barrera para el cuidado de la salud.

Asimismo, una enfermedad grave no solo afecta a la persona desde el punto de vista físico y emocional. También puede generar un impacto significativo en las finanzas familiares. Hospitalizaciones, cirugías, medicamentos especializados y tratamientos prolongados pueden representar gastos elevados incluso para hogares con estabilidad económica. En este sentido, el seguro médico funciona como una herramienta de protección integral, resguardando tanto la salud como el patrimonio familiar.

La coordinación entre hospitales y aseguradoras también contribuye a mejorar la experiencia de los pacientes. Cuando existe una cobertura adecuada y se conoce cómo utilizarla, se facilita el acceso a la atención, disminuyen las barreras administrativas y las personas pueden concentrarse en su recuperación en lugar de preocuparse por aspectos financieros.

Costa Rica cuenta con un sistema de salud reconocido en la región; sin embargo, también enfrenta desafíos asociados al envejecimiento poblacional, la creciente complejidad de los tratamientos y el aumento de los costos médicos. Ante esta realidad, invertir en prevención y en una cobertura médica adecuada deja de ser una decisión opcional para convertirse en una estrategia de planificación personal y familiar.

Al igual que se ahorra para cumplir metas de vida importantes, también es necesario prepararse para proteger aquello que permite disfrutar de todas ellas: la salud. Planificarla no significa vivir con temor a enfermarse, sino tener la tranquilidad de estar preparado para afrontar cualquier eventualidad. Esa tranquilidad puede convertirse en una de las inversiones más valiosas para el bienestar y la estabilidad de una persona y su familia.

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Todos hemos disfrutado alguna vez de la Cantata del Adelantado don Rodrigo Díaz de Carreras, esa extraordinaria creación del grupo argentino Les Luthiers, que ironiza sobre el descubrimiento de América. Para iniciar estas reflexiones, tomo prestada una de sus escenas más memorables, cuando unos indígenas se encuentran con el protagonista y exclaman: “¡Nos descubrieron; por fin nos descubrieron!”.

América no se descubrió; América se construyó

La influencia fundacional que América recibió de Europa es innegable. Está presente en nuestros idiomas, instituciones políticas, tradiciones jurídicas y expresiones culturales, así como en numerosos elementos que conforman nuestra identidad colectiva.

La Constitución de Cádiz de 1812, por ejemplo, tuvo una influencia decisiva en la organización política de buena parte de los Estados que sucedieron a la administración española en América. Reconocer esa realidad no implica adoptar una visión excluyente ni minimizar los enormes aportes indígenas, africanos o asiáticos que también forman parte de nuestra historia.

La realidad es que las naciones americanas son simultáneamente mestizas, indígenas, europeas, africanas y asiáticas. En Hispanoamérica, Cervantes y El Quijote forman parte de nuestro patrimonio cultural tanto como el Popol Vuh, el Chilam Balam o los relatos fundacionales de los pueblos originarios.

En Costa Rica ocurre algo similar. Los pueblos indígenas que habitaron nuestro territorio pertenecían principalmente al área cultural chibcha, donde predominaba la transmisión oral de los mitos, la historia y las tradiciones. Por ello, la manifestación más cercana a un “Popol Vuh costarricense” no es una obra escrita, sino el conjunto de relatos cosmogónicos del pueblo bribri, especialmente aquellos vinculados con Sibö, figura central de su cosmovisión.

Esta síntesis histórica y cultural suele desaparecer cuando el debate sobre el 12 de octubre se reduce a una confrontación entre eurocentrismo e indigenismo. El eurocentrismo minimiza el aporte de las civilizaciones precolombinas. El indigenismo radical, por su parte, desconoce la profunda influencia humana, cultural, política y económica que Europa ejerció sobre América desde finales del siglo XV. Ambos enfoques simplifican una realidad infinitamente más compleja.

Por otra parte, ningún Estado americano puede afirmar, en sentido estricto, que fue conquistado, porque ninguno existía como tal antes de la llegada de Colón. Existían pueblos, civilizaciones e imperios indígenas de enorme relevancia histórica, pero no las entidades políticas que posteriormente comenzaron a independizarse entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX.

