Datos de El efecto salud 2026, elaborado por Worldpanel by Numerator, muestran que el grupo de consumidores que logra administrar sus finanzas (Managing) cayó de 45% a 42% en el último año. Mientras el segmento que enfrenta mayores dificultades económicas (Struggling) aumentó de 28% a 32%. A pesar de este escenario, 60% de los consumidores de la región considera que mantiene un buen bienestar físico.

“Estamos viendo un cambio importante en la forma en que los hogares toman decisiones de compra. La salud ya no es una meta futura, sino un criterio cotidiano de compra. Incluso cuando existe mayor presión sobre el presupuesto, los consumidores reorganizan su gasto para proteger aquello que consideran importante para su bienestar”, afirma Sofía Molnar, de Worldpanel by Numerator.

Prevención y decisiones de compra

El estudio también muestra que la prevención continúa ganando espacio en América Latina. Los Health Actives, consumidores que incorporan de manera constante hábitos saludables, ya representan 38% de los hogares de la región. Además, las categorías asociadas con autocuidado y bienestar concentran 19% del gasto en consumo masivo, pero registran el mayor ritmo de crecimiento, con un incremento de 12% frente al año anterior.

En Centroamérica y el Caribe esta tendencia también se refleja en el comportamiento y decisiones de compra. Específicamente, los consumidores con hábitos más saludables realizan más ocasiones de compra y generan un mayor dinamismo para las categorías relacionadas con bienestar y prevención.

Conocimiento sobre GLP-1 crece 43% en un año en la región

Otro de los hallazgos en el estudio es que en Centroamérica y el Caribe, el conocimiento sobre estos medicamentos pasó de 14% en 2025 a 20% en 2026, un crecimiento cercano al 43% en apenas un año.

Panamá destaca con el mayor nivel de conocimiento, con 26%, seguido por Costa Rica (21%) y Guatemala (16%). En América Latina, el conocimiento ya alcanza 33% de los hogares, equivalente a 63 millones de hogares, siete puntos porcentuales más que el año anterior.

Añade que la adopción todavía se encuentra en una etapa inicial, pero ya muestra distintas dinámicas en la región. En Centroamérica, 4.9% de los hogares cuenta con al menos un usuario actual de GLP-1, mientras que 8.4% tiene al menos un exusuario. A su vez, otro 3% de los hogares tiene al menos una persona que probablemente comenzará el tratamiento, lo que anticipa nuevas transformaciones en los hábitos y en la composición de la canasta de consumo.

Además, el perfil de quienes utilizan o consideran estos tratamientos también revela diferencias generacionales. Los adultos de 50 a 59 años concentran 36% de los usuarios actuales, mientras que las personas de 40 a 49 años representan 56% de quienes consideran comenzar a utilizar GLP-1. Esta diferencia muestra que la próxima ola de adopción podría tener un perfil distinto al de los usuarios actuales.

Reducción del azúcar en las decisiones de compra

La transformación también se refleja en la alimentación. En Centroamérica y el Caribe, 40% de los consumidores busca reducir el consumo de azúcar, mientras 43% mantiene hábitos tradicionales y apenas 5% prioriza alternativas sin azúcar o bajas en calorías.

A nivel latinoamericano, más de 80 millones de hogares buscan disminuir el consumo de azúcar, impulsando el crecimiento de categorías percibidas como una mejor inversión para el bienestar, como agua mineral, bebidas funcionales y alternativas vegetales.

“La salud seguirá siendo uno de los principales motores de transformación del consumo y de las decisiones de compra durante los próximos años. Para las marcas, el desafío ya no es únicamente responder al contexto económico, sino comprender cómo evolucionan las prioridades de los consumidores y acompañarlos con propuestas relevantes para esta nueva relación con el bienestar”, concluyó Molnar.

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Composición de la oferta exportable costarricense de enero a julio de 2026

De acuerdo con el informe, el sector de equipo de precisión y médico continúa liderando las exportaciones de bienes con ventas por $6.399 millones y un crecimiento del 2% respecto al mismo periodo de 2025. Le siguen el sector agrícola, con $2.371 millones (+6%), y la industria alimentaria, con $1.707 millones (+8%).

También registraron variaciones positivas los sectores: eléctrica y electrónica, con $735 millones (+22%), químico-farmacéutico, con $664 millones (+1%); metalmecánica, con $446 millones (+7%); pecuario y pesca, con $279 millones (+13%); y caucho, con $194 millones (+5%). El sector plástico fue el único que registró una disminución en el periodo, con exportaciones por $294 millones, un 5% menos que en el mismo periodo de 2025.

Entre los productos que más contribuyeron al crecimiento destacan la piña, con $69 millones adicionales respecto al mismo periodo de 2025; el banano, con $59 millones; el oro en bruto, con $55 millones; los dispositivos médicos, con $52 millones; y los jugos y concentrados de frutas, con $51 millones. A estos se suman productos como las máquinas para la fabricación de semiconductores (+$46 millones), partes y accesorios de máquinas (+$39 millones), los aparatos para medición de magnitudes eléctricas (+$36 millones), el aceite de palma (+$34 millones) y los cables eléctricos (+$33 millones).

