De acuerdo con la entidad, este cálculo se sustentaría principalmente en la demanda interna, en especial en el consumo de los hogares y la inversión.

El BCCR añadió que la demanda externa no tendría una contribución significativa en el crecimiento. Esto dado que el aporte positivo de las exportaciones sería compensado por el negativo de las importaciones.

Particularmente, la estimación de crecimiento para el 2027 (3,3%) es inferior en 0,2 puntos porcentuales (p.p.) a lo previsto en el IPM de julio pasado, debido a la disminución del aporte de la demanda externa neta.

Por su parte, se estima que el PIB en 2026 crecería 3,2% en 2026, cifra inferior en 0,2 p.p. a lo incluido en el IPM de julio pasado, congruente con el desempeño de la actividad económica en lo transcurrido del año y el crecimiento previsto para los últimos tres meses. 

La producción creció 2,7% en el tercer trimestre de 2026. Según los componentes del gasto, esa tasa respondió, principalmente, a la demanda interna; por el lado de la oferta, las actividades de mayor crecimiento fueron la construcción y los servicios, mientras que la manufactura se contrajo.  

Crecimiento e Inflación 

El BCCR también añadió que, en Costa Rica, tanto la inflación general (interanual) como la subyacente subieron en el tercer trimestre de 2026 en relación con el trimestre previo, aunque ambos indicadores continuaron por debajo de la meta de inflación del BCCR (3,0%). La inflación general, medida con el promedio de la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue de 0,0%, en tanto que la subyacente, medida con el Índice de Exclusión Fija (IEF), se ubicó en 0,3%. 

Para el horizonte de proyección, dijo el Banco, se prevé que ambos indicadores mantendrían una trayectoria de convergencia gradual hacia la meta de inflación del BCCR. En el caso de la inflación general, se espera que alcance un valor en torno a 2,7% en el segundo semestre de 2027. Esta proyección es superior a la presentada en el IPM de julio de 2026, lo cual se explica, fundamentalmente, por el efecto del incremento en la trayectoria esperada de los precios de los hidrocarburos. 

Para este ejercicio, la Junta Directiva mantiene la meta de inflación en 3,0% con un rango de tolerancia de ± 1 punto porcentual. Además, reitera lo indicado en el IPM anterior en el sentido de que, coherente con las mejores prácticas internacionales y con el fin de fortalecer el esquema monetario aplicado en Costa Rica, en su Plan Estratégico 2025-2030 dispuso la revisión integral de los componentes de dicho régimen, que incluye, entre otros, la determinación de la meta de inflación, el horizonte de cumplimiento y el indicador de referencia. 

Los resultados de este proceso serán comunicados oportunamente al público. Si alguno de los elementos vigentes del esquema flexible de meta de inflación fuese modificado por su Junta Directiva, se realizarían los ajustes pertinentes a las proyecciones macroeconómicas. 

Otras variables macroeconómicas 

En el mercado laboral, el Banco mencionó que los principales indicadores se mantuvieron relativamente estables, en tanto que los ingresos mostraron una ligera mejora en el trimestre móvil concluido en agosto, aunque con resultados diferenciados según nivel de calificación y sexo. En particular, el empleo en zona franca se redujo, especialmente en los servicios, influido por decisiones corporativas globales. Asimismo, en dicho régimen los salarios reales mantuvieron un crecimiento positivo, aunque a un menor ritmo. 

Agregó que, en lo que respecta a las cuentas externas del país, al tercer trimestre de este año, se registró un déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos superior, en términos del PIB, al del mismo periodo del año anterior. Se estima que al finalizar el año dicho déficit alcanzaría 1,9% del PIB (1,4 p.p. más que en 2025), mientras que para el bienio 2027-2028 se prevé un déficit promedio de 2,0% del PIB. Tanto en el año actual como en los dos siguientes el déficit de la cuenta corriente sería más que cubierto con ahorro externo de mediano y largo plazo.

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Este es uno de los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2026, realizada por el INEC.

De acuerdo con la entidad, la principal fuente de ingreso de los hogares sigue siendo el ingreso por trabajo asalariado, que registró una disminución estadística de 3,2% a nivel nacional. Le siguen los ingresos por trabajo autónomo, otras transferencias, renta de la propiedad y finalmente está el ingreso por subsidios estatales y becas, todos estos sin variaciones estadísticamente significativas con respecto al año anterior.

En lo que respecta al ingreso per cápita (por persona), este se estimó en ₡467 197 para 2026, lo que representa también una disminución estadísticamente significativa de 3,8% en comparación con los ₡485 792 registrados en 2025.

Ingresos por zona

Con respecto al comportamiento del ingreso de los hogares según zona de residencia, se observa que, en la urbana, el ingreso promedio por hogar es ₡1 292 429, mientras que en la zona rural es ₡819 082; el ingreso de la zona rural es 36,6% menor que el de los hogares de la zona urbana.

En comparación con el año anterior, el ingreso promedio por hogar en la zona urbana presenta una disminución estadísticamente significativa de 4,7%. Por su parte, en la rural no se observa variación respecto a 2025.

Por otro lado, en términos del ingreso per cápita, en la zona urbana presenta una disminución estadísticamente significativa de 4,2%, al pasar de ₡545 626 en 2025 a ₡522 554 en 2026. En la zona rural, el ingreso per cápita se estima en ₡318 959 en 2026, sin variación estadísticamente significativa respecto al año anterior.