Desde una perspectiva americana, el concepto de “descubrimiento” resulta insuficiente para explicar la trascendencia del 12 de octubre de 1492. Reducir esa fecha a un único acontecimiento significa simplificar un proceso histórico que dio origen a nuevas sociedades, identidades y Estados, al tiempo que oscurece el papel desempeñado por España en la formación del mundo americano.

Incluso si pudiera demostrarse que otros pueblos llegaron al continente antes que Colón, ello no modificaría un hecho fundamental: la América contemporánea surgió como resultado del proceso histórico iniciado el 12 de octubre de 1492.

Son verdades históricas elementales que con frecuencia quedan relegadas frente a discursos simplistas y políticamente convenientes.

¿Y qué decir de Costa Rica?

Nuestra independencia, la formación del Estado y la fundación de la República en 1848 forman parte de un largo proceso histórico iniciado siglos atrás y enriquecido por el aporte de pueblos indígenas, afrodescendientes e inmigrantes provenientes de los más diversos rincones del mundo.

Basta observar nuestra propia historia para comprenderlo. Las trayectorias de Quince Duncan, Littleton Bolton Jones, Rigoberto Stewart, Eulalia Bernard, Colón Bermúdez, Sasha Campbell, Nery Brenes, Hanna Gabriels, Paulo César Wanchope y Sherman Güity, entre muchos otros, reflejan la invaluable contribución de los afrodescendientes al desarrollo nacional.

Lo mismo puede afirmarse de la comunidad judía costarricense y de figuras como Samuel Rovinski, Haydée de Lev, Jacobo Shifter, Luis Fishman, Luis Liberman, Rebeca Grynspan, Mónica Nagel, Eli Feinzaig y Amin Majchel entre otros, quienes desde distintos ámbitos del quehacer nacional, han contribuido a comprender mejor la diversidad de nuestra sociedad y a impulsar su progreso.

Esa Costa Rica abierta, plural y acogedora también se expresa en el legado de Miguel Barzuna Sauma, Richard Beck Hemicke, Ana María Breedy Jalet, Carlos Gagini Chavarría, Henning Jensen Pennington, Walter Kissling Gam, Ricardo Neily Jop, Sylvia Poll y Claudia Poll.

También está presente en el aporte de costarricenses de ascendencia asiática como Otto Apuy Sirias, Franklin Chang, Hilda Chen Apuy, Isidro Con Wong, Marian Li y Harry Shum Jr.; en figuras como Benjamín Mayorga y Keylor Navas, orgullosos de sus raíces indígenas; y en inmigrantes sudamericanos que hicieron de Costa Rica su hogar, entre ellos Marcelo Gaete, Sara Astica, Ana Poltronieri, Lucho Barahona, Tatiana Lobo, Elías Carranza y Rita Maxera. A ellos se suman Yokasta Valle y Brisa Hennessy.

Y, si volvemos la mirada hacia etapas anteriores de nuestra historia, encontramos también a Ascensión Esquivel, Constantino Láscarez, Rafael Francisco Osejo, Clorito Picado Twight y Vito Sansonetti. Todos ellos, desde historias personales y orígenes diferentes, forman parte de una misma realidad: la Costa Rica que hoy conocemos no fue construida por una sola raíz.

Esta realidad fue reconocida constitucionalmente el 24 de agosto de 2015, cuando el presidente Luis Guillermo Solís firmó la reforma del artículo 1 de la Constitución Política que define a Costa Rica como una República multiétnica y pluricultural. La iniciativa fue presentada por la diputada Jocelyn Sawyers y contó con el respaldo de las legisladoras Epsy Campbell, Maureen Clarke y Sandra Piszk.

Reconocer esta diversidad no significa asumir una visión ingenua de la historia. Sabemos que el devenir de los pueblos es complejo, contradictorio y, en ocasiones, está marcado por la violencia. Los protagonistas de nuestros orígenes representaron realidades diversas e incluso contrapuestas.

