Por: Fernanda Jiménez Sauter, Abogada Asociada COLBS Estudio Legal
Correo electrónico: fjs@colbs.legal
Con motivo del Día Mundial del Ambiente, considero pertinente reflexionar sobre uno de los grandes debates actuales en materia de derecho ambiental. ¿Pueden las normas de protección al ambiente sobreponerse al principio de seguridad jurídica?
El año pasado, la Corte Constitucional de Ecuador emitió una icónica sentencia en el llamado “caso Chevron” en la que se ratificó la condena a la compañía petrolera, ordenándola a pagar 9.500 millones de dólares por daños ambientales causados en la selva amazónica entre 1970 y 1992. En dicha sentencia, la Corte Constitucional determinó, por primera vez en la historia, que el principio in dubio pro natura debe anteponerse a la seguridad jurídica y abrió la posibilidad de aplicar normas ambientales de manera retroactiva. Dicho de otro modo, se indicó que el derecho a un medio ambiente sano prevalece sobre la seguridad jurídica.
Si bien la sentencia es una gran victoria en materia de protección ambiental, cabe repasar un poco más sobre el principio general que establece y las consecuencias prácticas que se podrían derivar de su aplicación.
En Costa Rica, el principio in dubio pro natura o principio precautorio ha sido integrado en nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley de Biodiversidad y por medio de numerosas resoluciones de la Sala Constitucional, cuya observancia implica que “cuando existe peligro o amenaza de daños graves o irreversibles, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección al medio ambiente”.
Sin duda, el desarrollo y la aplicación de este principio es uno de los grandes logros en materia de derecho ambiental y es uno de los elementos que ha contribuido al reconocimiento del país como líder en protección al ambiente.
Sin embargo, no es para nadie un secreto que la inseguridad jurídica en materia ambiental en el país es uno de los principales problemas de nuestro sistema. El marco regulatorio e institucional es un complejo laberinto de criterios contradictorios y falta de coordinación entre instituciones competentes. El proceso para conseguir la viabilidad ambiental y los permisos de operación en proyectos de desarrollo es como atravesar un campo minado, en el que no se sabe en dónde puede surgir un problema, independientemente de si ya se cuenta con un visto bueno de otra institución o no.
Esta situación, lejos de crear un sistema eficiente de protección a los recursos naturales, genera una pérdida de confianza de los administrados en la regulación ambiental. Estos problemas fomentan el irrespeto hacia la normativa y la búsqueda de arreglos por debajo de la mesa que no hacen más que erosionar nuestro Estado de Derecho y nuestros esfuerzos por conservar nuestra riqueza natural.
La seguridad jurídica es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia funcional, generando confianza y respeto de los ciudadanos hacia el sistema de derecho y las autoridades. La protección ambiental y el marco legal que la regula no deberían entrar en pugna con la seguridad jurídica, sino que deberían usarla como una herramienta y un aliado para garantizar su efectividad, ejecutoriedad y prominencia.
El principio in dubio pro natura debe seguir siendo aplicado en nuestro país, de una manera definitiva y consistente, que permita a los administrados tomar decisiones informadas. Sin embargo, debemos cuidarnos de que su aplicación no contribuya a la incerteza y falta de sistematización en la aplicación de los nuestro ordenamiento jurídico ambiental.
Nuestro compromiso con la protección al ambiente debería ser un incentivo a la inversión nacional y extranjera, propiciando el desarrollo económico y social del país. Es entonces nuestra responsabilidad generar sistemas regulatorios que generen confianza y respeto en sus destinatarios.
La flexibilización de la seguridad jurídica en favor del principio in dubio pro natura es una noción demasiado novedosa que debería verse con precaución y tomar en cuenta sus consecuencias prácticas antes de lanzarnos a su aplicación indiscriminada.
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