En un entorno cada vez más dinámico y competitivo, la relación cercana entre las universidades y el sector empresarial se convirtió en una necesidad estratégica. Ya no se trata únicamente de formar profesionales, sino de construir un ecosistema en el que el conocimiento aplicado y la innovación responden de manera efectiva a los desafíos reales del mercado y el desarrollo productivo.

Durante décadas, la educación superior ha sido concebida principalmente como un espacio de formación académica. Sin embargo, los cambios acelerados en la economía global, la transformación tecnológica y la creciente sofisticación de los sectores productivos, han dirigido la evolución de este rol en países más avanzados.

Tras 10 años de trayectoria, en LEAD hemos comprendido que las universidades están llamadas a ser mucho más que centros de enseñanza: deben convertirse en socios del sector empresarial, entender sus necesidades, anticipar tendencias y contribuir con la creación de valor.

Uno de los puntos de encuentro más relevantes entre ambos mundos es la formación de talento humano. Las empresas requieren cada vez más profesionales con habilidades específicas, no solo en términos técnicos, sino también en su capacidad de adaptación, análisis y aprendizaje continuo.

El dominio de más de un idioma, el manejo de herramientas cuantitativas para la toma de decisiones, la comprensión de entornos digitales y la capacidad de resolver problemas complejos, se han vuelto destrezas indispensables en múltiples industrias.

Este cambio en el perfil profesional responde, en buena medida, a la creciente presencia de empresas multinacionales de bienes y servicios de alta tecnología, a la transformación digital de los procesos productivos y a la mayor competencia en los mercados globales. En este contexto, la brecha entre lo que el mercado laboral demanda y lo que el sistema educativo ofrece se convierte en uno de los principales desafíos para la productividad empresarial.

Reducir esta brecha es una tarea compleja, que requiere una visión y acciones decididas en el largo plazo. Para las universidades implica un diseño y actualización estratégica de sus programas, la estructura de sus contenidos curriculares y su vinculación con el entorno empresarial. Escuchar activamente a las empresas, comprender sus retos y traducir esas necesidades en procesos formativos y de creación de capacidades, es una de las claves para avanzar en esta dirección.

La colaboración no se limita a la formación. La investigación aplicada, la innovación y la transferencia tecnológica, abren espacios para que el conocimiento generado en las universidades impacte directamente en la mejora de procesos, productos y servicios. Asimismo, el apoyo a los emprendimientos y la creación de nuevas empresas desde el ámbito académico contribuyen a dinamizar el tejido productivo.

Costa Rica no es ajena a estos desafíos. La evidencia muestra que persisten importantes brechas, particularmente en áreas como las ingenierías, donde la demanda de talento supera ampliamente la oferta disponible. Al mismo tiempo, existe un potencial aún no aprovechado, como la incorporación de más mujeres en carreras técnicas, una oportunidad concreta para aumentar la productividad del país.

A pesar de los desafíos, hay avances importantes que evidencian el valor de una relación más cercana entre universidad y empresa. Experiencias de colaboración, programas de prácticas profesionales, formación ejecutiva y desarrollo conjunto de iniciativas productivas, han demostrado que es posible construir vínculos de confianza que benefician a ambas partes, y a la sociedad.

Fortalecer esta alianza no es únicamente una tarea de las universidades o de las empresas. Es un desafío país. Requiere una política pública con visión de largo plazo, apertura al cambio y, sobre todo, la convicción que la competitividad y el desarrollo sostenible dependen, en gran medida, de la calidad del talento humano y de la capacidad de articular esfuerzos entre quienes lo forman y quienes lo emplean.

Después de diez años de evolución, graduar cientos de profesionales, entender la dinámica del mercado, y coordinar esfuerzos con el sector privado, seguiremos contribuyendo con la formación del talento humano que impulsará el desarrollo del país.

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Una de las falencias técnicas y académicas del estudio de la Ciencia Económica, radica precisamente en uno de sus supuestos teóricos más utilizado, el denominado “ceteris paribus”, que es interpretado por la postulación de un fenómeno particular, siempre que las demás variables se mantengan constantes, es decir, se asume que la dinámica de los otros factores, instrumentos, instituciones, sectores, personas, decisores y otros, no presente cambios en su funcionamiento. Claramente, esta incidencia no solamente es inaplicable por el mismo dinamismo del universo económico, sino también porque deja de lado las decisiones políticas que el Estado, representado por sus instituciones, plantea aún en contra de los criterios técnicos que debiesen prevalecer.

Un ejemplo claro de esta contradicción es observable en el reciente anuncio del Banco Central en términos de su política monetaria, esto pues, la institución denota tener una posición intransigente en términos de cualquier variable o movimiento que pudiese incidir de forma directa o indirecta en el tipo de cambio, y ahora parece ser que también en la cuestionable deflación señalada por la institución. Esta entidad anuncia que mantiene la tasa de política monetaria en 3.25%, señalando que no procede el ajuste en esta variable porcentual, esto a pesar de observarse y detallarse de forma oficial una deflación sostenida, entiéndase una tasa de variación negativa en los precios de bienes y servicios.

Resulta interesante analizar el argumento principal del Banco Central, esto al sostener que para el segundo semestre del año en curso es esperable una subida en precios, por lo cual, no considera pertinente ni necesaria la reducción en la tasa antes señalada, es decir, parece intuirse una decisión económica con afectación financiera de incidencia inmediata y directa en los agentes económicos, pero tomada en función de una expectativa basada en la especulación, la cual no parece tener más supuestos fácticos que alguna proyección etérea y la consideración relativa de hechos internacionales.