Por eso resulta simbólicamente significativo recordar que la entidad política que alcanzó su independencia entre el 15 de septiembre y el 29 de octubre de 1821 es, al mismo tiempo, heredera de Presbere, Avancari y Orosí, y de Juan Vásquez de Coronado y Juan de Cavallón y Arboleda. Todos ellos, desde posiciones históricas diferentes y muchas veces enfrentadas, forman parte de la compleja trayectoria que desembocó en la construcción de la Costa Rica contemporánea.

Nun tä ja kwetä: seguimos en la lucha

Los pueblos indígenas, y en particular los costarricenses, no se honran mediante campañas de resentimiento contra España o contra Cristóbal Colón. Se honran reconociendo su historia, garantizando plenamente sus derechos y protegiendo el legado cultural que han enriquecido y continúan enriqueciendo la República. Así lo demuestran creadores como los cabécares Freddy Obando y Severiano Fernández, o el bribri Justo Avelino Torres, cuyas obras constituyen una valiosa expresión del patrimonio cultural costarricense.

Quizás el mensaje más profundo que debería dejarnos cada 12 de octubre es que debemos y podemos, sentir legítimo orgullo por nuestros orígenes y por nuestra historia, asumiéndolos en toda su complejidad y diversidad. Nuestra historia no es pura, es mestiza. No es lineal, es compleja. Y precisamente por eso es nuestra.

En un país como Costa Rica, el patriotismo solo puede entenderse como un sentimiento abierto, inclusivo e integrador, capaz de reconocer todas las raíces que han contribuido a forjar nuestra identidad nacional. Se trata de una visión cercana a la defendida por Martha Nussbaum, Jürgen Habermas y Kwame Anthony Appiah, para quienes el amor por la patria no exige negar al otro, sino reconocer que la diversidad forma parte esencial de la comunidad política y de la condición humana.

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Cada 1 de octubre, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el mundo conmemora el Día Internacional de las Personas de Edad. En Costa Rica, mediante el Decreto Nº 32062, del 27 de septiembre de 2004, se declaró el 1º de octubre: “Día de la Persona Adulta Mayor”. Esta fecha debe ser mucho más que actos protocolarios o emitir felicitaciones, para dar paso a verdaderos cambios y acciones.

En 2026, Naciones Unidas planteó un tema especial para la efeméride: “Longevidad: repensar los sistemas para vidas más largas”. Para Costa Rica, este llamado es pertinente. Según las proyecciones nacionales de población del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) ante la disminución de la fecundidad y el aumento en la esperanza de vida se espera que para el año 2050 haya 25 personas adultas mayores por cada 100 habitantes. 

El envejecimiento poblacional ya está transformando la estructura demográfica del país y plantea la necesidad de repensar, cómo garantizaremos calidad de vida a lo largo de vidas cada vez más prolongadas. Cabe preguntarse si hoy se construyen las condiciones para que esos años adicionales se vivan con dignidad, autonomía, participación, salud, seguridad y vínculos sociales.

Replantear los sistemas significa mirar más allá de la atención de la enfermedad o de las necesidades de quienes ya requieren cuidados. Implica revisar cómo diseñamos nuestras ciudades, viviendas, transporte, servicios de salud, sistemas de protección social, oportunidades de aprendizaje, participación ciudadana y espacios de encuentro. Es también comprender que envejecer no es una etapa aislada: es un proceso que comienza mucho antes de cumplir 65 años y que debe ser acompañado durante todo el curso de vida.

Costa Rica ya cuenta con una Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2023-2033, precisamente orientada a responder a los retos de un envejecimiento acelerado y a garantizar los derechos de las personas adultas mayores. El desafío está en convertir esta visión en decisiones sostenidas, recursos, servicios y entornos que alcancen a todas las personas y territorios. 

El envejecimiento concierne a todas las personas, por eso, hablar de ciudades accesibles, transporte digno, atención en salud, pensiones sostenibles, vivienda adecuada, cuidados, participación social y oportunidades para seguir aportando no es hablar únicamente de “personas adultas mayores”. Se debe abordar temas de política pública y derechos humanos para que el país avance hacia una mayor longevidad con oportunidades y mejores servicios para su población.

