La concepción técnica y epistemológica de la propiedad privada radica en la esencia misma del ser humano, siendo concebida desde los inicios de la existencia de los derechos del ser humano en su esencia más básica, entiéndase, el respeto a la vida, la libertad, la salud, así como la tenencia y el resguardo de su haber propietario. Definiendo la propiedad como un elemento adyacente y fundamental de la existencia misma de las personas, esto a la luz de la subsistencia, el crecimiento y la integridad misma.

En este orden de ideas, la propiedad privada se define como la posibilidad de ejercer la tenencia y el señorío sobre los bienes generadores de la actividad económica, también conocidos como los factores productivos, comprendidos por la tierra, el trabajo y el capital, y de más reciente añadidura a la teoría y la doctrina, la tecnología, el conocimiento y la información. Bajo esta lógica puede también definirse el concepto de riqueza, el cual hace mención a la capacidad que tenga una determinada unidad productiva, física o jurídica, de acumular factores de producción en su haber, generando así la concepción de la propiedad en su máxima expresión.

Ahora bien, en esta dinámica se conciben dos criterios ideológicos, los cuales señalan que la riqueza se produce, ya sea por el trabajo, o bien, por la tierra, precisando cada uno de ellos que la capacidad de incrementar el haber propietario es dada en función casi inversa uno del otro. Ambas teorías resultan ser válidas dependiendo de su enfoque, no obstante, parecen dejar de lado la inherente interacción que existe entre la simple tenencia y la productividad, la cual solo es posible al detallar una fuerza intelectual o física explotadora de estos factores, y claro está, con un elemento adyacente de impulso dado por el dinero mismo derivado del lucro asociado, el cual, para que realmente sea productor de riqueza, debe ser reinvertido y no gastado en el corto plazo.

Surge acá la división fundamental de la ideología político-económica, dada por la concepción de la derecha y la izquierda, donde la primera promulga que los factores económicos generadores de riqueza deben estar en manos particulares y eficientes en términos de productividad, esto con un Estado reducido y funcional, mientras que la segunda corriente predica la tenencia del haber propietario únicamente por el Estado, predicando en su máxima expresión, la desaparición de la propiedad privada. Nótese que ambas aristas señalan tener extremos y puntos medios, no obstante, es la izquierda la que en su línea más extrema de pensamiento busca la destrucción de su contraparte, generando así el concepto del super Estado, con una capacidad única y absoluta del control económico e ideológico.

En este funcionamiento surge a la luz la teoría del socialismo, el cual postula la existencia de una propiedad estatal mayoritaria, con poco o nulo enfoque al haber productivo privado, donde el aparato estatal debe crecer en aras de evitar una propagación de lucro ajeno a la función del gobierno. Acá se señala lo que parece ser la hipocresía más grosera de la doctrina económica y política, pues aún en medio de la conculcación de la capacidad privada de generar riqueza, esta ideología tiene la osadía de señalar el libre pensamiento como un eje de su campaña.

Lo anterior plantea una contradicción pura y simple, casi ontológica y contraproducente, incluso en términos de la lógica más simplista, pues plantea la posibilidad de pensar libremente, pero sin la acumulación de riqueza, lo cual implicaría que la persona tiene la prerrogativa de opinar siempre y cuando esto no conlleve la eventual generación de lucro por medios privados, lo que podría interpretarse como un sesgo cognitivo, donde solo se puede creer en aquello que sea congruente con el Estado. Esta línea de ideas es evidentemente contraria a los postulados de la libertad, la dignidad y la integridad humanas, donde la imposibilidad de la elección del ejercicio del trabajo en aquello que sea lucrativo para la persona es observable, así como una alteración del estado natural dado por la salud económica, esto al imposibilitar la tenencia de bienes privados.

La casuística no parece terminar ahí, sino que genera una segunda contradicción técnica, donde se hace referencia a la creación de un Estado de gran magnitud, con instituciones de control económico e ideológico de función pública, sin embargo, es menester recordar que el Estado no produce riqueza, puesto que el medio principal de obtención de recursos monetarios por este ente es precisamente el cobro de impuestos a las unidades privadas productivas. Es risible entonces la dinámica ideológica observada en el socialismo, pues por una parte se busca reducir o desaparecer la propiedad privada, pero por otra, desea crearse un aparato estatal sin tope de crecimiento, lo cual es financieramente inviable.

Es así que, vale preguntarse ¿Cuál es la lógica en seguir y apoyar esta ideología?, la respuesta no parece ser hallada en conceptos técnicos que claramente contraponen los preceptos fundamentalistas del socialismo, sino más bien, la falta de conocimiento y entendimiento parecen ser la respuesta a este interrogante.

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En el contexto geopolítico actual, un acercamiento con la India resulta positivo, no solo para ampliar las exportaciones, sino también para reducir vulnerabilidades geopolíticas, fortalecer el comercio basado en reglas y participar con mayor inteligencia en el comercio mundial.

Recientemente, el Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica y el Ministro de Estado para Asuntos Exteriores y de Textiles de la India, anunciaron la futura apertura de una Embajada de la India en Costa Rica. Esta noticia se debe interpretar, no solamente, como un gesto diplomático, sino como una oportunidad estratégica para ampliar los márgenes de acción internacional del país. Desde una óptica comercial, el Ministerio de Comercio Exterior desempeña un rol fundamental para consolidar ese acercamiento.

La diversificación no es una opción, es una necesidad. Costa Rica ha construido una economía abierta, basada en reglas, dependiente de las exportaciones, de la inversión extranjera directa y del acceso preferencial a diversos mercados. Esa política de apertura ha sido una fortaleza histórica, sin embargo, genera vulnerabilidades cuando una parte significativa del comercio y de la inversión depende de pocos socios, especialmente de Estados Unidos (EE. UU). En materia económica y geopolítica no conviene poner todos los huevos en una sola canasta.

El meollo del asunto consiste en diversificar los destinos de exportación y los países de origen de las inversiones, sin que esa decisión implique distanciarse de EE.UU ni debilitar las relaciones con los socios tradicionales. El objetivo es evitar la exposición excesiva a políticas externas, cambios arancelarios, tensiones electorales o presiones unilaterales.

PROCOMER reportó que las exportaciones de bienes de Costa Rica alcanzaron USD 22.731 millones en 2025, con un crecimiento de 14% frente al 2024. Este dato muestra una base exportadora sólida y la necesidad de abrir y consolidar nuevos mercados de destino para sostener el crecimiento de las exportaciones.

Para una economía pequeña, abierta y altamente integrada como la costarricense, la diversificación comercial no es una simple consigna diplomática, sino, más bien, un componente permanente de la política comercial y una condición para fortalecer la soberanía económica del país.

India: una oportunidad para profundizar lazos con Asia. En ese escenario, India representa una oportunidad real y no meramente coyuntural. No se trata, únicamente, de “otro mercado asiático”. Es el país más poblado del mundo, con aproximadamente 1.464 millones de personas en 2025. Además, el Banco Mundial ha señalado que India es una de las economías de mayor crecimiento, con una expansión del 6,5% en 2024-2025.