Ingresos por región

Al analizar el ingreso del hogar según las regiones de planificación, la Central presenta el mayor nivel de ingresos, tanto en el ingreso promedio por hogar como en el per cápita, con valores estimados en

₡1 366 083 y ₡544 064 respectivamente. Las regiones Chorotega, Pacífico Central y Brunca ocupan, en ese orden, el segundo, tercer y cuarto lugar, tanto para el ingreso total del hogar como para el ingreso per cápita; por su parte. La región Huetar Norte se ubica en el quinto lugar en cuanto al ingreso promedio por hogar y es la región con el ingreso per cápita más bajo. Por su parte, la Huetar Caribe presenta el ingreso total más bajo y el quinto lugar en el per cápita.

Con respecto al año anterior, la región Central presenta una disminución estadísticamente significativa de 3,6% tanto en el ingreso total del hogar como en el per cápita. El ingreso promedio por hogar del resto de las regiones no cambia de manera estadísticamente significativa.

En cuanto al ingreso per cápita, la región Brunca presenta una variación estadísticamente significativa con respecto al 2026, disminuyendo 11,7%.

Pobreza se mantiene similar al 2025

Sobre el comportamiento de la pobreza, los resultados de la Enaho 2026 revelan, que el porcentaje de hogares en el país en pobreza es de 15,4%; sin variación estadísticamente significativa en comparación con el año anterior. En términos absolutos, pasa de 286 365 hogares en 2025 a 298 713 hogares en 2026, que según la metodología de Línea de Pobreza se encuentran en esta condición.

El porcentaje de hogares en pobreza extrema, se estima en 3,8%, sin variación estadísticamente significativa con respecto a 2025. En términos absolutos, los hogares en pobreza extrema, pasan de 71 336 hogares en 2025 a 73 830 en 2026.

Además, se estima que en el año 2026 en Costa Rica hay 919 313 personas en condición de pobreza, lo que representa al 16,9% de la población total del país. También se estima que hay 242 993 personas en situación de pobreza extrema, el equivalente al 4,5% de la población nacional, que no pueden cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

Pobreza por ingresos por zona de residencia y región de planificación

En cuanto a la incidencia de la pobreza por zona de residencia, se observa que, en la zona urbana, el porcentaje de hogares en pobreza es de 13,5%; mientras que en la zona rural se estima en 20,7%, una diferencia de 7,2 puntos porcentuales. En cuanto a la pobreza extrema, en la zona urbana, la incidencia se mantiene en 3,1% de los hogares, mientras en la rural corresponde a 5,8%. Cabe mencionar que el porcentaje de hogares en pobreza en la zona urbana es el más bajo desde 2010 que inicia la serie Enaho, en tanto en la rural es el segundo menor.

Según región de planificación, la Central presenta la menor incidencia de pobreza país, con un porcentaje inferior a las estimaciones en el ámbito nacional. La incidencia de la pobreza es de 11,4%, sin variación estadística con respecto al año anterior. Las regiones Chorotega, Pacífico Central, y Huetar Norte ocupan el segundo, tercer y cuarto lugar en cuanto a nivel pobreza, con porcentajes inferiores al 22% (17,2%, 21,0% y 21,3% respectivamente), sin variación estadísticamente significativa respecto al 2025.

Las mayores incidencias de pobreza corresponden a las regiones Huetar Caribe y Brunca con estimaciones 22,2% y 27,3% respectivamente. En la región Brunca la variación es estadísticamente significativa, aumenta 3,5 puntos porcentuales, respecto al año anterior cuando se estimó en 23,8%.

Pobreza multidimensional

A pesar de que la incidencia de pobreza por ingreso de los hogares se mantuvo similar al 2025, la Enaho 2026 destaca que el porcentaje de hogares en pobreza multidimensional es de 8,9%, lo que equivale a 171 582 hogares. Este indicador mostró una disminución estadísticamente significativa de 1 punto porcentual en comparación con el año pasado.

Según zona de residencia, en la zona Urbana el porcentaje de hogares en pobreza multidimensional es de 6,5%, sin variación estadísticamente significativa con respecto al año anterior. En la zona Rural, la incidencia es de 15,3% lo que representa una reducción de 2,1 puntos porcentuales con respecto al año anterior.

En 2026, el Índice de Pobreza Multidimensional revela que la privación más frecuente de los hogares pobres se encuentra en el indicador de “bajo desarrollo de capital humano”, en la dimensión de Educación, con una incidencia de 67%. Le sigue el indicador de “sin seguro de salud”, en la dimensión de Salud, con una incidencia de 57,5%. En tercer lugar, está el indicador de “mal estado del techo o el piso”, en la dimensión de Vivienda y uso de internet, con una incidencia de 49,6% de los hogares pobres.

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Esta es una de las conclusiones del estudio técnico “Impacto del Tráfico y la Movilidad Urbana en la Productividad, el Talento Técnico y la Competitividad Regional en Centroamérica”, elaborado por la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (Fecamco).

La investigación analizó cómo los desafíos de la movilidad urbana se relacionan con la productividad empresarial, y los costos logísticos. Además del bienestar de los colaboradores y las oportunidades de acceso al talento técnico.