Por régimen de exportación, las ventas desde zona franca alcanzaron los $9.309 millones, con un crecimiento del 4% (+$380 millones), mientras que las del régimen definitivo sumaron $4.375 millones, un 8% más (+$316 millones) que en el mismo periodo de 2025.

Exportaciones crecen en todas las regiones del país y se diversifican por destino

El crecimiento de las exportaciones también se extendió a todas las regiones del país. El Pacífico Central registró el mayor aumento porcentual, con un 25% (+$64 millones), seguido por la región Brunca, con 21% (+$41 millones); Chorotega, con 6% (+$43 millones); Huetar Norte, con 4% (+$37 millones); y las regiones Central y Huetar Atlántica, ambas con un crecimiento del 3%, equivalente a $251 millones y $33 millones adicionales, respectivamente.

Por destino, Asia registró el mayor crecimiento porcentual, con un aumento del 31% (+$240 millones), hasta alcanzar los $1.008 millones; mientras que Europa creció un 10% (+$288 millones), con exportaciones por $3.048 millones. También aumentaron los envíos hacia América Central, un 9% (+$192 millones); América del Sur, un 7% (+$17 millones); y el Caribe, un 1% (+$4 millones). América del Norte se mantuvo como el principal destino de las exportaciones costarricenses, con una participación del 47% y ventas por $6.560 millones.

Entre los mercados que registraron variaciones positivas destacan Países Bajos en Europa, China en Asia, Honduras en América Central, Ecuador en América del Sur y República Dominicana en el Caribe. En Europa, el banano, otros dispositivos de uso médico y la piña estuvieron entre los productos con mayores aumentos, mientras que en Asia destacaron los dispositivos médicos, las máquinas para la fabricación de semiconductores y los aparatos para medición de magnitudes eléctricas.

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Así lo revelan los resultados de los estudios “Entendiendo la dinámica de compra del shopper Centroamericano” y “Menos es más, la nueva realidad del shopper”, elaborados por Worldpanel by Numerator y analizados por Essity para Centroamérica. 

El análisis identifica cuatro tendencias que están redefiniendo este mercado en la región. Estas son una mayor comparación de alternativas antes de comprar; una planificación más anticipada de las adquisiciones; el bienestar como un factor clave de elección; y una creciente preferencia por productos con propuestas de valor diferenciadas.

De acuerdo con la empresa, estas transformaciones en las decisiones de compra reflejan un consumidor que investiga más. Además de que compara opciones y prioriza soluciones que respondan a necesidades específicas de su estilo de vida.

El informe añade que los datos también evidencian un cambio generacional en el consumo. Esto porque la Generación Z se consolida como uno de los principales motores de crecimiento del mercado, con incrementos del 8% en productos de consumo masivo y del 13% en la categoría de cuidado personal. Por su parte, los millennials mantienen una evolución positiva, con un crecimiento del 6% en cuidado personal, consolidándose junto con la Generación Z como los grupos que marcarán las decisiones de compra durante los próximos años.

En contraste, los baby boomers registran una disminución del 8% en la demanda de productos de consumo masivo. Con ello reflejando una transformación en la composición del mercado y en los hábitos de compra de los hogares centroamericanos.

El bienestar gana protagonismo en la compra

Estefanía Estrada, Marketing Manager Fem Care para Centroamérica de Essity, explicó que el estudio también confirma que el bienestar se ha convertido en uno de los principales factores que orientan las decisiones de consumo. Específicamente, en Centroamérica, el 52% de las personas identifica el estrés como su principal preocupación de salud, seguido por la diabetes (51%), el control del peso (46%) y la ansiedad (44%).

Para Estrada, este escenario evidencia que el autocuidado ya no se limita únicamente a atender enfermedades, sino que forma parte de las decisiones cotidianas de compra. Como resultado, los consumidores priorizan la compra de productos que les brinden confianza, comodidad, practicidad y una mejor calidad de vida.

De acuerdo con la especialista, este contexto representa una oportunidad para las empresas del sector de higiene y salud, que deben desarrollar soluciones capaces de responder a expectativas cada vez más específicas y diferenciadas.

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El informe indica que la economía regional crecería un 2,2% en 2026, después de expandirse un 2,4% en 2025, y registraría una recuperación parcial hasta el 2,5% en 2027. De confirmarse estas proyecciones, América Latina y el Caribe completaría cinco años con un crecimiento promedio cercano al 2,3%, una tasa insuficiente para elevar de manera sostenida el ingreso por habitante, cerrar las brechas de desarrollo y ampliar significativamente los espacios de política.