Esto permite afirmar que India reúne tres condiciones estratégicas: escala demográfica, crecimiento económico sostenido cercano al 7,6% en los últimos cinco años (2021-2025) y una clase media en expansión. Para Costa Rica, esto se puede traducir en oportunidades en alimentos diferenciados, dispositivos médicos, servicios empresariales, tecnologías limpias, turismo de alto valor, biotecnología y cooperación digital.

No deberíamos seguir concentrando la inserción internacional, únicamente, en los mercados tradicionales del Atlántico. El centro de gravedad económico del siglo XXI se desplaza, cada vez más, hacia Asia, y desde una perspectiva geopolítica, India emerge como un actor fundamental en el plano mundial y como un nuevo centro de dinamismo económico global.

Históricamente, nuestro país ha mantenido una relación económica intensa con EE.UU y Europa, pero mucho más limitada con Asia del Sur. Esto refleja una especie de geografía comercial incompleta. El país exporta al mundo, pero su mirada estratégica continúa concentrada en determinados mercados históricos. Profundizar la relación con India permitiría construir una política comercial más equilibrada. No se trata solamente de vender más productos, sino de insertar a Costa Rica en redes comerciales, tecnológicas y de inversión más amplias, con un enfoque hacia nuevos destinos con gran potencial.

Reducir dependencia en un contexto geopolítico complejo. El contexto geopolítico actual obliga a reducir dependencias excesivas. El comercio mundial atraviesa una etapa de fragmentación, tensiones arancelarias y debilitamiento del sistema multilateral. La Directora General de la OMC advirtió, en 2025, que los aumentos arancelarios, especialmente impulsados por Estados Unidos, han generado una disrupción significativa en las reglas globales de comercio y han reducido la proporción del comercio mundial realizado bajo el principio de nación más favorecida.

Cuando una potencia mundial presiona a las empresas para relocalizar operaciones o reorganizar sus cadenas de suministro bajo criterios políticos, muchas veces lo hace a contrapelo del espíritu de las reglas multilaterales. Esto deja a países pequeños como Costa Rica en una posición delicada. Por un lado, se pueden beneficiar del nearshoring, pero al mismo tiempo, corren el riesgo de quedar subordinados a una lógica de dependencia.

Para Costa Rica, fortalecer las relaciones con India puede funcionar como una forma de diversificación del riesgo geopolítico. No significa sustituir a Estados Unidos, sino construir una red más amplia de relaciones comerciales y diplomáticas que reduzca la exposición del país a una sola arquitectura de poder.

La inversión india como complemento del modelo costarricense. Costa Rica ha sido exitosa atrayendo inversión extranjera directa, especialmente en servicios, dispositivos médicos y manufactura avanzada. Sin embargo, esa inversión sigue altamente concentrada. PROCOMER reportó que el país superó por segundo año consecutivo los USD5.000 millones en inversión extranjera directa, donde Estados Unidos representó el 54,8% del origen de esa inversión, seguido a distancia por Suiza, México y Colombia.

Así las cosas, Costa Rica debe avanzar hacia una mayor diversificación de sus exportaciones, sin descuidar la necesidad de atraer inversión desde nuevos países de origen. India se podría convertir en un socio relevante en áreas como tecnologías de información, servicios digitales, farmacéutica, manufactura liviana, investigación clínica, biotecnología, energías limpias y servicios empresariales.

Además, existe una convergencia importante entre la marca país costarricense y las necesidades estratégicas de India. Por un lado, el país asiático requiere alimentos seguros, tecnología médica, servicios especializados y cooperación ambiental. Por otro, Costa Rica posee fortalezas reconocidas en sostenibilidad, biodiversidad, dispositivos médicos, talento técnico, servicios intensivos en conocimiento y producción agrícola diferenciada. Esa coincidencia abre espacio para una complementariedad estratégica de alto valor.

En conclusión, las relaciones con India no se deben limitar al comercio de mercancías, sino incluir cooperación universitaria, ciencia y tecnología, farmacéutica, digitalización, inteligencia artificial, energías renovables, logística, turismo, cultura y formación de talento. Una relación madura con India debería combinar comercio, inversión, conocimiento, innovación y diplomacia económica.

En el nuevo escenario global, Costa Rica no puede darse el lujo de depender excesivamente de un número reducido de mercados, inversionistas o centros de poder. Fortalecer la relación comercial y estratégica con India no representa una ruptura con los socios tradicionales, sino una apuesta inteligente por la diversificación. Es reconocer que la soberanía económica de un país pequeño se construye ampliando sus vínculos, multiplicando sus opciones y evitando que su futuro productivo dependa de decisiones tomadas fuera de sus fronteras.

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Aunque Costa Rica mantiene compromisos internacionales para garantizar los derechos de las mujeres, las víctimas de violencia obstétrica continúan enfrentando un sistema que, lejos de brindar respuestas oportunas, suele revictimizarlas durante los procesos de denuncia y búsqueda de justicia.

Costa Rica ha firmado tratados internacionales que prohíben toda forma de violencia contra las mujeres. Sin embargo, cuando una mujer decide denunciar violencia obstétrica -una de las formas de violencia más normalizadas, invisibilizadas y devastadoras-, se enfrenta a un sistema que parece diseñado para desgastarla, no para protegerla.

Como defensora de derechos humanos especializada en casos de violencia obstétrica, he acompañado, escuchado y sostenido a decenas de mujeres que llegan buscando respuestas, contención y justicia. Ellas saben que algo se destruyó durante el parto: no solo en sus cuerpos, sino también en su dignidad. Muchas cargan secuelas físicas irreparables, lesiones en el suelo pélvico, mutilaciones genitales derivadas de prácticas innecesarias o mal ejecutadas, y traumas profundos que permanecen tanto en la memoria emocional como en la corporal.

Pero cuando finalmente reúnen el valor para denunciar, descubren una segunda forma de violencia: la institucional. Se encuentran con procedimientos obsoletos, procesos interminables, falta de sensibilidad, barreras burocráticas y una profunda ausencia de derechos humanos. En lugar de recibir acompañamiento, deben justificar su dolor y enfrentar mecanismos que terminan revictimizándolas.

La violencia obstétrica no concluye cuando termina el parto. Para muchas mujeres continúa en los pasillos de las instituciones, en el silencio de las autoridades y en un sistema que aún no reconoce plenamente la magnitud del daño que han sufrido.

El dolor que no se ve, pero que marca una vida

La psicología perinatal ha demostrado que la violencia obstétrica deja huellas profundas y duraderas. La investigadora española Ibone Olza, referente mundial en el estudio del nacimiento y la salud mental materna, lo explica con claridad: “El parto es un acontecimiento trascendental; cuando se violenta, se altera no solo el cuerpo, sino la identidad emocional de la mujer.”

Pero no solo la mujer sufre las consecuencias. La evidencia científica también demuestra que los bebés pueden verse afectados cuando el nacimiento ocurre en un entorno hostil, apresurado o violento. Sobre esto, Olza señala: “El nacimiento deja una impronta en el bebé; las primeras experiencias moldean su sistema de estrés y su manera de sentirse seguro en el mundo”.

Estas dos reflexiones revelan una realidad fundamental: cuando se violenta un parto, no solo se afecta solo a la madre, también se impacta al recién nacido, al vínculo que empieza a construirse entre ambos, a su desarrollo emocional temprano y, finalmente, al tejido social que ambos sostendrán.