De acuerdo con el estudio, el 82% de los empresarios consultados considera que la movilidad urbana representa un riesgo para la competitividad a mediano plazo. Esto debido a sus implicaciones sobre la eficiencia de los recursos, la logística, el acceso al talento y las decisiones de organización y localización empresarial.

Movilidad e impacto económico

En materia económica, el estudio señaló que ocho de cada 10 empresarios identificaron costos adicionales asociados con los problemas de movilidad, mientras que una proporción similar consideró que estas condiciones generan pérdidas económicas o reducen la rentabilidad de sus negocios. Añadió que las afectaciones comprenden mayores gastos de transporte y combustible. Así como tiempo improductivo, horas extraordinarias y recursos adicionales destinados a mantener la continuidad de las operaciones.

En el ámbito logístico, el 76% de los empresarios consultados reportó afectaciones moderadas o significativas en sus actividades de logística, distribución o abastecimiento. Específicamente, la congestión y la variabilidad de los tiempos de desplazamiento reducen la cantidad de recorridos que pueden realizarse durante una jornada, generan esperas adicionales y dificultan la programación de entregas. En este contexto, el estudio recoge un incremento estimado del 10% en los costos logísticos asociados con los problemas de movilidad urbana.

Implicaciones en los colaboradores

Los resultados también reflejan importantes implicaciones del tránsito y la movilidad para los colaboradores. En este sentido, cinco de cada 10 colaboradores consultados dedican más de dos horas diarias a sus desplazamientos de ida y regreso del trabajo y, de este grupo, el 60% acumula tres horas o más de traslado al día. Esta situación representa una carga importante sobre el tiempo disponible para las actividades personales, familiares y de descanso, menciona el documento.

Asimismo, siete de cada 10 colaboradores reportaron afectaciones moderadas o elevadas en su tiempo familiar, de descanso o personal, mientras que seis de cada diez percibieron efectos de esa magnitud sobre su calidad de vida. Estos resultados muestran que las dificultades de movilidad no se limitan al tiempo de traslado, sino que también se relacionan con el bienestar de las personas.

La investigación identifica, además, implicaciones para el acceso al talento y las decisiones laborales. El 50% de los empresarios consultados ha enfrentado dificultades para atraer o retener personal debido a las condiciones de movilidad o ubicación de sus empresas. Por su parte, el 60% de los colaboradores considera que la ubicación del lugar de trabajo influye en su decisión de aceptar o mantener un empleo.

Esta situación también se refleja en las expectativas de las nuevas generaciones, ya que el 76% de los estudiantes consultados señaló el tiempo de traslado como uno de los criterios para evaluar una futura oportunidad laboral.

Ante estos desafíos, las empresas han implementado medidas de adaptación, como horarios flexibles, teletrabajo, modalidades híbridas y ajustes logísticos. Sin embargo, el estudio señala que estas alternativas dependen de las características de cada actividad económica, especialmente en aquellos sectores que requieren prespecialidad o transporte continuo de mercancías.

Recomendaciones para Centroamérica en cuanto a movilidad

A partir de los hallazgos, el estudio plantea recomendaciones orientadas a fortalecer la planificación metropolitana, mejorar las condiciones del transporte colectivo, promover una gestión logística urbana coordinada y facilitar la implementación de medidas de adaptación empresarial acordes con las necesidades de cada sector económico.

Asimismo, propone incorporar los tiempos y costos de desplazamiento en las estrategias de contratación, empleo y formación técnica. Así como impulsar acciones regionales de educación vial y movilidad responsable, con participación de autoridades, empresas e instituciones educativas.

La investigación también destaca la necesidad de fortalecer la coordinación entre los sectores público y privado para atender desafíos que exceden la capacidad individual de las empresas. Entre las propuestas se encuentra la promoción de un Consejo Regional de Movilidad y Logística, como mecanismo de coordinación público-privada en el marco de la integración regional.

En materia de generación de conocimiento, Fecamco plantea impulsar el Observatorio Regional de Competitividad. Esta es una iniciativa orientada a producir información e indicadores comparables sobre productividad, movilidad, logística y talento, mediante la articulación entre el sector empresarial, las instituciones públicas y la academia. Esta iniciativa busca dar continuidad a la generación de evidencia técnica que contribuya a orientar decisiones y políticas públicas para el desarrollo regional, concluyó la organización.

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Específicamente, aspectos como el incremento de los costos operativos, las deficiencias en la formación del talento humano, el rezago en infraestructura y los cambios tecnológicos están modificando las condiciones que durante años permitieron al país posicionarse como un destino atractivo para las empresas multinacionales.

Así lo advirtió Daniel Álvarez, CEO de Cushman & Wakefield | AB Advisory, durante el taller para periodistas “Situación de las zonas francas en Costa Rica: Coyuntura y perspectivas”, organizado por el BAC.

Según el especialista, estos factores están generando una presión creciente sobre las operaciones internacionales establecidas en el país, algunas de las cuales ya han optado por trasladarse a otros mercados con menores costos.

La preocupación cobra relevancia por el peso económico del régimen. De acuerdo con las cifras expuestas por Álvarez, las zonas francas representan cerca del 15% del producto interno bruto (PIB). Además, concentran aproximadamente entre el 66% y el 67% de la inversión extranjera directa y generan cerca de 300.000 empleos directos e indirectos.