Este funcionamiento pareciera denotar una justificación decisoria dada por criterios políticos, esto por encima de una aplicación técnica propiamente, indicando una posición clara de la entidad hacía el mantenimiento de una tasa de deflación y de forma indirecta, un tipo de cambio a la baja.

En línea de lo anterior cabe indicar que, aunque se ha querido posicionar la deflación sostenida como un indicador de beneficio para el país, ya que implicaría que todo el costo país es menor y que los precios de la oferta comercial al mercado son reducidos, claramente, la realidad no es así, en especial al considerar bienes y servicios extendidos más allá de la canasta básica, así como aquellos ligados al comercio internacional. Adicionalmente, es importante recordar también que parece ser una estrategia tributaria conveniente para el estado el establecimiento de una deflación oficial, esto pues, su estipulación permite reducir los rangos aplicables para la base imponible de impuestos de renta a empresas y profesionales independientes, así como a los salarios, ocasionando que más personas cancelen las cargas tributarias en cuestión.

Es de interés añadir que un ajuste a la baja en la tasa de política monetaria, también implicaría un menor atractivo en la inversión en instrumentos en colones, aspecto que podría incentivar de forma relativa la demanda de inversiones en moneda extranjera, lo que por un efecto correlativo indirecto, atenuaría la caída en el tipo de cambio, dando cierta estabilidad a sectores que se ven severamente afectados por esta variable, entiéndase los exportadores, el turismo y los generadores de lucro en dólares. De igual forma, un tipo de cambio tan disminuido incrementa el costo país, puesto que se da una revalorización de la moneda nacional, implicando que la actividad económica general en la nación se torna más costosa, repercutiendo en los precios finales. No obstante, a pesar de esta sucesión de hechos, es sumamente curioso como la posición oficial sigue siendo el mantenimiento de una deflación y un tipo cambiario bajo.

Surge la interrogante: ¿Es congruente la política del Banco Central con sus objetivos de macro estabilidad y beneficio mayoritario?, la respuesta parece ser negativa, en especial al considerar que una deflación sostenida no es sinónimo de una rebaja en precios al mercado, y que también implica un decrecimiento de la actividad económica en términos reales, pudiendo repercutir en la competitividad del país. En adición a esto, la negativa estatal al ajuste en la tasa de política monetaria también señala estar en línea con un incentivo al tipo de cambio menor, beneficiando a sectores muy puntuales como importadores, deudores en dólares, y curiosamente, al mismo Estado, esto al tener que cancelar deuda externa.

Sin duda, es evidente la injerencia política en las decisiones económicas, y en especial en un ente que, según su propia normativa constitutiva, debiese ser una institución con un funcionamiento estrictamente técnico, sin embargo, la práctica parece ser otra.

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El uso de herramientas de inteligencia artificial generativa en contextos legales ha crecido exponencialmente en los últimos años. Sin embargo, una reciente decisión judicial en Estados Unidos (United States v. Heppner) ha puesto de manifiesto una advertencia relevante sobre los límites de estas tecnologías, particularmente en materia de confidencialidad y secreto profesional.

En este caso, un imputado utilizó una plataforma pública de inteligencia artificial para analizar aspectos de su situación legal y generar documentos que posteriormente compartió con sus abogados. Al intentar proteger dichos documentos bajo el privilegio abogado-cliente, el tribunal rechazó su pretensión, señalando que la interacción con una herramienta de inteligencia artificial no constituye asesoría legal y que, al involucrar a un tercero, aunque fuese tecnológico, se pierde la expectativa de confidencialidad.

Es importante aclarar que la decisión no está exenta de cuestionamientos. Existen argumentos razonables para sostener que el uso de herramientas tecnológicas de inteligencia artificial podría, en ciertos supuestos, asimilarse al uso de terceros necesarios para la prestación del servicio legal, tales como peritos, traductores u otras plataformas tecnológicas―como correo electrónico y procesadores de texto―, sin que ello implique necesariamente la pérdida del privilegio de secreto profesional. Asimismo, el análisis sobre la expectativa de confidencialidad es debatible, no solo por el uso que las personas le dan en la realidad a estas plataformas, sino también por cómo suelen aprovechar los “terceros” la información que se transmite. A esto se suma que la decisión podría ser objeto de apelación, lo que abre la posibilidad de que tribunales superiores delimiten con mayor precisión estos conceptos.

Desde la perspectiva costarricense, el secreto profesional constituye un pilar esencial del ejercicio de la abogacía, reconocido tanto en la normativa como en los principios éticos de la profesión. Sin embargo, su protección no es absoluta: la divulgación de información a terceros puede comprometer su alcance. En este contexto, el uso de plataformas de inteligencia artificial― particularmente aquellas de acceso abierto―plantea interrogantes relevantes sobre si dicha divulgación podría considerarse incompatible con la preservación de la confidencialidad.

Más allá del debate doctrinal, el riesgo es eminentemente práctico. En Costa Rica, el uso de la inteligencia artificial en el ámbito legal ya es una realidad, pero aún no cuenta con marcos claros de regulación o lineamientos formales, lo que traslada el riesgo directamente a las personas, las organizaciones y sus asesores.

En la operación diaria de muchas organizaciones, ya es común que colaboradores utilicen herramientas de inteligencia artificial para resumir contratos, analizar cláusulas o redactar comunicaciones legales. Sin lineamientos claros, esto puede implicar que información sensible― incluyendo términos comerciales, estrategias de negociación o datos personales―esté siendo compartida con terceros sin conocimiento ni control de la organización.

Esto plantea preguntas que muchas empresas aún no han abordado de forma estructurada:

• ¿Qué tipo de información puede compartirse en estas plataformas?
• ¿Se están utilizando versiones públicas o entornos controlados?
• ¿Existen políticas internas que regulen su uso en contextos legales o contractuales?