Relatos que exponen la crudeza de un sistema que falla

Una joven mujer -a quien llamaré Caro-, llegó a su parto sana y confiada. Sin embargo, salió con una episiotomía innecesaria y mal realizada, que mutiló su vagina y le dejó secuelas en su vida sexual, física y emocional. Cuando decidió denunciar, recibió una respuesta devastadora por parte del médico involucrado: “No pierda el tiempo… la única que ha ganado una denuncia fue porque el bebé murió.” ¿Puede un país que se proclama garante de derechos humanos permitir semejante nivel de crueldad e impunidad institucional?

Otro caso es el de Auxi, quien lleva más de quince años atrapada en procesos interminables. Años de audiencias, silencios, expedientes que avanzan a paso lento, funcionarios que no escuchan y una revictimización constante que el propio sistema se encarga de reabrir una y otra vez.

Andrea, por su parte, dos años después de presentar su denuncia, continúa enfrentando maltrato verbal por parte de una fiscal, expedientes extraviados y una ausencia total de acompañamiento, empatía y perspectiva de derechos humanos. Todo esto mientras cría a sus hijos pequeños y trabaja para sostener su hogar, obligada a cargar en soledad con un proceso desgastante, violento y sin respuestas.

Estas tres historias no son casos aislados ni excepciones. Son el reflejo de un patrón que expone el funcionamiento real de un sistema incapaz de garantizar los derechos humanos más básicos de las mujeres. Un sistema que incumple sus obligaciones, normaliza la revictimización y les niega el acceso a una justicia pronta, efectiva y cumplida.

¿Qué está fallando?

No se trata de un ataque, sino de un acto de responsabilidad. Costa Rica cuenta con leyes, compromisos internacionales y una normativa que debería proteger a las mujeres. Sin embargo, en la práctica, muchas de estas garantías permanecen en el papel y terminan convirtiéndose en promesas incumplidas.

Un país que se enorgullece de su sistema de protección no puede permitir que las mujeres, dadoras de vida, sean obligadas a atravesar procesos que reabren sus heridas y las someten a tratos que ninguna persona merece, precisamente en uno de los momentos más vulnerables de su existencia.

Cuando denunciar se vuelve un acto de supervivencia

Muchas mujeres deciden no denunciar porque saben que el sistema las va a desgastar. Prefieren invertir su energía en sanar: en terapia, en fisioterapia de suelo pélvico, en reconstruir su autoestima, en recuperar su vida sexual y en volver a confiar en su cuerpo. Otras sí denuncian, pero lo hacen sabiendo que enfrentarán un camino lleno de obstáculos, indiferencia y violencia institucional.

¿Es esto justicia? ¿Es esto lo que Costa Rica promete cuando firma tratados internacionales? ¿Es esto lo que merecen las dadoras de vida?

La salida: educación, sensibilización y compromiso real

La solución no es compleja, pero sí urgente y necesaria. Es posible incorporar contenidos sobre derechos humanos, violencia obstétrica y salud perinatal en colegios y universidades; integrarlos de manera transversal en las carreras de ciencias médicas y sociales; y fortalecer los programas de formación continua en hospitales públicos y privados.

A esto se suma la necesidad de un sistema de justicia preparado, con rutas de denuncia que no hieran, y con acompañamiento psicológico y legal capaz de sostener a cada mujer durante todo el proceso.

La evidencia es clara: cuando una mujer sufre violencia obstétrica durante el embarazo, el parto o el postparto, las consecuencias trascienden el momento de la atención médica. Los efectos pueden ser físicos, emocionales y psicológicos, y no afectan únicamente a la madre. Los bebés también pueden verse impactados por estas experiencias, con consecuencias que alcanzan el vínculo temprano, el desarrollo emocional y el bienestar futuro.

Las secuelas para ambos pueden ser profundas, duraderas e incluso irreparables. Por eso, prevenir la violencia obstétrica, atenderla adecuadamente y garantizar justicia para quienes la han sufrido no es solo una obligación legal; es un compromiso ético y humano que Costa Rica no puede seguir postergando.

Un país que protege a las mujeres, protege también su futuro

Si Costa Rica quiere ser coherente con los compromisos que ha asumido al firmar tratados internacionales y desarrollar leyes, protocolos y políticas públicas, debe garantizar que ninguna mujer sea violentada en uno de los procesos más vulnerables, trascendentales y significativos de su vida: el embarazo, el parto y el postparto.

Resulta inconcebible que, después de haber sufrido esta forma de violencia, muchas mujeres deban enfrentar procesos de denuncia que las revictimizan, retrasan el acceso a la justicia y profundizan su sufrimiento. Ninguna persona debería verse obligada a luchar contra el mismo sistema que tiene la obligación de protegerla.

El país necesita un cambio profundo que garantice procesos dignos, ágiles, sensibles y centrados en los derechos humanos. Un sistema capaz de escuchar, acompañar y reparar, en lugar de desgastar y silenciar.

Porque proteger a las mujeres durante la maternidad no es únicamente una cuestión de salud o de justicia. Es una inversión en el bienestar de las familias, en el desarrollo de la niñez y en el futuro de toda la sociedad. Un país que protege a las mujeres en el momento de dar vida, protege también su propio futuro.

Basado en el informe “Mujeres en el trabajo 2025: Una perspectiva global” de Deloitte.

Las cifras son contundentes y la región no puede mirar hacia otro lado. Las mujeres representan el 50,1% de la población mundial en edad de trabajar, pero solo ocupan el 40% del empleo total y el 35,4% de los puestos directivos, según la Organización Internacional del Trabajo. 

Estas brechas estructurales, son más marcadas que el promedio global en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, de acuerdo con la encuesta “Mujeres en el trabajo 2025: Una perspectiva global”, que recopiló las opiniones de 7.500 mujeres en entornos laborales de 15 países.

Entre los principales hallazgos del estudio 2025, la salud mental emerge como una de las mayores preocupaciones: solo el 51% de las encuestadas considera que su estado es bueno o muy bueno, mientras que un número importante reporta mayores niveles de estrés en comparación con el año anterior.

Esta realidad tiene raíces profundas en la región. En Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá y República Dominicana, las trabajadoras cargan con una doble presión:  el estudio indica que las responsabilidades domésticas continúan recayendo en mayor medida en las mujeres, incluso cuando son el principal sostén económico del hogar, lo que impacta su desempeño y permanencia laboral. 

Entre las encuestadas que viven con su pareja, solo el 14% asegura compartir la gestión de finanzas por igual, mientras que únicamente el 27% menciona compartir el cuidado infantil de manera equitativa. 

En la región, esta realidad toma dimensiones aún más marcadas. Las mujeres dedican un considerable número de horas a actividades de cuidado no remuneradas, lo que genera una significativa disminución del potencial productivo femenino en América Latina.  En el caso de Centroamérica, países como Guatemala y Honduras presentan algunas de las tasas de participación laboral femenina más bajas del hemisferio.