Además, señala que el deterioro del contexto internacional, marcado por un menor crecimiento mundial, mayores tensiones geopolíticas, volatilidad financiera y presiones en los mercados de energía, explica parte de la desaceleración prevista para 2026. Sin embargo, advierte que la principal limitación al crecimiento regional es de carácter estructural. Específicamente, bajos niveles de inversión, escaso crecimiento de la productividad, menor dinamismo en la generación de empleo formal y una elevada y persistente informalidad laboral.

“La región ha logrado preservar importantes avances en materia de estabilidad macroeconómica, pero esa estabilidad debe convertirse en una plataforma para crecer más y mejor. Para superar la trampa de baja capacidad para crecer necesitamos elevar la inversión y la productividad y, al mismo tiempo, avanzar hacia una formalización productiva que fortalezca las capacidades de las personas y de las empresas, amplíe la protección social y genere más empleos formales de calidad”, señaló el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs.

Un crecimiento bajo en una nueva era geopolítica y de productividad

Durante 2025, la región mostró resiliencia frente a un entorno internacional reconfigurado y de elevada incertidumbre. El PIB regional creció un 2,4%; la inflación continuó convergiendo hacia las metas de los bancos centrales, el empleo siguió expandiéndose, aunque con menor dinamismo, y los salarios reales mantuvieron su recuperación. Al mismo tiempo, el déficit de la cuenta corriente se mantuvo en un nivel moderado, equivalente al 1,2% del PIB regional, y las entradas netas de capital favorecieron la acumulación de reservas internacionales.

Para 2026, se espera una desaceleración de la economía global, con un crecimiento de 2,9%, la tasa más baja desde 2022. Las rivalidades geopolíticas y la disrupción del suministro energético han elevado los precios del petróleo, los fertilizantes y el transporte, mientras que la persistencia de tasas de interés internacionales relativamente altas y la apreciación del dólar podrían endurecer las condiciones de financiamiento para las economías emergentes.

A nivel regional, la CEPAL proyecta un crecimiento de América Latina y el Caribe de 2,2% en 2026, y de 2,5% en 2027, con una marcada heterogeneidad a nivel subregional. América del Sur crecería un 2,5% tanto en 2026 como en 2027. En América Central el crecimiento sería 1,6% en 2026 y de 2,8% en 2027. Este resultado se ve influenciado por las contracciones que se esperan para Cuba y Haití. Si se excluyen estas dos economías, el promedio subregional sería de 4,0% para 2026 y de 4,2% para 2027. El Caribe crecería un 5,6% en 2026 y un 7,9% en 2027, impulsado por un elevado crecimiento en Guyana; sin incluir ese país, el promedio subregional sería de 1,1% en 2026 y de 2,2% en 2027.

La inflación permanecería contenida, aunque su convergencia hacia las metas sería más lenta. El choque de precios reciente se ha concentrado principalmente en la energía y los fertilizantes, con una transmisión a los alimentos más limitada que en episodios anteriores. No obstante, los mayores costos energéticos podrían retrasar nuevas reducciones de las tasas de política monetaria. En este escenario, la CEPAL subraya la importancia de preservar la credibilidad monetaria y utilizar activamente las herramientas macroprudenciales para mitigar los riesgos financieros.

En el frente laboral, el número de ocupados aumentó en un 1,6% en 2025 —unos 4,3 millones de puestos de trabajo—, pero el ritmo de creación de empleo se desaceleró por tercer año consecutivo. La tasa de desocupación disminuyó al 5,3% y la informalidad laboral siguió reduciéndose, aunque todavía comprende cerca de la mitad de las personas ocupadas. Los indicadores de comienzos de 2026 confirman una expansión más moderada del empleo y muestran que la posibilidad de sostener las mejoras laborales dependerá cada vez más de aumentos en la inversión, la productividad y el crecimiento.

En materia fiscal, la estabilización de la deuda pública bruta en torno al 52% del PIB en América Latina no ha sido suficiente para reconstruir el espacio fiscal. El bajo crecimiento, el elevado costo del financiamiento y el aumento del pago de intereses limitan los recursos disponibles para elevar la inversión pública, la protección social y acelerar la transformación productiva. En el Caribe, la deuda pública bruta se situó cerca del 73% del PIB en 2025, lo que también refuerza las mismas limitantes para encaminar un desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible.

Informalidad debilita la capacidad del crecimiento para elevar la productividad

La segunda parte del Estudio Económico 2026 examina la informalidad no solo como un problema laboral o de protección social, sino como una restricción estructural que limita la capacidad de las economías para transformar el crecimiento en aumentos sostenidos de productividad, inversión y empleo de calidad. La informalidad es, a la vez, una consecuencia del bajo crecimiento y uno de los mecanismos que perpetúan la trampa de baja capacidad para crecer.

La evidencia histórica muestra que los mayores avances en formalización se produjeron entre los años 2000 y 2013, que fue el periodo histórico más reciente de mayor crecimiento económico, altas tasas de inversión, aumentos de productividad y una expansión del empleo asalariado formal. Este proceso perdió dinamismo desde 2014, junto con la desaceleración de la inversión y el estancamiento de la productividad. Actualmente, cerca de la mitad de las personas ocupadas en la región continúa trabajando en actividades informales.