En este escenario, la inteligencia artificial no debe entenderse como un sustituto de la asesoría legal, sino como una herramienta que requiere marcos adecuados de gobernanza. La implementación de políticas internas claras, la capacitación de equipos y la definición de protocolos para el uso de estas tecnologías en funciones legales se vuelve cada vez más relevante.

En nuestra experiencia, las organizaciones más avanzadas ya están abordando estos desafíos mediante la adopción de marcos de gobernanza que permiten aprovechar sus beneficios sin comprometer la confidencialidad ni la gestión de riesgos legales.

El caso Heppner no constituye necesariamente una regla definitiva, pero sí una señal clara: el uso de inteligencia artificial en contextos legales exige prudencia, criterio y, sobre todo, una estrategia bien definida.

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Semana Mundial del Parto Respetado: una denuncia urgente sobre los derechos que Costa Rica sigue sin garantizar

En Costa Rica el parto sigue siendo para muchas mujeres un escenario de vulneración, donde la violencia, la humillación y la negligencia se entrelazan con la falta de escucha, incluso cuando existen leyes y protocolos que deberían asegurar dignidad, seguridad y respeto.

Desde mi labor en derechos humanos acompaño a numerosas mujeres víctimas de violencia obstétrica, y la recurrencia de sus testimonios demuestra que no estamos ante hechos aislados, sino ante un patrón que se repite con dolorosa regularidad.

El Observatorio de Violencia Obstétrica Costa Rica recibe reportes constantes que evidencian que esta problemática no es excepcional, sino estructural y persistente; a ello se suma el Movimiento de Parálisis de Erb Costa Rica, integrado por madres que fueron violentadas durante sus partos y cuyos bebés sufrieron discapacidades permanentes por la falta de atención oportuna y por maniobras como la “Kristeller”, prácticas que no solo lesionaron a las mujeres, sino que dejaron daños irreparables en sus hijos e hijas, daños que pudieron evitarse.

En los últimos meses he acompañado también a dos mujeres que enfrentan el duelo de sus bebés, fallecidos por omisiones que jamás debieron ocurrir, recordándonos que la violencia obstétrica no es un concepto abstracto, sino una realidad que marca vidas para siempre.

La Semana Mundial del Parto Respetado no es un gesto conmemorativo ni una fecha más en el calendario; es un recordatorio incómodo de que, en pleno siglo XXI, seguimos permitiendo prácticas que la Organización Mundial de la Salud clasifica como violencia de género, prácticas que incluyen intervenciones sin consentimiento, negación de acompañamiento, tratos degradantes, humillación verbal, procedimientos dolorosos sin explicación, separación injustificada del bebé, amenazas, negligencia y omisiones que ponen vidas en riesgo.

Y mientras esta violencia ocurre, existe una ley —la Ley de Parto Respetado de 2021— que reconoce el derecho de toda mujer a un parto digno, informado y acompañado. Sin embargo, una ley sin cumplimiento es apenas un papel, y en Costa Rica ese papel se está rompiendo sobre los cuerpos de miles de mujeres.

Cuando el sistema falla: la historia de Lu

Para comprender la gravedad de lo que ocurre basta escuchar la historia de una mujer a quien llamaré Lu, una joven de 18 años que vivió su parto en un hospital público. Su embarazo había sido normal y su control prenatal adecuado, pero las primeras manifestaciones de violencia comenzaron apenas fue internada.

Ingresó a las siete de la mañana, le realizaron un ultrasonido y le dijeron que todo estaba bien, que le colocarían un gel para inducir el parto; sin embargo, las horas pasaban sin explicación y, cuando preguntó, un enfermero se limitó a responder que “más tarde verían”.

Las contracciones iniciaron de noche, primero sin dolor y luego intensas, una enfermera le ofreció un suero “para acelerar”, sin explicarle qué era. A las cinco de la mañana, con apenas tres centímetros de dilatación, otra enfermera le pidió permiso para “ver si llegaba a cuatro”, pero lo que hizo fue una separación de membranas sin informarle ni pedir su consentimiento.

En sala de partos, la situación se volvió abiertamente violenta. Cuando una contracción fuerte hizo que se le cayera el suero, una enfermera le dijo que no estaba colaborando y que sacarían al papá para dejarla sola; no la dejaron moverse, ni elegir posición, ni la escucharon cuando advirtió que estaba sangrando demasiado. Le administraron oxitocina sin explicaciones y, al ver que no dilataba con la rapidez que esperaban y que el ritmo cardiaco del bebé bajaba, decidieron realizar una cesárea de emergencia.

Antes de entrar al quirófano, una enfermera le jaló el pelo para ponerle un gorro, luego le colocaron una sonda sin explicarle nada y la dejaron expuesta en un pasillo, con las piernas abiertas y su cuerpo completamente visible, mientras trabajadores del ICE y estudiantes observaban sin su consentimiento, señalándola y comentando: “vean, va para cesárea, vean bien”.

Su bebé nació bien, pero no se lo dieron para contacto piel a piel y nadie le explicó por qué. En recuperación, un enfermero le dijo que la pasarían al salón “cuando él quisiera”, no cuando ella preguntara; lloró sin saber dónde estaba su hija.

Cuando finalmente la llevaron, tuvo que cambiarse sola de camilla, adolorida y mareada, porque “necesitaban la camilla”. Descubrió que a su bebé le habían dado fórmula sin consultarle; cuando pidió ayuda para alimentarla, una enfermera pellizcó a la recién nacida para “despertarla”, y al pedirle que no lo hiciera, la enfermera se molestó y se fue.