El informe 2025 ofrece datos valiosos sobre qué motiva a las mujeres a permanecer en sus empleos. Cerca de cuatro de cada diez mujeres señalan el trabajo flexible como uno de los principales habilitadores del éxito, siendo la flexibilidad sobre cuánto trabajar un factor clave de retención entre quienes consideran permanecer más de cinco años en una organización, mientras que la falta de ella las puede impulsar a renunciar o cambiar de rol. 

Así también, el 43% destaca que el apoyo organizacional permite su desarrollo profesional; el 37% considera importante que su trabajo permita la modalidad híbrida; el 32% cita la importancia de que los empleadores no excedan la jornada laboral; y el 28% menciona la necesidad de un espacio física y psicológicamente seguro. 

Poco menos del 60% de las mujeres encuestadas califica su salud física como buena o muy buena. Sin embargo, el 24% afirma padecer dolores o síntomas relacionados con trastornos menstruales, menopausia o desafíos de fertilidad, y pese a que algunas cuentan con medidas de apoyo, otras deben seguir laborando sin poder ausentarse..Este tema sigue siendo tabú en los entornos laborales de nuestra región, donde las políticas de salud en el trabajo raramente contemplan las particularidades de la biología femenina.

Los datos regionales complementan el panorama global. En América Latina, la tasa de participación laboral femenina alcanza apenas el 51,8%, frente al 74,4% de los hombres, una brecha que persiste pese a que las mujeres han recuperado los niveles prepandemia. 

Las diferencias salariales en Centroamérica van del 9,3% en El Salvador y Honduras al 9,8% en Panamá, con tendencia a ampliarse entre 2010 y 2019. Costa Rica es la excepción positiva, al reducir su brecha de 17,3% a 12%.

En República Dominicana, la tasa de ocupación femenina es del 43,3%, con una brecha salarial del 18%, concentrada en el sector informal y entre trabajadoras por cuenta propia, evidenciando sesgos de género estructurales.

Atender estos desafíos representa una oportunidad estratégica para que las empresas promuevan entornos laborales inclusivos, flexibles y con enfoque en el bienestar.

La falta de equilibrio entre la vida personal y laboral es el principal motivo por el que las encuestadas desean dejar su trabajo, de acuerdo con el 30% de las participantes.  Para las empresas de la región, esto no es solo un tema de justicia: es un asunto de competitividad y sostenibilidad del negocio.

Costa Rica, República Dominicana y Panamá forman parte de coaliciones público-privadas impulsadas por el Foro Económico Mundial, orientadas a transformar la realidad laboral de las mujeres mediante la eliminación de sesgos en contratación, retención y ascensos.  Esa dirección es la correcta; el reto es acelerar el paso.

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Este mes se celebra un año más del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con China, el 1 de junio de 2007 durante la segunda administración Arias Sánchez; sí, la misma que logró la aprobación de nuestro tratado comercial con EEUU. Una decisión tan polémica como audaz, que ilustra una forma de entender la importancia de la política exterior y la comunidad internacional para el desarrollo de un país que, como Costa Rica, no se dejó condicionar por su tamaño.

Así que aprovecho esta celebración para comentar algunos aspectos de lo recién dicho. La historia común de ambas naciones es más larga que aquella que comenzó en junio de 2007, sin perjuicio de que, a partir de esta fecha, adquirió toda una nueva dimensión. El primer contacto se dio en 1911 con la llegada al país del diplomático Tam Pui-Shum, que fue recibido por el presidente Ricardo Jiménez Oreamuno, autoridades del gobierno y representantes de la comunidad china en Costa Rica.​ Tam era autor de un diccionario bilingüe y de una traducción de El Quijote.

De 1911 a junio de 2007, cuando se restablecieron las relaciones formales, hay una historia humana compleja, marcada e impulsada por inmigrantes de aquel país, que adoptaron Costa Rica como su nueva patria. El número de costarricenses de este origen y su contribución en todos los campos, justifica de sobra la redacción del Artículo 1 de nuestra Constitución Política, que nos declara una república democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural.

Las últimas dos características hablan de la composición de nuestra sociedad; las primeras tres, junto con otras normas constitucionales, fundamentan la actitud soberana con la que debemos conducir nuestras relaciones exteriores, lo cual tiene un sentido particular que mencionaré al final de este comentario.

Pioneros en la relación diplomática con China

Aquel primero de junio de 2007 se firmó el Comunicado Conjunto sobre el Establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre China y Costa Rica, con el que nuestro país se convirtió en el primer estado centroamericano en dar ese paso.

En los 19 años de esta nueva relación, Costa Rica consolidó su adhesión al principio de una sola China, corrigiendo de esta forma una situación cuyo origen histórico no la hacía menos anómala, al mismo tiempo que continuamos desarrollando la oportunidad comercial y cultural que trajo aquella decisión.

El restablecimiento de las relaciones con Beijing fue, sin duda, una decisión polémica pero acertada, que corresponde a un rasgo de la política exterior costarricense, que poco se reconoce o entiende dentro de nuestras propias fronteras. Me refiero a la audacia de un país que no se ha dejado condicionar por su tamaño físico, económico y demográfico.

Salvo excepciones que confirman la regla, “Go with the flow” nunca ha sido la norma de nuestras relaciones con la comunidad internacional. Desde la voluntad firme pero serena de proclamarnos república en 1848, como parte de una cosmovisión que previó lo que sucedería en 1856, hasta la trayectoria del país en materia de tratados comerciales con países y economías que superan exponencialmente nuestras proporciones, pasando por momentos históricos como la Campaña Nacional de 1856 o el proceso de paz de la incendiada Centroamérica de los años ochenta del siglo pasado, el país ha mantenido aquella característica. Una, a la que corresponde la relación cuyo aniversario celebramos este mes de junio.

Costa Rica reconoció con anticipación el papel que China jugaría en el futuro y decidió vincularse a este país. Entendió aquello de que, para un Estado con nuestras dimensiones, es fundamental la política exterior, entendida siempre en un sentido amplio, dentro del cual la relación con todas las potencias debe fundamentarse en un sentido claro de la realidad, basado a su vez en el reconocimiento sin complejos de nuestros intereses y desafíos.

Relaciones estratégicas

No importa cuánto cambien las relaciones internacionales y qué actores surjan, desaparezcan o, en cualquier caso, vean modificada su situación en el mundo, hay algo que no va a cambiar. Me refiero a que ya no hay ni habrá un solo problema público de importancia para nuestro desarrollo que podamos entender y abordar en términos estrictamente nacionales o de manera unilateral. De tal forma que cultivar relaciones estratégicas con nuestros vecinos inmediatos, con los países de la región a la que pertenecemos, con los de nuestro continente y del planeta en general, debe ser nuestro objetivo. No se trata simplemente de un ejercicio de relaciones públicas entre estados, sino de entender a la comunidad internacional como el espacio natural donde buscar y encontrar los recursos y apoyos que nuestro desarrollo y nuestra seguridad demandan.

Lo dicho implica tener claro que Costa Rica debe entenderse a sí misma como un agente activo en el fortalecimiento del derecho y la comunidad internacionales. Debemos llevar el pulso de las tendencias políticas, económicas, comerciales y de seguridad en el mundo, relacionándolas de manera permanente con nuestros desafíos, intereses y aspiraciones, sin ignorar ningún estado, manteniendo siempre una relación activa con todas las potencias, regionales y mundiales. Debemos ser socios de todos y enemigos de nadie, lo cual requiere invertir de manera permanente e inteligente en nuestro servicio exterior.