El análisis presentado en el informe, muestra que el crecimiento eleva la productividad tanto en el sector formal como en el informal, pero sus efectos son más intensos, rápidos y persistentes en el primero. Las empresas formales tienen una mayor capacidad para aprovechar economías de escala, incorporar innovación, acceder al financiamiento y acumular capacidades productivas. Por ello, cuanto mayor es el peso de la informalidad, menor es la capacidad del crecimiento para generar mejoras permanentes de productividad.

Formalización productiva

Frente a este diagnóstico, la CEPAL propone desarrollar estrategias para impulsar la formalización productiva en la región. El concepto alude a un proceso en el que el aumento de la formalidad se acompaña del fortalecimiento de las capacidades productivas de las personas y las empresas, de aumentos de productividad y de una transformación productiva capaz de sostener un crecimiento más dinámico e inclusivo. Este enfoque trasciende las reformas regulatorias o los incentivos administrativos aislados y requiere de coherencia y complementariedad entre las políticas laborales, fiscales, financieras y de desarrollo productivo.

El informe identifica cuatro ámbitos complementarios de acción:

• Políticas laborales. Profundizar los programas de creación de empleo, capacitación e inserción laboral; reducir las brechas de género; articular mejor las políticas laborales y sociales, y fortalecer la economía del cuidado y el uso de herramientas digitales para facilitar el acceso y la permanencia en la formalidad. 
• Políticas fiscales. Avanzar hacia sistemas de financiamiento de la protección social que reduzcan los desincentivos a la formalidad; establecer trayectorias de formalización progresivas y flexibles, y aprovechar la digitalización y la interoperabilidad administrativa para simplificar el cumplimiento y fortalecer la fiscalización. 
• Políticas financieras. Reforzar el papel de la banca de desarrollo como instrumento de inserción productiva; diseñar mecanismos que reconozcan la heterogeneidad del tejido empresarial, y ampliar los sistemas de garantías para reducir la segmentación del crédito. 
• Políticas de desarrollo productivo. Fortalecer y escalar rutas integradas de apoyo empresarial, con énfasis en el extensionismo tecnológico; focalizar territorialmente las intervenciones; promover una gobernanza anticipativa y multiactor, así como la integración productiva y robustecer los sistemas de información, monitoreo, evaluación y aprendizaje.

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De acuerdo con Federico Quesada, director de la Escuela de Ciencias de la Administración (ECA) de la UNED, aunque este régimen continúa siendo uno de los principales motores de la economía nacional, su menor ritmo de expansión debe llevar al país a prestar atención a factores como la apreciación del colón, el encarecimiento de las materias primas, las limitaciones de infraestructura. Y, especialmente, la capacidad para incorporar nuevas tecnologías en los procesos productivos.

Para el académico, el comportamiento actual no debe analizarse de manera aislada, sino como parte de las transformaciones que atraviesa la economía internacional y que podrían incidir en las decisiones futuras de inversión.

“Durante los últimos 25 años, el crecimiento de la economía costarricense ha sido impulsado por el sector externo y, particularmente, por las exportaciones de zonas francas, en los últimos cinco años mostraron un comportamiento muy dinámico y durante 2025 el crecimiento fue de dos dígitos; sin embargo, en 2026 la desaceleración es clara, especialmente durante los últimos meses”, explicó Quesada.

Los datos de inversión extranjera directa refuerzan estas señales de desaceleración, en 2025, Costa Rica alcanzó un máximo histórico de US$5.216,9 millones en inversión extranjera directa. Pero el crecimiento fue de apenas 2% respecto a 2024.

En el caso específico de las zonas francas, la inversión pasó de US$3.797,4 millones en 2024 a US$3.567 millones en 2025, una disminución cercana al 6,1%, pese a esta reducción, el régimen concentró alrededor del 68% de toda la inversión extranjera directa recibida por el país.

Además, persiste una marcada concentración territorial, aproximadamente el 92,6% de la inversión en zonas francas se ubicó dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM) y solo el 7,4% fuera de ella, aunque esta última registró un crecimiento cercano al 22% entre 2024 y 2025.

Atención especial en Zonas Francas

Para el académico, existen dos elementos que requieren especial atención, el encarecimiento de las materias primas, como factor coyuntural, y la capacidad de adaptación y asimilación de nuevas tecnologías, como un desafío de carácter estructural.

Este último aspecto podría convertirse en una limitación para la competitividad si no es atendido desde la política pública, particularmente ante una economía internacional en la que la tecnología adquiere cada vez mayor peso en las decisiones de localización y expansión empresarial.

Tipo de cambio suma presión

La apreciación del colón constituye otro elemento que podría afectar las condiciones bajo las cuales operan las empresas exportadoras.

Según Quesada Chaves, la tendencia registrada durante 2025 y su continuidad en 2026 reduce el poder adquisitivo de los ingresos recibidos en dólares frente a los costos asumidos en moneda nacional.