Esa noche, otra funcionaria le advirtió que si no podía levantarse a bañarse sola, se llevarían a su bebé; mareada y débil, se obligó a ponerse de pie. Pasó de lunes a jueves en el hospital y, aunque salió con su hija en brazos, salió también con una herida más profunda: la de haber sido tratada como un objeto, no como una persona.

La violencia obstétrica no es un concepto: es una realidad documentada

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia obstétrica como maltrato, abuso o falta de respeto antes, durante o después del parto; la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que esta violencia debilita la confianza en los sistemas de salud y deja secuelas físicas y emocionales irreparables. El Observatorio de Violencia Obstétrica Costa Rica confirma que estas prácticas siguen ocurriendo en hospitales públicos y privados, y el Movimiento de Parálisis de Erb Costa Rica demuestra que la negligencia no solo hiere, sino que también discapacita y mata. Estas realidades no pueden seguir siendo minimizadas, justificadas ni normalizadas bajo la narrativa de “así se ha hecho siempre”.

Una ley que existe, pero que no se cumple

La Ley de Parto Respetado reconoce derechos fundamentales como el trato digno, la información clara, el consentimiento informado, el acompañamiento continuo, la libertad de movimiento, el respeto por la fisiología y el contacto piel a piel. Sin embargo, en la práctica estos derechos se violan todos los días.

Una ley sin formación, sin auditorías, sin sanciones y sin voluntad institucional es una ley que no protege; la violencia obstétrica no se erradica con afiches ni con discursos, sino con responsabilidad, vigilancia, formación en derechos humanos y un compromiso real con la vida y la dignidad.

El cuerpo de la mujer no es territorio de abuso

La violencia obstétrica no es una experiencia aislada, es un problema de derechos humanos; es una realidad que nos obliga a confrontar quiénes somos y quiénes aspiramos a ser como país.

Como especialista en derechos humanos he acompañado a muchas mujeres que llegan rotas, confundidas, culpabilizadas, silenciadas; mujeres que no solo parieron, sino que sobrevivieron, y ninguna mujer debería sobrevivir su parto. Si queremos un país donde nacer no implique violencia y parir no implique riesgo, debemos actuar como sociedad. La dignidad no es opcional, la autonomía no es negociable y el respeto no puede seguir dependiendo de la suerte o del turno. Cuando una mujer ejerce sus derechos, cambia su parto; cuando un Estado los protege, cambia la historia de su pueblo.

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En un mundo donde los países compiten por inversión, innovación y desarrollo, suele pensarse que las ventajas están en los recursos naturales, la ubicación geográfica o los incentivos fiscales. Sin embargo, hay un factor que supera a todos: el talento humano. Y los datos lo confirman con una claridad que debería preocuparnos y motivarnos a la vez.

Un reciente estudio de McKinsey & Company sobre productividad en América Latina revela que entre 1997 y 2022, apenas el 35% del crecimiento del PIB regional provino de ganancias en productividad. En contraste, países con condiciones iniciales similares a las nuestras —como Polonia o Turquía— lograron que la productividad explicara entre el 66% y el 91% de su crecimiento. La diferencia no estuvo en sus recursos naturales ni en su ubicación geográfica: estuvo en cómo formaron a su gente y organizaron sus recursos.

Costa Rica no puede decidir su cercanía a los mercados internacionales ni controlar factores externos como el clima o las condiciones globales. Pero sí puede tomar una decisión estratégica clara: invertir en la formación de sus profesionales. Y es precisamente ahí donde se define su competitividad en el largo plazo.

La urgencia de esta decisión es mayor de lo que muchos perciben. El mismo estudio de McKinsey proyecta que el crecimiento de la fuerza laboral latinoamericana —que superó el 2,7% anual entre 1960 y 2000— caerá a apenas 0,6% en el período 2025–2035 y se volverá negativo alrededor de 2040. Esto transforma el argumento por completo: ya no se trata solo de una oportunidad desaprovechada. Cuando el bono demográfico se agota, la productividad deja de ser una ventaja competitiva y se convierte en una necesidad de supervivencia económica.

El talento humano no solo ejecuta tareas. Es el que asigna los recursos, incorpora tecnología, toma decisiones y traduce inventiva en innovación. Cuando ese talento domina la transformación del mercado, cuenta con herramientas actualizadas y utiliza datos para optimizar procesos productivos e innovar, el resultado es mayor eficiencia, más valor agregado y un crecimiento económico incremental. En resumen: verdadera competitividad.

Pero este potencial no se desarrolla de forma automática. Requiere una educación que entienda el momento actual y que prepare a los profesionales no solo para el presente, sino para un entorno volátil. La educación, junto con la tecnología, es el principal potenciador de ese talento y, por tanto, de la competitividad del país.

¿Qué tipo de profesionales necesita Costa Rica para sostener y potenciar su competitividad? La respuesta no está únicamente en carreras específicas, sino en el desarrollo de competencias transversales que marquen la diferencia en cualquier ámbito. En diez años de trayectoria en LEAD University, hemos observado tres de estas competencias emerger con fuerza en las empresas que más crecen y en los profesionales que más impacto generan.

La primera es un nuevo enfoque de liderazgo, más humanista. En un entorno donde muchas tareas pueden automatizarse, el valor humano radica en la capacidad de decidir con criterio ético, de entender contextos complejos y de potenciar equipos diversos. Hemos visto cómo egresados que dominan esta dimensión avanzan más rápido en las organizaciones, no porque sepan más técnica, sino porque saben leer situaciones y mover a las personas. La empatía, el pensamiento crítico y la comprensión de realidades diversas son, paradójicamente, las habilidades menos automatizables y las más demandadas.