Regresando a la decisión objeto del presente comentario, esta constituye un buen ejemplo de lo dicho en el párrafo anterior. Una que con el transcurso del tiempo y paso a paso, se ha traducido en beneficios tangibles que trascienden contribuciones tan valiosas como el Estadio Nacional, la Escuela Nacional de Policía, la Planta Potabilizadora Cañas-Bebedero, o el equipamiento de la Fuerza Pública en los primeros años.

Con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio en 2011, cien años después de la visita de Tam Pui-Shum, el intercambio comercial ha experimentado un fuerte crecimiento, consolidando a China como el segundo socio de Costa Rica. Nuestras exportaciones a ese país, por ejemplo, se han diversificado y crecido en más de un 700%.

El intercambio cultural viene reforzándose y la amistad entre los dos pueblos se consolida día a día. En 2009 se inauguró en la UCR el primer Instituto Confucio en América Central. En 2016 se lanzó el programa de cooperación entre los dos ministerios de educación “Hablemos en Mandarín”, que hasta hoy día se está implementando en 10 liceos en beneficio de más de 3.000 estudiantes costarricenses. En 2019 y por decisión de la Asamblea Legislativa, Costa Rica se convirtió en el primer país de la región en establecer la celebración del Día de la Cultura China; algo que, como decía al principio, coincide plenamente con el espíritu de nuestra Constitución Política.

Desconozco el número de estudiantes costarricenses en China, pero es creciente. Hoy contamos además con empresarios, académicos, diplomáticos y representantes de otras disciplinas, con un conocimiento y una experiencia que debemos reunir en beneficio de un esfuerzo estratégico para mejorar nuestra capacidad de aprovechar la relación con China.

No desaprovechemos más el potencial de Costa Rica

Ahora bien, sobre la relación entre ambos estados y desde la perspectiva costarricense, hay dos cosas que deben decirse con claridad, y que merecen por separado buenos análisis. Una es que los costarricenses no hemos sabido aprovechar todo el potencial de esta relación; y las razones que lo explican son principalmente internas y las mismas que limitan otros aspectos de nuestro desarrollo. Se trata tanto de causas estructurales como culturales, que afectan la identificación de oportunidades de cooperación en general, comercio, turismo e inversión.

La segunda es que, naturalmente, los costarricenses siempre consideraremos la relación con China junto a la nuestra con EEUU, y justo aquí es donde surgen una serie de dudas justificadas y predecibles. Justificadas porque los costarricenses hemos tenido históricamente una relación estrecha y beneficiosa con los estadounidenses. Una que debemos seguir cultivando en todos los aspectos, y no solo en el económico, de la forma como lo hemos hecho hasta ahora. Es decir, haciendo valer desde el respeto mutuo, nuestra soberanía y la defensa de nuestros intereses, como la República que describe la primera norma de la Constitución. Decirlo no es una fantasía, pues la historia costarricense ofrece ejemplos de cómo el país ha tenido éxito manteniendo ese principio en su relación con EEUU, la cual no ha estado libre de tensiones, riesgos e incluso amenazas. Parece innecesario decirlo, pero hay que hacerlo. Para Costa Rica, el balance exitoso de la relación con aquel país, no se deriva de la fuerza, sino de un conocimiento amplio de la vida, la cultura, la economía y la política de la sociedad estadounidense, y de haber sabido relacionarnos con sus factores de poder y su sociedad civil. Exactamente igual a como debemos hacer con China.

Dicho todo esto, y con base en la experiencia de nuestra política exterior, es que resulta verosímil afirmar que los costarricenses podemos y debemos profundizar nuestra relación con China, sin poner en riesgo la que tenemos históricamente con EEUU. Para esto debemos entender dos cosas, y no me refiero a que ambos países son adversarios, que es una obviedad. Primero, nuestro tamaño es una ventaja y no lo opuesto; y segundo, dicho en términos coloquiales, debemos evitar “sudar calenturas ajenas”. Para ser capaces de mantener relaciones beneficiosas con ambos países, debemos tener bien identificados nuestras prioridades, sin involucrarnos en sus conflictos geoestratégicos mientras no afecten nuestra seguridad y oportunidades, siendo en todo momento respetuosos de la política interior de cada uno de estos países. Como decía, debemos ser socios de todos y enemigos de nadie.

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En un entorno empresarial cada vez más competitivo y dinámico, la información se ha convertido en uno de los activos más valiosos para las organizaciones. Sin embargo, no es la cantidad de datos lo que determina el éxito de una empresa, sino su capacidad para interpretarlos y convertirlos en decisiones estratégicas. En este contexto, la ciencia de datos ha emergido como una disciplina clave que transforma grandes volúmenes de información en conocimiento útil para la toma de decisiones empresariales.

En Costa Rica, donde el ecosistema empresarial combina pequeñas y medianas empresas con corporaciones multinacionales y un creciente sector tecnológico, la ciencia de datos comienza a consolidarse como un aliado estratégico en áreas como marketing, comercio electrónico, análisis de clientes y planificación financiera. Más allá de ser una tendencia tecnológica, el uso inteligente de los datos representa una ventaja competitiva para las empresas que buscan anticipar tendencias, comprender a sus consumidores y optimizar sus procesos de negocio.

La ciencia de datos integra diversas disciplinas como la estadística, la inteligencia artificial, la analítica predictiva y la gestión de bases de datos para analizar grandes volúmenes de información y generar modelos que permitan explicar comportamientos y prever escenarios futuros. En términos empresariales, esto significa que las compañías pueden pasar de decisiones basadas en intuición a decisiones respaldadas por evidencia.

Uno de los ámbitos donde la ciencia de datos ha demostrado mayor impacto es el marketing. En la actualidad, las empresas generan enormes cantidades de información a través de redes sociales, plataformas de comercio electrónico, sistemas de ventas y herramientas digitales de interacción con clientes. Este flujo constante de datos permite identificar patrones de consumo, segmentar audiencias y diseñar campañas de marketing mucho más precisas. El resultado es una comunicación más relevante para el cliente y una optimización del presupuesto publicitario.

En el comercio electrónico, la ciencia de datos se ha convertido en un pilar fundamental para comprender el comportamiento del consumidor digital. Cada clic, búsqueda o compra deja una huella que puede ser analizada para mejorar la experiencia del usuario. Plataformas de e-commerce utilizan algoritmos para recomendar productos, anticipar necesidades del cliente y personalizar la navegación. Esta personalización no solo incrementa lasventas, sino que también fortalece la fidelización y la satisfacción del consumidor.

Desde la perspectiva de la gestión empresarial, el análisis de datos permite optimizar procesos operativos y financieros. Las empresas pueden analizar patrones de demanda, prever fluctuaciones en el mercado y ajustar sus inventarios con mayor precisión. Esto reduce costos, evita desperdicios y mejora la eficiencia en la cadena de suministro. Asimismo, el análisis predictivo permite identificar riesgos potenciales y tomar medidas preventivas antes de que se conviertan en problemas críticos.