Durante el taller, Álvarez señaló que, aunque Costa Rica logró transformar su economía y especializarse en la atracción de compañías internacionales de manufactura avanzada y servicios, mantener esa posición requiere una estrategia de competitividad que responda a las nuevas condiciones del mercado global.

Cuatro factores que afectan la competitividad para las zonas francas

Uno de los principales problemas identificados por el especialista es el comportamiento del tipo de cambio y su impacto sobre las empresas que reciben sus ingresos en dólares, pero deben cubrir una parte importante de sus costos operativos en colones.

Según explicó, para algunas compañías que se instalaron en Costa Rica hace cinco, siete u ocho años, el costo de sus planillas, medido en dólares, ha aumentado entre un 35% y un 40% respecto de las condiciones bajo las cuales estructuraron originalmente sus operaciones.

A este incremento se suma la incertidumbre sobre el comportamiento futuro de la moneda. Ello, mencionó, dificulta la planificación financiera de las multinacionales y la proyección de sus costos para los próximos 12, 18 o 24 meses.

Un segundo desafío señalado por Álvarez, corresponde al deterioro de las condiciones educativas y a la necesidad de formar talento humano con las competencias que demanda la nueva economía digital.

Álvarez advirtió que el país presenta un rezago en la preparación de su fuerza laboral. Esto mientras otras economías competidoras están acelerando sus programas de formación y especialización. En ese contexto, cuestionó que las empresas deban destinar recursos propios a desarrollar capacidades que deberían fortalecerse desde el sistema educativo nacional.

El tercer problema señalado durante la charla corresponde a la infraestructura y la logística. Ello ligado particularmente a las dificultades de movilidad que enfrentan diariamente miles de trabajadores.

Para el especialista, el crecimiento del parque vehicular, sin un desarrollo equivalente de la infraestructura vial, ha provocado tiempos de desplazamiento cada vez mayores. Esta situación también representa un obstáculo para las compañías que buscan incrementar la presencialidad de sus colaboradores.

El cuarto factor señalado fue la transformación tecnológica que está experimentando el mercado internacional, especialmente por la incorporación acelerada de inteligencia artificial en procesos empresariales que tradicionalmente requerían grandes cantidades de trabajadores.

Esta transformación representa una amenaza particular para las operaciones de servicios tercerizados, como centros de llamadas, atención al cliente y procesos administrativos repetitivos.

Empresas de servicios enfrentan mayor riesgo

De acuerdo con el análisis presentado por Álvarez, no todos los sectores del régimen de zonas francas enfrentan el mismo nivel de vulnerabilidad.

Dijo que las compañías de manufactura avanzada, dispositivos médicos e investigación y desarrollo presentan una mayor capacidad de resistencia ante los cambios en los costos operativos. Esto debido a las inversiones millonarias que realizan en instalaciones, maquinaria y equipos especializados.

En contraste, las empresas dedicadas a servicios compartidos y, especialmente, aquellas que desarrollan procesos transaccionales o de tercerización de servicios empresariales (BPO), tienen mayor facilidad para trasladar sus operaciones a otros países.

Esta diferencia se explica porque las compañías de servicios suelen requerir inversiones de capital menores y dependen en mayor medida de los costos laborales.

Álvarez indicó que Cushman & Wakefield ha atendido clientes que, por ejemplo, trasladaron operaciones durante los últimos meses hacia mercados como Guatemala, México, Filipinas e India, donde encuentran condiciones de costos más favorables.

A esta presión se suma la automatización de procesos mediante inteligencia artificial. Ella, dijo, está llevando a las multinacionales a revisar la cantidad de trabajadores que necesitan contratar.

Como ejemplo, mencionó el caso de una empresa internacional que había previsto contratar a 1.000 personas y ocupar un edificio completo en una de las zonas francas del país. Sin embargo, el proyecto fue sometido a una nueva evaluación para determinar cuántos puestos serían realmente necesarios ante las posibilidades de automatización.

Según explicó Álvarez, esta situación introduce una nueva incertidumbre para la generación de empleo; así como para las inversiones inmobiliarias que dependen de la llegada de nuevas operaciones.

Pérdida de empleos en zonas francas genera efectos sobre otros sectores

Durante la presentación, el especialista señaló que se han perdido más de 6.000 empleos vinculados a compañías multinacionales durante los últimos 18 meses. Esta es una situación que considera preocupante por las dificultades que enfrenta la economía nacional para absorber a los trabajadores desplazados.

Advirtió que, si las condiciones actuales persisten, podrían producirse nuevas reducciones de personal y salidas de empresas. No obstante, el impacto económico, va más allá de los puestos de trabajo.

Álvarez explicó que las compañías instaladas en zonas francas mantienen relaciones comerciales con numerosos proveedores nacionales; entre otros, firmas legales, empresas de limpieza, servicios tecnológicos, operadores de alimentación, entidades financieras y compañías de mantenimiento.

Según sus estimaciones, una multinacional puede mantener entre 10 y 15 proveedores permanentes de servicios. Debido a ello, el cierre o traslado de una operación también reduce las oportunidades de negocio para estas empresas.

En el mercado inmobiliario, el especialista señaló que la desocupación de oficinas también constituye una de las consecuencias más visibles.