Y allí reside uno de los mayores desafíos: dejar de mirar el envejecimiento como un problema que llegará y comenzar a asumirlo como una realidad que estamos construyendo desde el presente. Cada decisión ciudadana, cada espacio público que cuidamos, cada acto de respeto, cada oportunidad de participación que defendemos y cada forma de combatir la discriminación por edad contribuye a definir cómo envejeceremos. El 1 de octubre debería interpelarnos a todas las generaciones sobre nuestra responsabilidad de construir una Costa Rica donde vivir más años signifique también tener más oportunidades para vivir con dignidad, autonomía, propósito y calidad de vida. La longevidad es un logro colectivo.

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Hablar de innovación terapéutica en diabetes no debería limitarse solamente a los nuevos medicamentos, tecnologías o tratamientos. La verdadera innovación ocurre cuando esos avances logran transformar la vida de las personas y estar disponibles para quienes los necesitan, sin importar en qué lugar del país vivan y su nivel económico.

Detrás de cada cifra hay una persona, una familia y una historia de vida. En Costa Rica, más de 75 mil personas viven con diabetes y enfrentan diariamente el desafío de manejar una condición que requiere decisiones constantes: qué comer, cuándo realizar actividad física, cómo utilizar correctamente sus medicamentos, cómo interpretar una medición de glucosa y cómo prevenir complicaciones.

Desde la Asociación Costarricense Lucha contra la Diabetes, DíaVida, se han realizado esfuerzos para abrir espacios de diálogo, porque nadie debería tomar decisiones sobre diabetes sin escuchar primero a quienes vivimos con ella.

Como parte del compromiso recientemente fue realizado el Foro de Innovación Terapéutica en Diabetes y Obesidad, en el que se pudo sentar en una misma mesa a autoridades, profesionales de la salud, sector privado, aseguradoras, academia, organismos internacionales y, especialmente, a quienes viven con diabetes.

Uno de los temas trascendentales fue la innovación, que se traduzca a diagnósticos más tempranos y con calidad de vida al paciente. Lo cual implica evitar que una persona llegue a una consulta cuando ya presenta complicaciones y a su vez significa fortalecer la atención primaria, mejorar la educación en diabetes y garantizar que las personas tengan las herramientas necesarias para participar activamente en el cuidado de su salud.

Para poder avanzar es importante reconocer que no existe una única realidad para todas las personas con diabetes. Las necesidades de un niño con diabetes tipo 1 es diferente de las de un adulto con diabetes tipo 2. Las necesidades de una persona que utiliza múltiples dosis de insulina son diferentes de las de quien utiliza otros tratamientos. Y todas esas realidades deben ser consideradas cuando diseñamos políticas públicas y modelos de atención.

La tecnología está transformando la forma de vivir con diabetes. Hoy contamos con monitores continuos de glucosa, sistemas avanzados de administración de insulina y nuevas alternativas terapéuticas que hace pocos años parecían impensables. Sin embargo, la innovación pierde gran parte de su valor si no existe acceso oportuno, educación para su uso y acompañamiento profesional.

Por eso, no basta con preguntarnos qué tratamientos existen, sino también: ¿quién puede acceder a ellos?, ¿en qué momento lo logra?, ¿recibe la formación necesaria?, ¿los profesionales cuentan con preparación y herramientas para acompañar al paciente?, ¿y estamos evaluando los resultados desde la perspectiva de quienes viven con diabetes?

El Foro de Innovación Terapéutica representa una oportunidad para avanzar en esa conversación. Pero el verdadero éxito del Foro no dependerá únicamente de las conclusiones que alcancemos, sino de nuestra capacidad para transformarlas en acciones concretas.

Desde DíaVida creemos que la respuesta debe construirse de manera colectiva. Requerimos políticas públicas que mantengan a la persona en el centro: atención integral y multidisciplinaria, mayor educación en salud, prevención y diagnóstico oportuno, acceso equitativo a tratamientos y tecnologías, así como mecanismos que permitan escuchar de manera permanente la voz de los pacientes.

También es necesario cambiar la conversación alrededor de la diabetes. No debe verse únicamente como una enfermedad que genera costos para el sistema de salud, sino como una condición que puede manejarse adecuadamente cuando las personas cuentan con diagnóstico oportuno, tratamiento, educación, acompañamiento y acceso a las herramientas necesarias.