La segunda es la capacidad de tomar decisiones basadas en datos. Hoy, todas las profesiones están condicionadas por la información. Saber interpretarla, utilizarla en contextos de incertidumbre y apoyarse en herramientas como la inteligencia artificial de manera ética y perspicaz es clave. América Latina, según el mismo estudio de McKinsey, obtiene en promedio 41,5 sobre 100 en el Índice Global de Adopción de IA, por debajo de los líderes mundiales. Esa brecha no se cierra con infraestructura tecnológica solamente: se cierra con profesionales formados para pensar con datos.

La tercera es la inteligencia contextual. El entorno político, económico, ambiental y social cambia a gran velocidad, y los profesionales deben ser capaces de anticiparse, integrar información diversa, tomar decisiones en contextos de incertidumbre y adaptarse con agilidad. En una región que enfrenta el reto de crecer antes de envejecer, esta capacidad de lectura estratégica del entorno se convierte en una ventaja competitiva nacional, no solo individual.

Formar este tipo de talento sigue siendo un desafío. A lo largo de nuestros diez años de trayectoria hemos constatado que la brecha entre lo que ofrecen muchos sistemas educativos y lo que demanda el mercado laboral no es estática: se mueve, y se mueve rápido. Las instituciones que no evolucionen a ese ritmo no solo perderán relevancia, quedarán en deuda con sus estudiantes y harán que el país pierda competitividad.

Aquí es donde la educación privada tiene un rol estratégico. No se trata solo de transmitir conocimiento, sino de gestionar experiencias de aprendizaje que desarrollen habilidades, criterio y capacidad de adaptación. Esto implica programas académicos actualizados que integren tecnología y análisis de datos, pero también metodologías que acerquen a los estudiantes a la realidad empresarial: resolución de casos reales, simulación de escenarios, toma de decisiones bajo presión, creación de ambientes propicios para la innovación.

El vínculo con el sector productivo es fundamental. La formación no puede darse de espaldas al mercado sino en simbiosis con él. Cuando los estudiantes se enfrentan a problemas reales y trabajan con profesores que también tienen experiencia práctica, el aprendizaje se vuelve más profundo y aplicable. Este modelo —que en países como Costa Rica ya muestra resultados en sectores como dispositivos médicos y servicios digitales— debería convertirse en el estándar, no en la excepción.

Y el potencial está ahí. América Latina cuenta hoy con más de 6,3 millones de profesionales digitales —una base mayor que la de Estados Unidos—, y países como Costa Rica superan a India en dominio del inglés, según el mismo estudio de McKinsey. Tenemos la materia prima humana para competir en las industrias de mayor crecimiento global. Lo que nos falta no es talento latente: nos falta la formación que lo active y lo proyecte.

Un modelo educativo basado en el desarrollo del talento humano genera un círculo virtuoso. Atrae inversión, impulsa la innovación y promueve un crecimiento más sostenible y equitativo. La productividad basada en conocimiento permite avanzar hacia prácticas más responsables con el ambiente y abre oportunidades de movilidad social basadas en el mérito.

La competitividad de Costa Rica no se construirá desde sus recursos, sino desde su gente. Pero esto no ocurrirá solo. Requiere que las instituciones educativas dejen de preparar para el ayer y empiecen a formar para el mañana. Requiere que el sector privado invierta en sus equipos con la misma lógica con que invierte en tecnología. Y requiere que como país asumamos que la formación del talento no es un gasto social: es la única estrategia de crecimiento que ningún otro recurso puede reemplazar.

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En Costa Rica está ocurriendo algo profundo y esperanzador: cada vez más mujeres buscan formas de parir que honren su cuerpo, su autonomía y su capacidad innata para dar vida. Este cambio no nace de una tendencia pasajera, sino de la evidencia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) respalda el modelo de la partería como una de las estrategias más efectivas para garantizar nacimientos seguros, dignos y respetados. Es, en esencia, la respuesta a lo que tantas mujeres han pedido durante años: un nacimiento acompañado, informado y centrado en ellas.

La partería no es una práctica del pasado, es un modelo de atención que reconoce la fisiología del parto como un proceso saludable, que privilegia la escucha, la presencia continua, la calma y el respeto. Entiende que el nacimiento no es solo un evento clínico, sino un acontecimiento humano que marca para siempre la vida de la madre y de la familia misma.

Mientras el sistema tradicional suele operar desde la prisa, la intervención rutinaria y la distancia emocional, la partería ofrece lo contrario: tiempo, acompañamiento, confianza, información clara y un profundo respeto por los ritmos del cuerpo. La evidencia es consistente, el acompañamiento continuo —como el que brindan las parteras y las doulas— reduce cesáreas, disminuye intervenciones innecesarias, mejora la experiencia emocional y fortalece la seguridad de la madre y del bebé.

En Costa Rica, este modelo está tomando fuerza. No porque sea alternativo, sino porque responde a una necesidad real: devolverles a las mujeres el protagonismo sobre sus propios nacimientos, ofrecer alternativas más humanas y sanar una historia donde demasiadas veces el parto ha sido vivido con miedo, desinformación o soledad.

Así como la OMS ha sido clara al afirmar que la violencia obstétrica es una forma de violencia de género, también ha señalado que la partería es una de las vías más efectivas para prevenirla.

Diana, la prueba viva de que el cuerpo sabe cuándo es escuchado

En un país donde tantas mujeres viven miedo y desinformación, también existen historias que muestran que otra forma de nacer es posible. Una de ellas es la de Diana, quien ha tenido dos partos vaginales y comparte su vivencia con una claridad que ilumina.