De acuerdo con los datos presentados, la tasa de desocupación de oficinas alcanza un 17,7%, mientras que la absorción neta registró una caída del 11,7%. Esto durante el primer semestre de 2026.

Añadió que, si la tendencia descendente en la inversión extranjera del sector servicios continúa, Cushman & Wakefield proyecta que la desocupación podría acercarse al 27% hacia 2030, con consecuencias sobre los ingresos por alquileres, el valor de los inmuebles y la viabilidad de nuevos desarrollos.

El especialista también señaló que algunos proyectos inmobiliarios con componentes importantes de oficinas ya están siendo suspendidos o reconsiderados debido a las dificultades para alcanzar los rendimientos financieros esperados.

Urge una estrategia para recuperar competitividad de las zonas francas

Ante este panorama, Álvarez considera necesario que Costa Rica defina una ruta económica más clara para enfrentar los cambios en las condiciones de inversión internacional.

Entre los aspectos prioritarios mencionó la necesidad de fortalecer el sistema educativo. Además de mejorar la ejecución de los proyectos de infraestructura, atender la incertidumbre cambiaria y recuperar una comunicación más abierta entre el sector público y el sector privado.

Durante el taller, Álvarez planteó que los problemas del sistema educativo no se resuelven únicamente mediante mayores presupuestos. Sino también con una mejor capacidad de ejecución y una transformación estructural que permita preparar a las nuevas generaciones para los empleos que demanda la economía digital.

Asimismo, consideró necesario que el Banco Central adopte un papel más activo en la búsqueda de un equilibrio cambiario que responda a las necesidades de los distintos sectores de la economía.

Finalmente, Álvarez cuestionó la falta de una visión económica de largo plazo que permita identificar cómo Costa Rica sostendrá su capacidad de atraer inversiones, desarrollar nuevas actividades productivas y generar oportunidades laborales.

Para el especialista, el desafío no consiste únicamente en evitar la salida de empresas de zonas francas, sino en definir cómo el país podrá competir en sectores de mayor valor agregado. Además de reincorporar a los trabajadores que están perdiendo sus empleos ante la transformación del mercado internacional.

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Así lo señala un reciente informe de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer).

Los datos muestran que el sector agrícola, representó el 17% de las exportaciones de bienes, y creció 4%. También aumentaron las exportaciones de los sectores eléctrica y electrónica (16%), pecuario y pesca (11%) y alimentario (9%). Por su parte, el equipo de precisión y médico, principal sector exportador del país, registró un crecimiento de +1%.

Procomer añade que, en el sector agrícola, sobresale el crecimiento del 55% del plátano. Asimismo, crecieron las exportaciones de piña (10%) y banano (6%), mientras que las de café oro disminuyeron 8%.

Adicionalmente, los principales bienes de exportación en este periodo fueron los dispositivos médicos con un 46% del total, piña con un 6%, banano con 5%. Así como los jarabes y concentrados para bebidas un 3%, café oro un 2%, jugos y concentrados de frutas con 2%, cables eléctricos con un 2% y antisueros un 1%.

A nivel de mercados, las exportaciones hacia el continente asiático crecieron 16%, a Europa 9% y hacia América Central y América del Sur 8% en cada una. América del Norte, que concentró el 48% de las exportaciones, registró una disminución de 1%.

Dentro del país, el Pacífico Central encabezó el resultado, con 23%, seguido por la región Brunca, con 13%, y la Chorotega, con 10%. La Huetar Norte creció 3%, mientras que las regiones Central y Huetar Atlántica aumentaron 1% cada una.

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Así lo revelan los datos de la más reciente Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

Los datos añaden que le sigue el ganado vacuno de leche, con una participación de 18,9% (283,051 cabezas); mientras que doble propósito reúne 15,8% del hato, correspondiente a 236,056 cabezas. Finalmente, los animales utilizados para trabajo representan 0,1%, con 2,017 cabezas.

En cuanto a la composición del hato por sexo, las hembras lideran con un 72,5%, equivalente a 1,085,023 cabezas; mientras que los machos constituyen el 27,5%, con 410,907 cabezas. Asimismo, durante 2025 se estimaron 427,615 nacimientos de ganado vacuno. De ellos, el 47,8% correspondió a machos y el 52,2% a hembras.

Según el propósito, el 54,7% de los nacimientos se registró en fincas dedicadas a la producción de carne, para un total de 234,030 animales; el 27,5% correspondió a ganado vacuno de leche, con 117,279 nacimientos; y el 17,8 % restante se estimó en ganado vacuno de doble propósito, equivalente a 76,306 animales.

Respecto a las hembras en producción, el análisis se concentra en los propósitos de leche y doble propósito. En la actividad lechera, el 78,2% de las vacas (126,260) se encontraba en producción, mientras que el 21,8% (35,173) correspondía a vacas secas o en periodo de descanso fisiológico previo al próximo parto. Por su parte, para las vacas de doble propósito, el 60,3% (72,922) se encontraba en producción y el 39,7% (47,976) correspondía a vacas secas.

Pérdidas de animales

Con relación a las pérdidas de animales, estas se estimaron en 52,423 cabezas de ganado vacuno. El INEC señaló que la mayor proporción de las pérdidas se registró en los propósitos de producción de carne, que concentraron el 55,5% del total de pérdidas, seguidos por los de leche (29,9%) y de doble propósito (14,6%).