Invertir en diabetes no significa invertir solo en medicamentos. Es invertir en educación, prevención, innovación, tecnología, atención integral y, sobre todo, en las personas.

Como sociedad tenemos una responsabilidad: que ninguna persona que viva con diabetes enfrente sola los desafíos de su condición y que los avances de la ciencia realmente transformen su vida.

La innovación terapéutica adquiere sentido cuando se traduce en más salud, menos complicaciones, mejor calidad de vida y más años de vida para quienes viven con diabetes.

Ese debe ser nuestro compromiso. Y ese, el verdadero propósito de innovar.

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La inteligencia artificial llegó a las aulas para quedarse y tratar de prohibirla probablemente sea tan inútil como habría sido prohibir el uso de internet hace más de dos décadas. El verdadero desafío no está en evitar que los estudiantes la utilicen, sino en impedir que deleguen en ella una de las capacidades más importantes de su formación: pensar.

Actualmente, los estudiantes pueden resolver en segundos un problema matemático, generar una tesis, interpretar datos, escribir un código o hasta prescribir un tratamiento, obteniendo respuestas que suelen estar bien estructuradas, utilizan lenguaje técnico y se presentan con una seguridad que inspira confianza. Ahí precisamente comienza el riesgo, porque una respuesta convincente no necesariamente es correcta.

La IA puede cometer errores, inventar referencias, utilizar información desactualizada o desarrollar un procedimiento técnicamente impecable a partir de un supuesto equivocado, por lo que, aceptar sus resultados sin revisar el razonamiento, comprobar los cálculos, contrastar las fuentes o analizar la coherencia de las conclusiones convierte una herramienta extraordinariamente poderosa en un sustituto peligroso del pensamiento crítico.

El problema no está en que un estudiante utilice inteligencia artificial para resolver un ejercicio, está en que obtenga una respuesta, la copie y continúe sin comprender cómo se llegó a ella ni verificar si es correcta. Cuando esto ocurre, la tecnología deja de complementar el aprendizaje y comienza a sustituirlo, creando, además, una falsa sensación de dominio sobre conocimientos que realmente no se han comprendido.

En algunas profesiones como la bioingeniería o las ciencias de la salud, la situación adquiere una dimensión todavía mayor, porque un cálculo con unidades incorrectas, una interpretación estadística equivocada o una referencia científica inexistente pueden parecer perfectamente plausibles. Hoy ese error puede significar perder puntos en una evaluación, pero mañana, durante el ejercicio profesional, las consecuencias pueden afectar decisiones, procesos e incluso personas.

Por esta razón, necesitamos replantearnos qué significa enseñar en tiempos de inteligencia artificial y comenzar a evaluar menos la capacidad de producir una respuesta y más la capacidad de analizarla, comunicarla con claridad y defenderla con argumentos sólidos. Presentar resultados generados por IA para que los estudiantes identifiquen errores, comprueben cálculos, contrasten fuentes, detecten supuestos y justifiquen sus conclusiones puede convertirse en un ejercicio mucho más valioso que simplemente impedirles utilizar estas herramientas.

Paradójicamente, cuanto más poderosa sea la inteligencia artificial, más importante será el conocimiento disciplinar, porque solo quien comprende realmente un tema tiene las herramientas necesarias para reconocer cuándo una respuesta aparentemente perfecta está equivocada. La tecnología puede ampliar nuestras capacidades; sin embargo, difícilmente podrá sustituir el criterio que se construye mediante el conocimiento, la experiencia y el razonamiento.

No necesitamos profesionales ajenos al uso de la IA, ni estudiantes expertos únicamente en escribir prompts; necesitamos personas capaces de aprovechar todo su potencial sin renunciar a su criterio, conocimiento y responsabilidad. La inteligencia artificial puede equivocarse y probablemente seguirá haciéndolo, pero ese no es el mayor riesgo. Lo verdaderamente preocupante sería formar una generación de profesionales que confíe tanto en sus respuestas que haya perdido la capacidad de reconocer cuándo está equivocada.

Usar inteligencia artificial no debería significar dejar de pensar, sino aprender a pensar mejor.

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