Otro aspecto relevante es el impacto de la ciencia de datos en la toma de decisiones estratégicas. En mercados caracterizados por cambios rápidos y competencia global, la capacidad de anticiparse a las tendencias puede marcar la diferencia entre el éxito y el estancamiento. Las organizaciones que utilizan modelos analíticos avanzados pueden evaluar distintos escenarios de mercado, identificar oportunidades emergentes y diseñar estrategias basadas en evidencia.

No obstante, la adopción de la ciencia de datos también planteadesafíos. Uno de los principales es la falta de talento especializado. Profesionales capaces de combinar conocimientos en estadística, programación, análisis de negocios y visualización de datos son cada vez más demandados en el mercado laboral. En este sentido, las universidades y centros de formación tienen un papel fundamental en la preparación de una nueva generación de especialistas en analítica de datos.

Además, las empresas deben desarrollar una cultura organizacional orientada a los datos. Implementar herramientas tecnológicas no es suficiente si la toma de decisiones continúa basándose únicamente en percepciones o experiencias individuales. La transformación digital requiere liderazgo, capacitación y una visión clara sobre el valor estratégico de la información.

En Costa Rica, el desarrollo del sector tecnológico, el crecimiento del comercio electrónico y la digitalización de los negocios crean un escenario propicio para la expansión de la ciencia de datos en el ámbito empresarial. Cada vez más organizaciones reconocen que los datos no solo describen el pasado, sino que permiten construir el futuro.

La ciencia de datos se ha consolidado como una herramienta estratégica para las empresas que buscan competir en un mercado cada vez más digitalizado y orientado a la información. Su capacidad para transformar datos en conocimiento permite mejorar la toma de decisiones, optimizar procesos y comprender con mayor profundidad el comportamiento de los consumidores.

Para las empresas costarricenses, integrar la analítica de datos en su gestión no es solo una oportunidad de innovación, sino una necesidad para mantenerse competitivas en la economía digital. Aquellas organizaciones que logren desarrollar una cultura basada en datos, invertir en talento especializado y aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles estarán mejor preparadas para enfrentar los desafíos del mercado.

En definitiva, en la economía contemporánea, los datos representan el nuevo lenguaje de los negocios. Y quienes aprendan a interpretarlo con inteligencia y visión estratégica tendrán una ventaja decisiva en el futuro empresarial.

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En un entorno cada vez más dinámico y competitivo, la relación cercana entre las universidades y el sector empresarial se convirtió en una necesidad estratégica. Ya no se trata únicamente de formar profesionales, sino de construir un ecosistema en el que el conocimiento aplicado y la innovación responden de manera efectiva a los desafíos reales del mercado y el desarrollo productivo.

Durante décadas, la educación superior ha sido concebida principalmente como un espacio de formación académica. Sin embargo, los cambios acelerados en la economía global, la transformación tecnológica y la creciente sofisticación de los sectores productivos, han dirigido la evolución de este rol en países más avanzados.

Tras 10 años de trayectoria, en LEAD hemos comprendido que las universidades están llamadas a ser mucho más que centros de enseñanza: deben convertirse en socios del sector empresarial, entender sus necesidades, anticipar tendencias y contribuir con la creación de valor.

Uno de los puntos de encuentro más relevantes entre ambos mundos es la formación de talento humano. Las empresas requieren cada vez más profesionales con habilidades específicas, no solo en términos técnicos, sino también en su capacidad de adaptación, análisis y aprendizaje continuo.

El dominio de más de un idioma, el manejo de herramientas cuantitativas para la toma de decisiones, la comprensión de entornos digitales y la capacidad de resolver problemas complejos, se han vuelto destrezas indispensables en múltiples industrias.

Este cambio en el perfil profesional responde, en buena medida, a la creciente presencia de empresas multinacionales de bienes y servicios de alta tecnología, a la transformación digital de los procesos productivos y a la mayor competencia en los mercados globales. En este contexto, la brecha entre lo que el mercado laboral demanda y lo que el sistema educativo ofrece se convierte en uno de los principales desafíos para la productividad empresarial.

Reducir esta brecha es una tarea compleja, que requiere una visión y acciones decididas en el largo plazo. Para las universidades implica un diseño y actualización estratégica de sus programas, la estructura de sus contenidos curriculares y su vinculación con el entorno empresarial. Escuchar activamente a las empresas, comprender sus retos y traducir esas necesidades en procesos formativos y de creación de capacidades, es una de las claves para avanzar en esta dirección.

La colaboración no se limita a la formación. La investigación aplicada, la innovación y la transferencia tecnológica, abren espacios para que el conocimiento generado en las universidades impacte directamente en la mejora de procesos, productos y servicios. Asimismo, el apoyo a los emprendimientos y la creación de nuevas empresas desde el ámbito académico contribuyen a dinamizar el tejido productivo.

Costa Rica no es ajena a estos desafíos. La evidencia muestra que persisten importantes brechas, particularmente en áreas como las ingenierías, donde la demanda de talento supera ampliamente la oferta disponible. Al mismo tiempo, existe un potencial aún no aprovechado, como la incorporación de más mujeres en carreras técnicas, una oportunidad concreta para aumentar la productividad del país.

A pesar de los desafíos, hay avances importantes que evidencian el valor de una relación más cercana entre universidad y empresa. Experiencias de colaboración, programas de prácticas profesionales, formación ejecutiva y desarrollo conjunto de iniciativas productivas, han demostrado que es posible construir vínculos de confianza que benefician a ambas partes, y a la sociedad.

Fortalecer esta alianza no es únicamente una tarea de las universidades o de las empresas. Es un desafío país. Requiere una política pública con visión de largo plazo, apertura al cambio y, sobre todo, la convicción que la competitividad y el desarrollo sostenible dependen, en gran medida, de la calidad del talento humano y de la capacidad de articular esfuerzos entre quienes lo forman y quienes lo emplean.

Después de diez años de evolución, graduar cientos de profesionales, entender la dinámica del mercado, y coordinar esfuerzos con el sector privado, seguiremos contribuyendo con la formación del talento humano que impulsará el desarrollo del país.

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Una de las falencias técnicas y académicas del estudio de la Ciencia Económica, radica precisamente en uno de sus supuestos teóricos más utilizado, el denominado “ceteris paribus”, que es interpretado por la postulación de un fenómeno particular, siempre que las demás variables se mantengan constantes, es decir, se asume que la dinámica de los otros factores, instrumentos, instituciones, sectores, personas, decisores y otros, no presente cambios en su funcionamiento. Claramente, esta incidencia no solamente es inaplicable por el mismo dinamismo del universo económico, sino también porque deja de lado las decisiones políticas que el Estado, representado por sus instituciones, plantea aún en contra de los criterios técnicos que debiesen prevalecer.

Un ejemplo claro de esta contradicción es observable en el reciente anuncio del Banco Central en términos de su política monetaria, esto pues, la institución denota tener una posición intransigente en términos de cualquier variable o movimiento que pudiese incidir de forma directa o indirecta en el tipo de cambio, y ahora parece ser que también en la cuestionable deflación señalada por la institución. Esta entidad anuncia que mantiene la tasa de política monetaria en 3.25%, señalando que no procede el ajuste en esta variable porcentual, esto a pesar de observarse y detallarse de forma oficial una deflación sostenida, entiéndase una tasa de variación negativa en los precios de bienes y servicios.