El estudio añade que, al analizarlo según grupos de edad, se observa que la principal causa en todas las categorías corresponde a plagas y enfermedades. En los animales menores de un año esta causa representó el 81,2% de las pérdidas; mientras que en los animales de 1 a menos de 2 años y de 2 años o más alcanzó el 53,6% y 52,6%, respectivamente.

En cuanto a las prácticas pecuarias del ganado vacuno, los resultados muestran que el pastoreo es el sistema de producción predominante en la actividad ganadera nacional. Este sistema estuvo presente en el 93,0% de las fincas dedicadas a la producción de carne, el 77,3% de las unidades de producción de leche y el 92,7% de las de doble propósito, lo que confirma su importancia como base de la producción vacuna en el país.

Respecto a la alimentación del ganado vacuno, predomina el uso de pasto natural en los diferentes propósitos productivos. Su utilización alcanzó el 49,6% en el ganado destinado a la producción de carne, el 50,4% en la producción de leche y el 58,2% en los sistemas de doble propósito, evidenciando su papel fundamental en el sostenimiento de la actividad ganadera nacional.

Ganado porcino

La ENA 2025 también estimó que el hato porcino nacional estuvo conformado por 441,886 animales. De estos, el 88,8% se destina a la producción de carne y el 11,2% a la reproducción.

Para el INEC, esta estructura productiva refleja una relación aproximada de 16 hembras por cada macho, mientras que los vientres representan el 94,0% del ganado porcino destinado a la reproducción, constituyéndose en la principal categoría dentro de este grupo.

En cuanto a la dinámica reproductiva, durante 2025 se estimaron 837,766 nacimientos de porcinos. De acuerdo con la clasificación establecida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), las fincas grandes registraron un promedio de 2,4 partos por hembra; mientras que en las fincas de subsistencia este indicador fue de 1,6 partos por hembra. Asimismo, la edad promedio de destete se estimó en 23,9 días para las fincas grandes y 35,5 días para las de subsistencia. Por su parte, el intervalo promedio entre el destete y la preñez alcanzó 5,9 días en las fincas grandes y 18,4 días en las fincas de subsistencia.

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Así lo señalan datos compartidos por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

El análisis del Colegio por tipo de obra revela que, aunque la obra habitacional sigue concentrando la mayor cantidad de metros cuadrados con el 32,5% del total nacional, se experimentó un crecimiento moderado del 0,5%.

Este comportamiento, dijo la entidad, tuvo el impulso de la vivienda de interés social, que creció un 9,1%. Por su parte, la obra industrial se consolidó con un incremento del 55,7% al pasar de 758,360 m² en 2025, a 1,180,767 m² este año.

“Este comportamiento estuvo apalancado por el desarrollo de bodegas e infraestructura para producción, las cuales aumentaron un 46,4%. La obra urbanística ocupó el segundo lugar en relevancia con 1,934,896 m², con un aumento del 19,7%. De esta manera, ambos sectores aportaron el 78,6% del crecimiento nacional. Por su parte, obra comercial sufrió una baja del 5,6%, afectada en un 51,3% en el desarrollo de oficinas, a pesar de que los locales comerciales lograron crecer un 3,6%”, explicó el Fernando Escalante, presidente del CFIA.

Comportamiento de la intención de construcción por provincias

El análisis del CFIA añade que Heredia lideró el crecimiento relativo de la intención construcción con un aumento del 55,7%. Le sigue Puntarenas (+26,2%), Guanacaste (+25,5%), Limón (+18,8%) y Alajuela (+7,3%). Por el contrario, Cartago y San José, experimentaron retrocesos del 19,0% y 2,4% respectivamente.

El Colegio añadió que, a nivel cantonal, 52 de los 84 cantones del país aumentaron sus registros de construcción con respecto al 2025. Específicamente, el cantón central de Heredia ocupó el primer lugar en el registro metros cuadrados (607,701 m²), lo que representa +201,9%.

En términos de crecimiento porcentual, los cantones que lideraron la lista fueron Tilarán con +313,9% (impulsado en un 68,8% por obra industrial). Además de Buenos Aires con +275,8% (con un 90,1% concentrado en obra urbanística); Río Cuarto con +266,0% (con un 58,2% destinado al sector industrial); y Mora con +255,1% (marcado por un 69,7% en desarrollo de obra sanitaria).

Javier Chacón, director ejecutivo del CFIA, explicó, además, que los datos obtenidos a partir de los registros de la plataforma del Administrador de Proyectos Topográficos (APT) del CFIA, confirmaron que los planos de agrimensura aumentaron un 6,4%, alcanzando los 78 043 registros en los 9 meses del año.

Por provincias, Puntarenas (+15,1%) y Heredia (+14,3%) encabezaron el crecimiento en este rubro, mientras que Alajuela (16 835 planos) y San José (16 162 planos) acapararon el 42,3% del total de trámites de agrimensura en todo el territorio nacional.

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Así lo muestran datos de comercio exterior recopilados por la Italian Trade Agency (ITA). Estos añaden que, específicamente, durante el primer semestre del 2026 las importaciones de pastas aumentaron un 28,6%. Por su parte, las de vino crecieron un 9,1%. Ambos respecto al mismo período del año anterior.