El impacto no se limita a las grandes compañías instaladas bajo el régimen de zonas francas, también puede alcanzar a pequeñas y medianas empresas costarricenses que mantienen contratos pactados en dólares y enfrentan gastos locales en colones.

“En un inicio, la apreciación del colón afectó al sector turismo; sin embargo, actualmente el menor poder adquisitivo de la divisa extranjera también puede convertirse en un factor que las empresas multinacionales valoren cuando planean realizar inversiones en Costa Rica”, señaló.

Ante este panorama, el director de la ECA consideró necesario revisar la estrategia de inversión del país en el mediano plazo, particularmente si al comportamiento cambiario se suman los costos energéticos y los desafíos de adaptación tecnológica.

Más vínculos

Mantener la competitividad también implica ampliar el impacto de las zonas francas sobre el resto de la economía costarricense, Quesada señaló que uno de los caminos consiste en fortalecer los encadenamientos con pequeñas y medianas empresas, pero también avanzar hacia una mayor transferencia de conocimiento, capacitación e investigación.

Las multinacionales que ya incorporan tecnologías emergentes en sus operaciones podrían contribuir al desarrollo de capacidades locales y favorecer que empresas costarricenses eleven su nivel de sofisticación.

“Es necesario analizar la posibilidad de que estas empresas realicen algún tipo de retribución al país en términos de capacitación o participación en nuevas investigaciones que tengan arraigo local y favorezcan la creación de nuevas empresas y negocios”, manifestó.

Una mayor vinculación permitiría que el conocimiento y las capacidades generadas alrededor de las zonas francas tengan un efecto más amplio sobre el aparato productivo nacional.

Inversión fuera de la GAM

La expansión de inversiones hacia regiones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) abre otra posibilidad para distribuir de manera más amplia los beneficios de la inversión extranjera.

Los incentivos creados para promover la instalación de empresas en estas regiones han generado cierto dinamismo y permitido incorporar territorios que históricamente tuvieron una participación menor en este tipo de actividades.

No obstante, Quesada advirtió que atraer las inversiones representa apenas una parte del desafío, “el dinamismo será de corta duración si no se encuentra acompañado de las condiciones óptimas para su desarrollo”, afirmó.

Entre las principales barreras señaló el costo del transporte de materias primas, las condiciones de las carreteras y las dificultades para el traslado eficiente de mercancías.

La vulnerabilidad de la infraestructura durante la estación lluviosa puede aumentar los tiempos y costos logísticos, afectando precisamente uno de los elementos que las empresas consideran al decidir dónde establecer o ampliar sus operaciones.

Frente a una competencia internacional cada vez mayor por atraer inversiones de alto valor agregado, Costa Rica necesita definir con mayor claridad su estrategia productiva para los próximos años.

Quesada consideró necesario promover una discusión nacional que permita determinar cuáles tecnologías interesa potenciar según las capacidades existentes, qué posición pretende ocupar Costa Rica frente a otros mercados de la región y cuáles políticas públicas serán necesarias para alcanzar esos objetivos.

“Es necesario desarrollar amplios foros de discusión a nivel nacional acerca de cómo serán incorporadas las nuevas tecnologías en nuestro proyecto país y cuál será su aprovechamiento dentro de una estrategia de desarrollo productivo. La formación del talento humano será determinante”, concluyó el académico

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En términos porcentuales, esto representa un incremento del 7.3%, un ritmo más acelerado que el promedio histórico de crecimiento anual desde el año 2000, que ha sido de 5.9%.

Además, casi 60% de ese crecimiento vino de la valorización de activos y solo el 15% de bienes raíces, que habitualmente han representado más de la mitad de la riqueza.

Durante la pandemia, los precios de las viviendas subieron de forma anómala por tasas de interés ultra bajas y ahora se evidencia una corrección.

Sin embargo, ¿este nivel de riqueza es real? Precisamente, McKinsey Global Institute analizó esta información. Entre sus principales conclusiones, detectó que, para este año los activos, especialmente las acciones, subieron de valor más rápido que la economía real.

El informe señala que las acciones han subido a niveles históricamente altos, equivalentes a 2,4 veces los activos netos corporativos. Estas fueron impulsadas principalmente por el optimismo frente al desarrollo de la inteligencia artificial y las empresas tecnológicas.

La firma añade que este repunte plantea un riesgo importante. Entre ellos, las ganancias derivadas de la valorización podrían revertirse. Para los investigadores, esto se conoce como “riqueza en papel” ya que no está respaldada en producción real como fábricas, empleos o adquisición de tecnología, así que la elevación de precios por expectativas es volátil y puede desaparecer en cualquier momento.

Realidad que tenderá a ajustarse sobre la riqueza

Además, añade el documento, la situación representa una debilidad que tenderá a ajustarse, por lo que, de acuerdo con el Informe, el mejor escenario es que esa corrección venga por una aceleración de la productividad; es decir, por medio de “riqueza sana”.