Resulta interesante analizar el argumento principal del Banco Central, esto al sostener que para el segundo semestre del año en curso es esperable una subida en precios, por lo cual, no considera pertinente ni necesaria la reducción en la tasa antes señalada, es decir, parece intuirse una decisión económica con afectación financiera de incidencia inmediata y directa en los agentes económicos, pero tomada en función de una expectativa basada en la especulación, la cual no parece tener más supuestos fácticos que alguna proyección etérea y la consideración relativa de hechos internacionales.

Este funcionamiento pareciera denotar una justificación decisoria dada por criterios políticos, esto por encima de una aplicación técnica propiamente, indicando una posición clara de la entidad hacía el mantenimiento de una tasa de deflación y de forma indirecta, un tipo de cambio a la baja.

En línea de lo anterior cabe indicar que, aunque se ha querido posicionar la deflación sostenida como un indicador de beneficio para el país, ya que implicaría que todo el costo país es menor y que los precios de la oferta comercial al mercado son reducidos, claramente, la realidad no es así, en especial al considerar bienes y servicios extendidos más allá de la canasta básica, así como aquellos ligados al comercio internacional. Adicionalmente, es importante recordar también que parece ser una estrategia tributaria conveniente para el estado el establecimiento de una deflación oficial, esto pues, su estipulación permite reducir los rangos aplicables para la base imponible de impuestos de renta a empresas y profesionales independientes, así como a los salarios, ocasionando que más personas cancelen las cargas tributarias en cuestión.

Es de interés añadir que un ajuste a la baja en la tasa de política monetaria, también implicaría un menor atractivo en la inversión en instrumentos en colones, aspecto que podría incentivar de forma relativa la demanda de inversiones en moneda extranjera, lo que por un efecto correlativo indirecto, atenuaría la caída en el tipo de cambio, dando cierta estabilidad a sectores que se ven severamente afectados por esta variable, entiéndase los exportadores, el turismo y los generadores de lucro en dólares. De igual forma, un tipo de cambio tan disminuido incrementa el costo país, puesto que se da una revalorización de la moneda nacional, implicando que la actividad económica general en la nación se torna más costosa, repercutiendo en los precios finales. No obstante, a pesar de esta sucesión de hechos, es sumamente curioso como la posición oficial sigue siendo el mantenimiento de una deflación y un tipo cambiario bajo.

Surge la interrogante: ¿Es congruente la política del Banco Central con sus objetivos de macro estabilidad y beneficio mayoritario?, la respuesta parece ser negativa, en especial al considerar que una deflación sostenida no es sinónimo de una rebaja en precios al mercado, y que también implica un decrecimiento de la actividad económica en términos reales, pudiendo repercutir en la competitividad del país. En adición a esto, la negativa estatal al ajuste en la tasa de política monetaria también señala estar en línea con un incentivo al tipo de cambio menor, beneficiando a sectores muy puntuales como importadores, deudores en dólares, y curiosamente, al mismo Estado, esto al tener que cancelar deuda externa.

Sin duda, es evidente la injerencia política en las decisiones económicas, y en especial en un ente que, según su propia normativa constitutiva, debiese ser una institución con un funcionamiento estrictamente técnico, sin embargo, la práctica parece ser otra.

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El uso de herramientas de inteligencia artificial generativa en contextos legales ha crecido exponencialmente en los últimos años. Sin embargo, una reciente decisión judicial en Estados Unidos (United States v. Heppner) ha puesto de manifiesto una advertencia relevante sobre los límites de estas tecnologías, particularmente en materia de confidencialidad y secreto profesional.

En este caso, un imputado utilizó una plataforma pública de inteligencia artificial para analizar aspectos de su situación legal y generar documentos que posteriormente compartió con sus abogados. Al intentar proteger dichos documentos bajo el privilegio abogado-cliente, el tribunal rechazó su pretensión, señalando que la interacción con una herramienta de inteligencia artificial no constituye asesoría legal y que, al involucrar a un tercero, aunque fuese tecnológico, se pierde la expectativa de confidencialidad.

Es importante aclarar que la decisión no está exenta de cuestionamientos. Existen argumentos razonables para sostener que el uso de herramientas tecnológicas de inteligencia artificial podría, en ciertos supuestos, asimilarse al uso de terceros necesarios para la prestación del servicio legal, tales como peritos, traductores u otras plataformas tecnológicas―como correo electrónico y procesadores de texto―, sin que ello implique necesariamente la pérdida del privilegio de secreto profesional. Asimismo, el análisis sobre la expectativa de confidencialidad es debatible, no solo por el uso que las personas le dan en la realidad a estas plataformas, sino también por cómo suelen aprovechar los “terceros” la información que se transmite. A esto se suma que la decisión podría ser objeto de apelación, lo que abre la posibilidad de que tribunales superiores delimiten con mayor precisión estos conceptos.

Desde la perspectiva costarricense, el secreto profesional constituye un pilar esencial del ejercicio de la abogacía, reconocido tanto en la normativa como en los principios éticos de la profesión. Sin embargo, su protección no es absoluta: la divulgación de información a terceros puede comprometer su alcance. En este contexto, el uso de plataformas de inteligencia artificial― particularmente aquellas de acceso abierto―plantea interrogantes relevantes sobre si dicha divulgación podría considerarse incompatible con la preservación de la confidencialidad.

Más allá del debate doctrinal, el riesgo es eminentemente práctico. En Costa Rica, el uso de la inteligencia artificial en el ámbito legal ya es una realidad, pero aún no cuenta con marcos claros de regulación o lineamientos formales, lo que traslada el riesgo directamente a las personas, las organizaciones y sus asesores.

En la operación diaria de muchas organizaciones, ya es común que colaboradores utilicen herramientas de inteligencia artificial para resumir contratos, analizar cláusulas o redactar comunicaciones legales. Sin lineamientos claros, esto puede implicar que información sensible― incluyendo términos comerciales, estrategias de negociación o datos personales―esté siendo compartida con terceros sin conocimiento ni control de la organización.

Esto plantea preguntas que muchas empresas aún no han abordado de forma estructurada:

• ¿Qué tipo de información puede compartirse en estas plataformas?
• ¿Se están utilizando versiones públicas o entornos controlados?
• ¿Existen políticas internas que regulen su uso en contextos legales o contractuales?

En este escenario, la inteligencia artificial no debe entenderse como un sustituto de la asesoría legal, sino como una herramienta que requiere marcos adecuados de gobernanza. La implementación de políticas internas claras, la capacitación de equipos y la definición de protocolos para el uso de estas tecnologías en funciones legales se vuelve cada vez más relevante.

En nuestra experiencia, las organizaciones más avanzadas ya están abordando estos desafíos mediante la adopción de marcos de gobernanza que permiten aprovechar sus beneficios sin comprometer la confidencialidad ni la gestión de riesgos legales.

El caso Heppner no constituye necesariamente una regla definitiva, pero sí una señal clara: el uso de inteligencia artificial en contextos legales exige prudencia, criterio y, sobre todo, una estrategia bien definida.

