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En el marco de la emergencia sanitaria que ha provocado el COVID-19, el riesgo del comercio ilícito aumenta significativamente, según señala la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR).
“Desde el Observatorio del Comercio Ilícito (OBCI) de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) hacemos un llamado para que la población esté consciente de la amenaza que representa la mercadería ilegal en tiempos de pandemia”, señaló Jairo S. Mena Arce, Director Ejecutivo del Observatorio del Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio de Costa Rica.
El volumen del Comercio Ilícito en Costa Rica alcanzó un valor de ₡700.000 millones en el 2019, lo que equivale al 6,8% de Consumo Total de los Hogares y al 2% del Producto Interno Bruto del país.
La emergencia nacional, ha generado un incremento en los incentivos para que personas inescrupulosas introduzcan mercadería ilícita al país. Casi el 100% de los productos negociados en el mercado ilícito son importados, y en su mayoría ingresan al país por fronteras terrestres.
De acuerdo con la Cámara de Comercio, es por esto que la población debe aumentar el control de los productos que consume, por lo que incentiva a la ciudadanía a prestar especial atención a aspectos clave como:
“El comercio ilícito es un tema delicado, los productos ilegales que llegan al mercado costarricense pasan por toda una red logística que se encuentra en manos del crimen organizado, lo cual incrementa aún más la gravedad del problema”, señaló Julio Castilla, presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica.
Según lo afirma la INTERPOL, existe una correlación positiva y directa entre el comercio ilícito y la delincuencia organizada internacional. De esta forma, cuando se adquiere un producto ilícito, indirectamente se está apoyando a este otro tipo de organizaciones.
El OBCI hace un llamado a las autoridades de Gobierno a no claudicar en los esfuerzos contra el comercio ilícito y prestar atención al incremento en el riesgo existente durante la emergencia nacional.
“Los puestos de control fronterizos son claves, por lo que aumentarlos y capacitar a los personeros encargados es fundamental. Recomendamos aprovechar el esfuerzo en frontera que se está realizando para el control del COVID-19 en temas de comercio ilícito. Hoy más que nunca la salud de la población se encuentra en riesgo y es responsabilidad de todos salvaguardarla”, comentó Mena Arce.
El consumo de productos ilícitos pone en riesgo la salud y la integridad financiera de los costarricenses.
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