En potencias líderes como Estados Unidos hay evidencias de ajustes por el lado de la productividad, la inflación, las tasas de interés y el alto endeudamiento público, mientras que China presenta mayor gasto público y corporativo frente a una caída inmobiliaria. En el caso de la Eurozona, se ve un crecimiento lento y poca inversión.  

El reporte de MGI indica que el balance global de la economía (hogares, empresas, gobierno y sector financiero) llegó también al récord de US$1,8 cuatrillones, por encima de los US$1,7 cuatrillones de dólares en 2024.

¿Cuál es el escenario para las empresas en estas circunstancias?

La firma añadió que, a nivel del sector corporativo, este deberá prepararse para los escenarios posibles y mantener flexibilidad financiera ante la incertidumbre. Ello para poder atender los cambios que pueden venir de la inflación, las tasas de interés y el aumento de la deuda pública en relación con el PIB, que sigue siendo un desafío en muchas economías.

El documento añade que, específicamente para la región centroamericana, lo que pase en Estados Unidos tiene un alto impacto local. Además, por primera vez, el costo del dinero es mayor que las expectativas de crecimiento económico. De hecho, la brecha negativa entre el crecimiento real de la economía y las tasas de interés se ha convertido en uno de los desafíos centrales del panorama macroeconómico actual.

Además, el informe concluye que reconocer los factores oscilantes que pueden llevar una economía a la aceleración de la productividad es más urgente que nunca. Por ejemplo, para Estados Unidos, los beneficios corporativos y un menor endeudamiento; para Europa, mayor inversión y para China, un mayor consumo interno. La futura riqueza y estabilidad global pueden depender de esto.

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La diferencia entre ambos flujos dejó una balanza comercial negativa de US$796,03 millones entre abril y junio. Esto según los datos preliminares de las Estadísticas de Comercio Exterior del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Añadió que el comportamiento mensual muestra que las exportaciones pasaron de US$1.955,98 millones en abril a US$2.161,38 millones en mayo y US$2.166,89 millones en junio. Las importaciones también aumentaron durante los tres meses, al pasar de US$2.302,52 millones en abril a US$2.319,25 millones en mayo y US$2.458,51 millones en junio.

Dispositivos médicos lideran las exportaciones

El INEC señaló que la composición de las ventas costarricenses al exterior evidencia el peso que mantienen los dispositivos médicos. Las jeringas, agujas, catéteres, cánulas y productos similares representaron el 19,66% de las exportaciones del trimestre, con un valor superior a US$1.235 millones.

A estos productos se sumaron otros instrumentos y aparatos de uso médico, con US$863,6 millones y una participación del 13,74%, mientras los artículos y aparatos de prótesis representaron otros US$455,9 millones, equivalentes al 7,25% de las exportaciones.

Los productos agrícolas también conservaron una participación relevante. Las exportaciones de piña alcanzaron US$342,4 millones y representaron el 5,45% del total, mientras las ventas de banano sumaron US$233,7 millones, equivalentes al 3,72%. El INEC identifica precisamente a los instrumentos y aparatos de uso médico, junto con las frutas frescas como piña y banano, entre los principales productos de exportación costarricense durante el periodo.

Por el lado de las importaciones, dentro del comercio exterior, los combustibles tuvieron un peso importante. Las compras de gasolinas alcanzaron US$426,2 millones y representaron el 6,02% del total importado, mientras el diésel sumó US$348,3 millones, equivalente al 4,92%.

Los contenedores ocuparon el tercer lugar entre los principales productos importados, con US$229,4 millones; seguidos por jeringas, agujas, catéteres, cánulas y similares, con US$169,8 millones, y medicamentos para uso humano, con US$162,7 millones. En conjunto, estos últimos representaron el 2,40% y 2,30% de las importaciones, respectivamente.

Estados Unidos concentra más del 40% del comercio exterior

Estados Unidos se mantuvo como el principal socio comercial de Costa Rica durante el segundo trimestre. El país norteamericano recibió exportaciones costarricenses por US$2.826 millones, equivalentes al 44,97% del valor total vendido al exterior.

Países Bajos fue el segundo destino, con US$654,9 millones y una participación del 10,42%, seguido por Bélgica, con US$300,9 millones; Guatemala, con US$280,9 millones; y Nicaragua, con US$231,7 millones. Estos tres últimos mercados concentraron el 4,79%, 4,47% y 3,69% de las exportaciones, respectivamente.

Estados Unidos también encabezó los países de origen de las importaciones. Costa Rica adquirió desde ese mercado bienes por poco más de US$3.002 millones, correspondientes al 42,41% del total importado. China ocupó el segundo lugar, con US$1.050 millones y una participación del 14,83%, seguida por México, con US$395,3 millones; Alemania, con US$200,9 millones; y Guatemala, con US$169,4 millones.

La relación comercial con Estados Unidos dejó una balanza negativa de US$177 millones durante el trimestre. En términos generales, Costa Rica importó bienes procedentes de 173 países y realizó exportaciones hacia 129 destinos diferentes.