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Semana Mundial del Parto Respetado: una denuncia urgente sobre los derechos que Costa Rica sigue sin garantizar

En Costa Rica el parto sigue siendo para muchas mujeres un escenario de vulneración, donde la violencia, la humillación y la negligencia se entrelazan con la falta de escucha, incluso cuando existen leyes y protocolos que deberían asegurar dignidad, seguridad y respeto.

Desde mi labor en derechos humanos acompaño a numerosas mujeres víctimas de violencia obstétrica, y la recurrencia de sus testimonios demuestra que no estamos ante hechos aislados, sino ante un patrón que se repite con dolorosa regularidad.

El Observatorio de Violencia Obstétrica Costa Rica recibe reportes constantes que evidencian que esta problemática no es excepcional, sino estructural y persistente; a ello se suma el Movimiento de Parálisis de Erb Costa Rica, integrado por madres que fueron violentadas durante sus partos y cuyos bebés sufrieron discapacidades permanentes por la falta de atención oportuna y por maniobras como la “Kristeller”, prácticas que no solo lesionaron a las mujeres, sino que dejaron daños irreparables en sus hijos e hijas, daños que pudieron evitarse.

En los últimos meses he acompañado también a dos mujeres que enfrentan el duelo de sus bebés, fallecidos por omisiones que jamás debieron ocurrir, recordándonos que la violencia obstétrica no es un concepto abstracto, sino una realidad que marca vidas para siempre.

La Semana Mundial del Parto Respetado no es un gesto conmemorativo ni una fecha más en el calendario; es un recordatorio incómodo de que, en pleno siglo XXI, seguimos permitiendo prácticas que la Organización Mundial de la Salud clasifica como violencia de género, prácticas que incluyen intervenciones sin consentimiento, negación de acompañamiento, tratos degradantes, humillación verbal, procedimientos dolorosos sin explicación, separación injustificada del bebé, amenazas, negligencia y omisiones que ponen vidas en riesgo.

Y mientras esta violencia ocurre, existe una ley —la Ley de Parto Respetado de 2021— que reconoce el derecho de toda mujer a un parto digno, informado y acompañado. Sin embargo, una ley sin cumplimiento es apenas un papel, y en Costa Rica ese papel se está rompiendo sobre los cuerpos de miles de mujeres.

Cuando el sistema falla: la historia de Lu

Para comprender la gravedad de lo que ocurre basta escuchar la historia de una mujer a quien llamaré Lu, una joven de 18 años que vivió su parto en un hospital público. Su embarazo había sido normal y su control prenatal adecuado, pero las primeras manifestaciones de violencia comenzaron apenas fue internada.

Ingresó a las siete de la mañana, le realizaron un ultrasonido y le dijeron que todo estaba bien, que le colocarían un gel para inducir el parto; sin embargo, las horas pasaban sin explicación y, cuando preguntó, un enfermero se limitó a responder que “más tarde verían”.

Las contracciones iniciaron de noche, primero sin dolor y luego intensas, una enfermera le ofreció un suero “para acelerar”, sin explicarle qué era. A las cinco de la mañana, con apenas tres centímetros de dilatación, otra enfermera le pidió permiso para “ver si llegaba a cuatro”, pero lo que hizo fue una separación de membranas sin informarle ni pedir su consentimiento.

En sala de partos, la situación se volvió abiertamente violenta. Cuando una contracción fuerte hizo que se le cayera el suero, una enfermera le dijo que no estaba colaborando y que sacarían al papá para dejarla sola; no la dejaron moverse, ni elegir posición, ni la escucharon cuando advirtió que estaba sangrando demasiado. Le administraron oxitocina sin explicaciones y, al ver que no dilataba con la rapidez que esperaban y que el ritmo cardiaco del bebé bajaba, decidieron realizar una cesárea de emergencia.

Antes de entrar al quirófano, una enfermera le jaló el pelo para ponerle un gorro, luego le colocaron una sonda sin explicarle nada y la dejaron expuesta en un pasillo, con las piernas abiertas y su cuerpo completamente visible, mientras trabajadores del ICE y estudiantes observaban sin su consentimiento, señalándola y comentando: “vean, va para cesárea, vean bien”.

Su bebé nació bien, pero no se lo dieron para contacto piel a piel y nadie le explicó por qué. En recuperación, un enfermero le dijo que la pasarían al salón “cuando él quisiera”, no cuando ella preguntara; lloró sin saber dónde estaba su hija.

Cuando finalmente la llevaron, tuvo que cambiarse sola de camilla, adolorida y mareada, porque “necesitaban la camilla”. Descubrió que a su bebé le habían dado fórmula sin consultarle; cuando pidió ayuda para alimentarla, una enfermera pellizcó a la recién nacida para “despertarla”, y al pedirle que no lo hiciera, la enfermera se molestó y se fue.

Esa noche, otra funcionaria le advirtió que si no podía levantarse a bañarse sola, se llevarían a su bebé; mareada y débil, se obligó a ponerse de pie. Pasó de lunes a jueves en el hospital y, aunque salió con su hija en brazos, salió también con una herida más profunda: la de haber sido tratada como un objeto, no como una persona.

La violencia obstétrica no es un concepto: es una realidad documentada

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia obstétrica como maltrato, abuso o falta de respeto antes, durante o después del parto; la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que esta violencia debilita la confianza en los sistemas de salud y deja secuelas físicas y emocionales irreparables. El Observatorio de Violencia Obstétrica Costa Rica confirma que estas prácticas siguen ocurriendo en hospitales públicos y privados, y el Movimiento de Parálisis de Erb Costa Rica demuestra que la negligencia no solo hiere, sino que también discapacita y mata. Estas realidades no pueden seguir siendo minimizadas, justificadas ni normalizadas bajo la narrativa de “así se ha hecho siempre”.

Una ley que existe, pero que no se cumple

La Ley de Parto Respetado reconoce derechos fundamentales como el trato digno, la información clara, el consentimiento informado, el acompañamiento continuo, la libertad de movimiento, el respeto por la fisiología y el contacto piel a piel. Sin embargo, en la práctica estos derechos se violan todos los días.

Una ley sin formación, sin auditorías, sin sanciones y sin voluntad institucional es una ley que no protege; la violencia obstétrica no se erradica con afiches ni con discursos, sino con responsabilidad, vigilancia, formación en derechos humanos y un compromiso real con la vida y la dignidad.

El cuerpo de la mujer no es territorio de abuso

La violencia obstétrica no es una experiencia aislada, es un problema de derechos humanos; es una realidad que nos obliga a confrontar quiénes somos y quiénes aspiramos a ser como país.

Como especialista en derechos humanos he acompañado a muchas mujeres que llegan rotas, confundidas, culpabilizadas, silenciadas; mujeres que no solo parieron, sino que sobrevivieron, y ninguna mujer debería sobrevivir su parto. Si queremos un país donde nacer no implique violencia y parir no implique riesgo, debemos actuar como sociedad. La dignidad no es opcional, la autonomía no es negociable y el respeto no puede seguir dependiendo de la suerte o del turno. Cuando una mujer ejerce sus derechos, cambia su parto; cuando un Estado los protege, cambia la historia de su pueblo.

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