La entidad agrega que la pasta presentó el mayor dinamismo. Esto al pasar de aproximadamente ₡567 millones a ₡727 millones. Mientras que las exportaciones de vino alcanzaron ₡1.438 millones, frente a aproximadamente ₡1.320 millones un año antes.

En ese mismo período, las importaciones de quesos y productos lácteos sumaron aproximadamente ₡804 millones, mientras que las de aceite de oliva alcanzaron aproximadamente ₡492 millones.

Entre otros datos, la entidad señala que, en pasta, Italia fue el segundo proveedor del país. Esto con una participación de 26,69% del valor total importado. Este país europeo también ocupó el segundo lugar en aceite de oliva, con una participación de 6,45%.

En el caso del vino, Italia se posicionó como el tercer proveedor de Costa Rica, con 13,66% de las importaciones de esa categoría. Ello únicamente por detrás de Chile y España.

Italia también ocupó la tercera posición como proveedor de quesos y productos lácteos, con una participación de 4,29% del mercado importado.

“La relación entre Costa Rica y la gastronomía italiana va mucho más allá de la familiaridad con nuestros platos. Existe también una presencia concreta de productos e ingredientes italianos en el mercado costarricense. Cada pasta, queso, aceite o vino lleva consigo territorios, conocimientos y tradiciones que forman parte de la identidad gastronómica de Italia”, concluyó Elena Sgarbi, embajadora de Italia en Costa Rica.

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Esta es una de las principales conclusiones del estudio Consumer Outlook 2027, el estudio global de NielsenIQ (NIQ).

El informe señala que la gestión financiera se ha convertido en una prioridad para los hogares de la región. Esto porque el 76% de los latinoamericanos busca activamente fuentes adicionales de ingresos. Además, el 40% consideraría cambiar de empleo para fortalecer su estabilidad laboral.

Al mismo tiempo, el 37.3% afirma estar en una mejor situación financiera que hace un año, mientras que 28.7% considera que ha empeorado, reflejando una región diversa donde los consumidores continúan adaptándose a diferentes realidades económicas.

Prioridades de gasto para los consumidores

El estudio también agrega que las principales preocupaciones de los consumidores para los próximos meses son el aumento de los precios de los alimentos (29%). Así como el incremento de los servicios básicos (19%) y una posible desaceleración económica (17%).

La delincuencia (15%) y la inestabilidad política (14%) también figuran entre los temas más relevantes para los consumidores de la región.

En este contexto, añade la firma, las decisiones de compra se vuelven más selectivas. Específicamente, el 64.1% de los consumidores afirma que prefiere ahorrar cuando un producto no ofrece beneficios claramente superiores. Mientras que 58.7% asegura que, cuando decide gastar más, busca opciones claramente premium.

Presión de precios impulsa un gasto más selectivo

Esta preocupación generalizada por el costo de vida se refleja con claridad en el comportamiento de compra en Centroamérica (CAM). Según datos de medición de retail de NIQ, en los últimos 12 meses hasta agosto (RY26 vs. RY25), el precio de la canasta en la subregión registró un crecimiento del 3.8%, acelerando su ritmo en comparación con el incremento del 2.5% observado en el período previo.

Esta tendencia viene impulsada fuertemente por un efecto de apreciación en Costa Rica y se manifiesta principalmente en canales clave como Autoservicios y Farmacias. Específicamente en Autoservicios, las alzas de precio se concentran en las categorías de Abarrotes y Bebidas No Alcohólicas, subcanastos de alta relevancia que representan en conjunto el 36% de las ventas totales del canal.

Adicionalmente, la inteligencia artificial (IA) está ganando influencia dentro del recorrido de compra. De acuerdo con el estudio, 58% de los consumidores latinoamericanos afirma haber sido influenciado por recomendaciones generadas mediante IA y 29% ya utiliza estas herramientas para investigar o decidir qué comprar.

Al mismo tiempo, el bienestar se consolida como una de las tendencias con mayor potencial de crecimiento. El 60.3% de los consumidores cree que los tratamientos GLP-1 para el control de peso y la salud metabólica influirán en la forma en que las personas compran alimentos, bebidas y productos de salud durante los próximos años.

Esta evolución coincide con una mayor orientación hacia hábitos saludables. Específicamente, el 70.1% de los consumidores de la región afirma estar dispuesto a pagar más por productos frescos sin conservadores, mientras que 54.7% pagaría más por productos con transparencia de ingredientes o cadena de suministro.

Perfil de los consumidores hacia 2027

Los resultados apuntan a un consumidor más informado, más digital y orientado al valor. La capacidad de las marcas para demostrar beneficios concretos, ofrecer experiencias relevantes y responder a necesidades específicas será cada vez más determinante para impulsar el crecimiento.

A medida que tecnologías como la inteligencia artificial, nuevas prioridades de bienestar y tendencias emergentes como GLP-1 ganan relevancia, los consumidores estarán cada vez más dispuestos a adoptar soluciones que les permitan optimizar tanto su presupuesto como su calidad de vida.

Además, el Consumer Outlook 2027 muestra que las empresas enfrentan un entorno donde los consumidores son más diversos, más exigentes y abiertos al cambio. Para fabricantes y retailers, comprender estas dinámicas será clave para identificar oportunidades de crecimiento y construir propuestas de valor relevantes para el consumidor latinoamericano del futuro.