En su primer nacimiento, aunque estaba feliz y sin miedo gracias a un excelente curso de preparación, sintió que tuvo que “pulsearla” para lograr un parto vaginal. Le pusieron epidural, le hicieron episiotomía y no la dejaron moverse como su cuerpo pedía. Fue un nacimiento hermoso porque llegó su hija, pero también un parto intervenido y dirigido por otros. Ese día entendió que su cuerpo merecía más respeto del que había recibido.

Su segundo parto fue completamente distinto. Ya formada como doula, llegó informada, empoderada y acompañada por una partera y por un obstetra que practicaba el parto humanizado. Esta vez no tuvo que pedir permiso para ser protagonista, lo fue desde el inicio. Pudo moverse, respirar, gritar, reír. Entre contracción y contracción sentía dolor, pero también alivio y satisfacción. A su lado, su partera le hacía masajes y le recordaba que su cuerpo sabía parir. Todas las decisiones fueron informadas y nada se hizo sin su consentimiento. Diana lo resume así: “Esto es respeto. Esto es cuidado. Esto es un derecho que se está cumpliendo”. Su historia demuestra que el parto respetado no es una utopía, sino una posibilidad real cuando hay voluntad, formación y humanidad.

El arte de acompañar: parteras y doulas en el corazón del parto

En Costa Rica, parteras y doulas acompañan a mujeres en hospitales públicos, privados y también en sus hogares. Su labor reduce intervenciones innecesarias, mejora la experiencia emocional, disminuye el miedo, fortalece la autonomía, protege la fisiología y, en muchos casos, salva vidas. A pesar de ello, su trabajo continúa siendo invisibilizado, subvalorado o incluso obstaculizado.

La OMS reconoce que tanto las parteras como las doulas cumplen un papel fundamental dentro del acompañamiento continuo, un modelo de apoyo que resguarda la fisiología del parto, la autonomía de las mujeres y su bienestar emocional. Costa Rica está viendo un crecimiento de la partería, impulsado por mujeres que buscan alternativas más humanas y por profesionales que entienden que el respeto no es un lujo, sino un derecho.

Construyamos un país que acompañe la vida desde el inicio

La historia de Diana es una luz en medio de un sistema que todavía tiene sombras. Es la prueba viva de que el respeto no solo es posible, sino transformador; de que la información cambia destinos; de que el acompañamiento continuo sostiene, repara y devuelve poder y de que la autonomía no se negocia.

El futuro del nacimiento en Costa Rica no depende únicamente de infraestructura o tecnología, depende de nuestra capacidad colectiva de escuchar a las mujeres, de creerles, de reconocer que sus cuerpos no son territorio de control sino de autonomía y de aceptar que el respeto es un derecho humano. Si queremos un país donde el parto humanizado sea la norma, debemos empezar por brindar información que empodere, sensibilización que transforme y acompañamiento que sostenga.

Necesitamos que los colegios enseñen el respeto por el cuerpo y el consentimiento, que las universidades formen profesionales capaces de mirar a las mujeres a los ojos, que los hospitales integren a parteras y doulas como aliadas, que las instituciones escuchen sin minimizar y que la sociedad deje de normalizar la violencia obstétrica como si fuera parte del proceso. Un país que educa en respeto acompaña en respeto, y un país que acompaña en respeto transforma generaciones.

Cuando una mujer conoce sus derechos, cambia su parto. Y cuando un país cambia la forma en que nacen sus hijos, cambia su historia.

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Durante mis más de dos décadas acompañando procesos empresariales, existe una afirmación que se repite constantemente en salas de juntas, talleres y conversaciones con líderes empresariales: “¿Cuál es la fórmula para innovar?”

La respuesta puede resultar incómoda, pero es necesaria: no existe una fórmula única para innovar.

Cada empresa es distinta. Cada mercado evoluciona a ritmos diferentes. Cada cliente redefine sus necesidades constantemente. Por eso, pretender que la innovación responda a un modelo universal es desconocer la naturaleza misma de las organizaciones.

Una empresa se parece mucho a un ser vivo. Tiene identidad, cultura, historia, fortalezas y también resistencias propias. Lo que funciona para una organización puede fracasar en otra. Por ello, el verdadero reto no consiste en copiar metodologías, sino en descubrir cuál es el camino de innovación que mejor responde a su realidad empresarial y sea de gran valor para sus clientes.

Además la innovación no es un proyecto con fecha de inicio y cierre. Es un proceso continuo. Nunca termina porque la empresa cambia, el mercado cambia y las expectativas de los clientes evolucionan todos los días. Cuando una organización cree que ya innovó lo suficiente, probablemente ya empezó a quedarse atrás.

Un error muy común es pensar que innovar va solo con el lanzamiento de un nuevo producto o servicio. Antes hay un pilar más valioso que es la identidad de la innovación dentro de la cultura organizacional de la empresa.

La innovación no es responsabilidad exclusiva del área comercial, de mercadeo o de un departamento creativo, sino de convertirse en un eje transversal, presente en cada área administrativa y operativa.

Cuando todos los colaboradores entienden que innovar forma parte de su trabajo diario, la empresa comienza a generar una cultura donde las ideas surgen naturalmente, los problemas se enfrentan con creatividad y las oportunidades aparecen donde antes solo había rutina.

Hoy las empresas que deciden no aventurarse a innovar enfrentan un riesgo silencioso: dejar de crecer mientras el mercado avanza sin ellas. No innovar ya no es una posición neutral; es una decisión que puede limitar la competitividad y la permanencia empresarial.

Ningún manual definirá exactamente cómo debe innovar su empresa. Pero ahí radica precisamente la oportunidad de que su negocio empiece hoy mismo a cuestionar y construir su ruta de innovación. Con actitud, resiliencia, apertura mental y liderazgo, es posible encontrar su propia fórmula.