Peso del transporte marítimo moviliza en el comercio exterior

Las aduanas Santamaría y Limón concentraron la mayor parte del valor del comercio exterior costarricense. Santamaría agrupó el 40,5% del valor de las exportaciones y el 41,7% de las importaciones, mientras Limón concentró el 38,5% y 32,9%, respectivamente.

En conjunto, ambas aduanas representaron aproximadamente el 79% del valor exportado y cerca del 75% del importado durante el segundo trimestre. Peñas Blancas, por su parte, concentró el 13,4% de las exportaciones, mientras Caldera representó el 11,3% del valor de las importaciones.

El transporte marítimo fue el principal medio utilizado para movilizar las mercancías y concentró el 61,1% del valor de las importaciones y el 42,6% de las exportaciones. El transporte aéreo representó el 25,4% de lo importado y el 39,8% de lo exportado, mientras el movimiento por carretera agrupó el 12,6% y 16,1%, respectivamente.

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De acuerdo con el análisis, la categoría de vivienda ocupada reportó un aumento en su ocupación de 64.662 unidades, más del doble del crecimiento en la tenencia de vivienda experimentada en el año 2024, donde se tuvo un aumento de 30.456 unidades.

Según Melizandro Quirós, director ejecutivo de CENFI, la tenencia de vivienda está siendo  impulsada por dos modalidades. Estas son la vivienda completamente pagada (66%), que aumentó en 40.789 unidades, y por la vivienda en alquiler (19%), que en este periodo aumentó en 21.537 unidades. Desde el punto de vista del   estado físico, la  vivienda esta concentrado en un 60% en viviendas en buen estado (1.125.008); en tanto que   las viviendas en estado regular representaban un 33% (613.160) del total; y finalmente, las viviendas en mal estado representan un 7% del total del parque (135.204).

Añadió que desde el punto de vista regional, la  zona que más aumentos de viviendas registró fue la región central con 22.789 unidades adicionales. La región Chorotega mostró aumentos en vivienda de alquiler, más de siete mil viviendas; y con préstamo (3.071 unidades adicionales). Por su parte, la vivienda en precario disminuyó en varias regiones del país, salvo la región central, donde aumentó 1.312 unidades adicionales.

“A nivel de ingreso familiar, la vivienda completamente pagada aumentó significativamente entre las familias de más bajo ingreso ( I y II Quintil), más de 17 mil viviendas. La vivienda de alquiler aumentó significativamente,  en cera de 13.042 viviendas adicionales, entre las familias del III Quintil.  La vivienda con crédito aumento entre las familias del IV  Quintil de ingreso”, indicó Quirós.

Tenencia de vivienda

En relación con la tenencia de vivienda según el estado conyugal muestra que el parque habitaciones es dominado por hogares de casados (36% del total); sin embargo, para el periodo en estudio, fue el grupo de los separados quienes mostraron los mayores cambios en su tenencia; aumentando la vivienda propia (37.368 unidades) y la vivienda en alquiler (20.325 unidades).

Desde el punto de vista de edad, la población de más de 60 años mostró un aumento significativo en la vivienda completamente pagada (35.580 unidades) y en la vivienda financiada (4.525 unidades). La población joven incrementó significativamente la tenencia en vivienda de alquiler (8.049 unidades).

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Precisamente, la entidad ya, en 2022, había alertado sobre la necesidad de atender la exclusión de la juventud en la economía. Esto teniendo en cuenta la afectación social asociada. Como muestran los resultados del presente análisis, a pesar de que la situación del 2022 ha mejorado, el país mantiene una deuda en la generación de oportunidades para la juventud.

De acuerdo con los economistas, las estadísticas de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INEC, al primer trimestre del 2026, muestran que solo 36 de cada 100 jóvenes participan en el mercado laboral; mientras que la participación en los demás grupos de edad es de 57 por cada 100 personas.

El informe señala que una posible explicación podría ser que haya muchas personas jóvenes estudiando. Por eso, no participan en el mercado laboral. Sin embargo, más de una quinta parte de los jóvenes no estudia ni trabaja, una cifra muy por encima del 11% de la OCDE.

Además, la juventud costarricense también presenta una tasa de ocupación laboral de 29%, significativamente por debajo del 54% de otros grupos etarios. A esto se suma que las personas jóvenes trabajan jornadas más extensas y perciben un salario promedio por hora 24% menor al de los demás grupos. El desempleo juvenil del 18% es tres veces superior al 6% del resto de grupos de edad.

Exclusión y falta de oportunidades

Luis Vargas Montoya, economista del Colegio, señala que, “en conjunto, los resultados de los principales indicadores del mercado laboral evidencian un alto grado de exclusión de la juventud costarricense y condiciones de trabajo desventajosas”.

Añade que la falta de oportunidades laborales para las personas jóvenes conlleva consecuencias socioeconómicas que no podemos pasar por alto. Dijo que un aspecto clave es que un 55% de la juventud se ve obligada a aceptar trabajos con remuneraciones inferiores al salario mínimo (41% en los otros grupos de población).