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Precisamente, tormentas, inundaciones, sequías, olas de calor y otros fenómenos extremos, cada vez más intensos y frecuentes, destruyen viviendas, interrumpen cadenas logísticas, reducen ingresos, obligan a desviar recursos públicos hacia la atención de emergencias y la reconstrucción y, en muchos casos, generan secuelas prolongadas sobre el crecimiento, la pobreza, la cohesión social y la estabilidad fiscal.

Estas son algunas de las conclusiones del informe: “Hacia una Estrategia Iberoamericana de Respuesta a los Desastres de Origen Natural: Resiliencia, Seguro y Alianzas Público-Privadas”, que la Fundación Iberoamericana Empresarial (FIE) presentó a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) para que pueda ser analizado en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre de 2026.  El informe fue impulsado de forma conjunta por la FIE, Mapfre, y CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe. Además, fue elaborado por los economistas, ingenieros y expertos en estrategias de políticas públicas Manuel Balmaseda, Ángel Melguizo y Víctor Muñoz.

El documento señala que, aunque la región ha avanzado de forma significativa en materia de protección civil, mediante sistemas de prevención, alerta temprana y evacuación ante una emergencia, los países necesitan disponer de una estrategia adicional para reforzar la resiliencia regional y acelerar la reconstrucción tras este tipo de desastres de origen natural.

Desastres de origen natural registrados en América Latina y el Caribe

Adicionalmente, el informe menciona que, ante la recurrencia de estos fenómenos, es clave contar con instrumentos financieros predefinidos, adecuados a distintos tipos de riesgo y momentos de intervención, como los seguros, esquemas público-privados y otras herramientas de liquidez y transferencia de riesgo que permiten disponer de fondos y reglas de actuación ya definidas, evitando improvisaciones cuando se produce una emergencia.

Los expertos indican que para los incidentes más habituales y de menor impacto pueden utilizarse reservas presupuestarias, y fondos de contingencia, mientras que para eventos menos frecuentes y de mayor severidad son necesarios instrumentos de transferencia, como los seguros, reaseguros, esquemas paramétricos y bonos catastróficos que ayuden a cubrir los costes de recuperación.

El documento también propone avanzar en una estrategia que refuerce la protección civil con una segunda línea de defensa basada en la resiliencia financiera a través de los seguros, la financiación preventiva, la innovación tecnológica y la colaboración entre el sector público y el privado que, según los autores, son elementos clave para contribuir a reducir la brecha de protección aseguradora (81% en la región), acelerar la recuperación tras una catástrofe y fortalecer la resiliencia económica y fiscal de los países que forman parte de esta región.

Urgencia social y económica

El documento añade que reforzar la capacidad de respuesta de América Latina y el Caribe ante los desastres de origen natural es una urgencia social y económica, con una dimensión financiera decisiva.

En este sentido, el informe propone un decálogo con principios claros, accionables y medibles, que permitan a los países pasar a la acción y disponer de recursos suficientes y rápidos para acelerar la reconstrucción tras los desastres naturales y reducir sus consecuencias sociales y económicas.

Entre ellos, destaca el hecho de convertir la resiliencia financiera en una prioridad de Estado; disponer de recursos para la recuperación de forma rápida; proteger las infraestructuras, servicios y actividades económicas cuya interrupción tenga un mayor impacto social y económico; mejorar la accesibilidad aseguradora para que una parte importante de la población y de las pequeñas empresas tengan mayor acceso a mecanismos de cobertura frente a riesgos catastróficos, aumenten la proporción de pérdidas cubiertas debido a barreras económicas, limitaciones de información y dificultades de distribución; y asegurar pagos rápidos, ya que la agilidad en los desembolsos es fundamental para una recuperación eficaz.

El decálogo también hace referencia a la importancia de impulsar alianzas público-privadas, ya que la colaboración entre administraciones y empresas es clave para aprovechar la capacidad técnica, financiera y de innovación del sector privado y mejorar la protección; vincular protección y prevención, para que los mecanismos de cobertura estén acompañados de medidas que reduzcan los riesgos y fomenten una mejor planificación y preparación ante los desastres; y avanzar con una cooperación flexible y orientada a resultados, ya que cada país debe poder progresar según sus necesidades y capacidades con el objetivo común de ampliar la protección, acelerar la recuperación y reducir el impacto de los desastres.

Decálogo para implementar la Estrategia Iberoamericana de respuesta a los desastres de origen natural

1. Integrar la resiliencia financiera como prioridad de Estado.
2. Reducir la brecha de protección frente a los desastres de origen natural.
3. Priorizar los riesgos, activos y actividades de mayor impacto económico y social.
4. Impulsar alianzas público-privadas con reglas claras.
5. Preservar la disponibilidad y sostenibilidad de las coberturas.
6. Garantizar pagos rápidos, transparentes y verificables.
7. Utilizar la innovación tecnológica y financiera para ampliar la cobertura.
8. Vincular el aseguramiento con la prevención y la reducción del riesgo.
9. Construir estándares y capacidades iberoamericanas compartidos.
10. Avanzar mediante un multilateralismo flexible y orientado a resultados.

El informe se encuentra disponible en el sitio web: www.mapfre.com.

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