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Durante años he escuchado a empresarios y altos ejecutivos repetir una idea peligrosa: “yo no necesito construir una marca personal, mi trabajo habla por mí”. Entiendo de dónde viene. Es cómoda, incluso lógica. Pero hoy, en un entorno donde la atención es escasa y la competencia es permanente, esa creencia no solo es ingenua, sino que puede resultar costosa.

De seguro usted conoce casos en los que una firma de abogados o una empresa de logística – por dar ejemplos – con 20 o 30 años de trayectoria pensó que tenía el mercado controlado, hasta que apareció una nueva empresa, sin tanto camino recorrido, pero con mucha presencia de marca en medios y redes. En cuestión de meses, desbancó a la firma tradicional. Y lo mismo con profesionales independientes o, incluso, entre colaboradores de una compañía: una persona que se sabe mostrar (aka vender), gana.

En mi experiencia como asesora de relaciones públicas he comprendido que la marca personal no es sólo para famosos ni consiste en un ejercicio de exposición superficial. Es control de percepción. Cuando los demás me perciben como quiero ser percibido (útil, capaz, creativo, recursivo, resolutivo, proactivo, buen comunicador y seguro de mí mismo, etc.), las puertas se abren solas.

Ahora bien, el punto de partida es este: todas las personas tenemos una marca personal, la gestionemos intencionadamente o no.  Cada decisión, cada silencio, cada interacción, cada posteo, cada proyecto, cada conversación construye una narrativa sobre quién soy profesionalmente. Todos esos espacios son una perfecta ocasión para dejar clara cuál es nuestra propuesta de valor.

He visto líderes brillantes quedarse fuera de oportunidades simplemente porque nadie entendía con claridad qué hacían o qué valor aportaban. No es un problema de talento, es de comunicación y visibilidad estratégica. Hoy, hacer bien el trabajo es apenas el punto de partida. La clave está en que el mercado — interno o externo — pueda leer nuestro valor.

Otro error frecuente es reducir la marca personal a redes sociales. La reputación se construye también en una sala de juntas, en una negociación, en cómo lidero un equipo o en cómo otros hablan de mí cuando no estoy presente. Pensar que todo ocurre en digital es ignorar la mitad del juego.

Y ahora que hablamos de redes sociales, quisiera abordar un tema que me preocupa: la confusión entre autenticidad y sobreexposición. Ser auténtico no significa contar todo ni renunciar a nuestra privacidad. Significa ser coherente. La confianza no se construye con confesiones constantes, sino al ser consistente en el tiempo. La reputación sigue siendo un activo de largo plazo.

El tercer error – o mito – que suelo encontrar en mis sesiones exploratorias o capacitaciones empresariales es que muchos ejecutivos rechazan trabajar su marca personal porque la asocian con ego. Pero la verdadera marca personal no trata de “hablar de mí”, sino de generar valor para otros. De hecho, el contenido útil y la experiencia compartida tienen mucho más peso que cualquier intento de autopromoción vacía.

Entonces, la pregunta no es si debería trabajar su marca personal. La pregunta real es si está dispuesto a dejar su reputación al azar.

Como experta en personal branding, lo veo todos los días: no gana quien más ruido hace, sino quien logra que las personas correctas entiendan su valor.

Y usted, ¿está gestionando su marca… o está dejando que otros la definan?

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Sin tener indicadores financieros claros, la gastronomía sostenible se convierte en un negocio altamente sensible en el tiempo.  Se debe tener mucho cuidado porque en la industria se habla mucho de ventas, de ocupación y conceptos innovadores, pero poco se habla de EBITDA: la clave.

El EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) es un indicador que mide la utilidad operativa real de un negocio antes de intereses financieros, impuestos y efectos contables.  En términos simples, refleja la capacidad que tiene una empresa de generar flujo operativo sostenible.

Y eso se debe de tomar en cuenta de manera indispensable. Sin EBITDA saludable, no hay reinversión.  Sin reinversión, no hay crecimiento.  Y sin crecimiento estructurado, no hay permanencia.

He visto restaurantes llenos cerrar en pocos años. No por falta de clientes, sino por falta de estructura. Es que operar sin conocer los indicadores clave no es valentía empresarial.  Es improvisación. Si queremos profesionalizar la industria gastronómica en Costa Rica, debemos hablar de números con la misma seriedad con la que hablamos de cocina.

Algunos de los indicadores clave

Alquiler + Cuota de Mantenimiento. Objetivo: máximo 10% de las ventas.
Cuando el gasto de ocupación supera el 12% de forma sostenida, el modelo comienza a tensionarse.

Política de Costo de Venta. Recomendable: 30% – 35% de las ventas.
Si el costo de venta supera el 38% de manera constante, la capacidad de generar EBITDA saludable se reduce significativamente.

Planilla + Cargas Sociales. Máximo: 20% de las ventas.
Cuando supera el 22%–23%, la rentabilidad estructural se compromete.

Gasto de Mercadeo. Referencia: 5%.. Es inversión estratégica, no gasto opcional.

Gasto Administrativo. Aproximadamente 3,5%. Mejora cuando existe una estructura holding que centraliza funciones.

Gastos Operativos (Restaurante, Bar y Cocina). Máximo: 10%. Incluye suministros, mantenimiento menor y servicios públicos (electricidad, agua, gas, teléfono e internet). Cuando este bloque supera el 10%, suele reflejar ineficiencias operativas que impactan directamente el margen.

Estructura financiera objetivo: Alquiler: ≤ 10%. Costo de venta: 30% – 35%. Planilla: ≤ 20%
Mercadeo: 5%. Administrativo: 3,5%. Operativos: ≤ 10%. Total, estructura de costos: 78,5% – 83,5%. EBITDA esperado: 16,5% – 21,5%.