Asimismo, la pobreza juvenil, del 17%, es tres puntos porcentuales mayor que la de los demás grupos etarios. Otra consecuencia que genera gran preocupación es la alta participación de la juventud en el crimen organizado, lo que pone en alto riesgo sus vidas. Como muestran las estadísticas del Observatorio de la Violencia del Poder Judicial, una cuarta parte de las víctimas de homicidios dolosos son hombres entre los 15 y 24 años.

Además de los efectos directos que sufren las personas jóvenes, su exclusión laboral añade presiones sobre la sostenibilidad de la seguridad social y las pensiones en un contexto de envejecimiento de la población. El país requiere incluir más personas jóvenes al trabajo formal para poder hacer frente a los retos que plantea el cambio en la pirámide poblacional.

“El análisis de la situación de las personas jóvenes en la economía costarricense deja claro que la generación de oportunidades laborales y educativas para que la juventud trace un proyecto de vida debe ser una prioridad en Costa Rica. El diseño de una estrategia de empleabilidad dirigida a jóvenes, desde la oferta y demanda laboral, y el refuerzo de la inversión en educación con orientación a la empleabilidad son impostergables”, concluyó Vargas.

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Así lo muestran los datos de la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Los resultados muestran que la población desempleada se estimó específicamente en 163.690 personas. De ellos, 97.620 eran hombres y 66.070 mujeres. La fuerza de trabajo nacional, por su parte, alcanzó las 2.346.606 personas, mientras que la población ocupada llegó a 2.182.916.

Al comparar el resultado con el mismo trimestre de 2025, la tasa pasó de 7,4% a 7,0%. Sin embargo, el INEC señala que el indicador no presentó una variación estadísticamente significativa con respecto al mismo trimestre del año anterior. En abril-junio de 2025 se contabilizaban 172.591 personas desempleadas, frente a las 163.690 registradas en 2026.

Desempleo femenino se mantiene por encima del masculino

Los datos del INEC también muestran diferencias según sexo. Durante abril-junio de 2026, la tasa de desempleo entre las mujeres alcanzó 7,2%, mientras que para los hombres fue de 6,8%. Un año antes, estos indicadores se situaban en 8,5% y 6,7%, respectivamente.

La evolución de los últimos años muestra una reducción en la tasa nacional al comparar los trimestres abril-junio. En 2023 era de 9,6%; en 2024 bajó a 8,5%; en 2025 se situó en 7,4%; y en 2026 alcanzó el 7,0%.

El comportamiento ha sido particularmente marcado entre las mujeres. Para el trimestre abril-junio, la tasa femenina pasó de 12,1% en 2023 a 9,9% en 2024, 8,5% en 2025 y 7,2% en 2026. En el caso de los hombres, los porcentajes fueron de 8,0%, 7,6%, 6,7% y 6,8%, respectivamente.

La Encuesta Continua de Empleo también determinó que la población ocupada del país alcanzó 2,18 millones de personas, integrada por aproximadamente 1,33 millones de hombres y 855 mil mujeres. La tasa de ocupación nacional se ubicó en 50,8%, sin presentar una variación estadísticamente significativa frente al mismo trimestre del año anterior.

Por actividad económica, comercio y reparación concentró la mayor cantidad de personas ocupadas, con 387 mil trabajadores, equivalentes al 17,7% de la población ocupada. Le siguieron enseñanza y salud, con 269 mil personas (12,3%), y la industria manufacturera, con 205 mil (9,4%).

En este apartado se registraron movimientos relevantes frente al año anterior. La construcción presentó un aumento interanual estadísticamente significativo de 27 mil personas ocupadas, mientras que intermediación financiera y de seguros experimentó una disminución de 25 mil personas.

Informalidad alcanza al 36% de las personas ocupadas

Otro de los indicadores del mercado laboral es el empleo informal. Para el periodo analizado, 785 mil personas tenían un empleo informal, de las cuales 492 mil eran hombres y 293 mil mujeres. Esta población representó el 36,0% del total de personas ocupadas del país.

La informalidad alcanzó al 37,0% de los hombres ocupados y al 34,3% de las mujeres. Además, entre quienes trabajaban de manera independiente, el 81,8% tenía un empleo informal, mientras que entre la población ocupada dependiente el porcentaje fue de 21,1%.

En cuanto al subempleo, el porcentaje nacional se situó en 3,5%, con una tasa de 3,2% entre los hombres y 3,9% entre las mujeres. En el caso de los hombres se presentó un aumento estadísticamente significativo de 0,9 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior.

Finalmente, la tasa neta de participación, que refleja la proporción de la población de 15 años y más que forma parte de la fuerza de trabajo, alcanzó 54,6%: 66,3% para los hombres y 42,9% para las mujeres. El INEC señala que tampoco se registró una variación estadísticamente significativa en este indicador frente al mismo trimestre de 2025.

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