Indicadores avanzados:

Ticket Promedio vs Punto de Equilibrio: Si el punto de equilibrio mensual es de $75.000 y el ticket promedio es de $25, se requieren 3.000 comensales al mes (aproximadamente 100 diarios).

Tiempo de recuperación del CAPEX: CAPEX (Capital Expenditure) es la inversión inicial en construcción, remodelación, equipamiento y tecnología. Si la inversión fue de $400.000 y el EBITDA anual proyectado es de $80.000, la recuperación estimada es de 5 años.

Un restaurante puede estar lleno y aun así ser financieramente frágil. La intuición abre restaurantes. Los indicadores construyen empresas.

Pedro Soto Mena es empresario del sector gastronómico y fundador de un modelo corporativo aplicado a la hospitalidad.

Cuenta con una Maestría en Finanzas y una Maestría en Mercadeo del Tecnológico de Costa Rica, y más de 24 años de experiencia en hotelería, eventos especiales y restaurantes.

Contacto: pedro@sgc.capital

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La tasa inflacionaria consiste en una variable macroeconómica que muestra el cambio en los precios finales de los bienes y servicios disponibles en una economía determinada dados a valores observables en el comercio, implicando que su movimiento o permuta señala, precisamente la variabilidad de estos rubros y su efecto en la dinámica adquisitiva de las personas. En esta lógica se presentan tres posibilidades, siendo la primera un incremento en los precios, a lo cual se llama inflación propiamente, con una segunda opción al darse una tasa negativa, fenómeno conocido como la deflación, o bien, un caso muy particular, donde la variación sea cero, indicando que no existe movimiento en los valores.

Este fenómeno repercute en el valor de los bienes y servicios, que por ende impacta el costo de vida, siendo que, al darse una inflación, es decir una tasa positiva, se incrementa el valor general del consumo, afectando negativamente a las personas, o bien, en caso de darse una deflación, entiéndase una tasa negativa, técnicamente una misma cuantía monetaria determinada tiene un alcance mayor para la compra de productos o servicios. Bajo esta dinámica, en el país se ha querido plasmar la idea de que una tasa hacia la baja en los precios (deflación) es un logro país y que beneficia a la mayoría de los habitantes, tema que tiene distintas aristas de análisis.

Primeramente, bajo un criterio erróneo y de enfoque político, se ha acuñado la frase “inflación negativa”, tema que no solo es incorrecto en su definición misma, sino que por si mismo no implicaría que la oferta consumible sea más barata. El hecho de contar con un dato oficial de deflación refiere a un indicador calculado, no necesariamente en función de todos los bienes y servicios disponibles, sino más bien, y dependiendo del índice que se analice, hace referencia a ítems propios de la canasta básica o precios de consumo, pero no considera la extensión de dichos preceptos, de forma que no revela la realidad del costo generalizado en el mercado, siendo más una frase de connotación política que un concepto técnico.

Otro punto de interés, y con base en esta supuesta deflación oficial generalizada para el país, al interpretarse una caída en el costo de vida general, por regla de ajuste los salarios no crecen, ya que, amparados en este falaz funcionamiento cambiante de los precios hacia la baja, no parece justificarse un ajuste en la compensación salarial de las personas, pues según el indicador la misma cantidad de dinero ahora tiende a alcanzar aún para más compras. Esto afecta especialmente a los sectores más vulnerables, así como a quienes devengan un salario mínimo, no observando incremento alguno en su remuneración, esto a pesar de que el consumo de la canasta extendida se torna más alto en términos de precios.

Un tercer elemento de análisis, el cual no suele ser comunicado con relación a la deflación, refiere a los ajustes automáticos que se realizan sobre la base imponible de los impuestos de renta a diferentes actividades, resaltando acá el tributo a las utilidades de las personas mercantiles, el tributo a la ganancia de los profesionales independientes, así como el impuesto directo a los salarios. En los tres casos la aplicación de la tasa tributaria se da de forma escalonada sobre rangos monetarios, los cuales se ajustan hacia arriba con base en la inflación anual, no obstante, al existir una supuesta deflación, estos intervalos son adecuados hacia abajo, implicando que personas jurídicas y profesionales con menores ganancias, así como trabajadores con menores ingresos se configuran como sujetos pasivos de la obligación tributaria, afectando sus ingresos de forma directa, siendo los más afectados aquellos de menor generación lucrativa.

En esta línea, puede también hacerse mención a temas como la imposibilidad de ajustar la cuota por arrendamiento, o bien, adecuaciones inconsistentes en materia de movimientos financieros asociados a tasas de interés de ligamen a la variable inflacionaria, temas que de igual forma repercuten en una pérdida en la capacidad adquisitiva de las personas generadoras de lucro, que no necesariamente son representadas por grandes capitales, ni son comprendidos por grandes contribuyentes. Indicando así que la definición oficial de una tasa deflacionaria en el país no precisamente es una ventaja para quienes son los generadores de la actividad económica creadora de oportunidades de trabajo, o bien, para la fuerza laboral propiamente.

Quizás el tema de mayor relevancia, que sin duda demuestra una falacia comunicativa, radica en la interrogante ¿Es realmente más barato el país con base en la deflación oficial?, acá vale la pena hacer el autoanálisis referente a la capacidad de compra y pago del consumo general de las personas, donde y a pesar de señalarse de manera abierta que el país tiene ahora un costo de vida inferior, se observan incrementos en los micro créditos, índices de deuda en aumento, así como un crecimiento vertiginoso de la morosidad en colones, esto a pesar de partir del supuesto de un país con una deflación sostenida. Es así como se observa la disyuntiva entre la comunicación política ideológica y el fanatismo, esto en contraposición a la realidad pragmática económica.

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