Por : Dr. Juan Diego Sánchez Sánchez, Ph.D
Asesor y analista financiero, abogado, profesor e investigador
Una de las falencias técnicas y académicas del estudio de la Ciencia Económica, radica precisamente en uno de sus supuestos teóricos más utilizado, el denominado “ceteris paribus”, que es interpretado por la postulación de un fenómeno particular, siempre que las demás variables se mantengan constantes, es decir, se asume que la dinámica de los otros factores, instrumentos, instituciones, sectores, personas, decisores y otros, no presente cambios en su funcionamiento. Claramente, esta incidencia no solamente es inaplicable por el mismo dinamismo del universo económico, sino también porque deja de lado las decisiones políticas que el Estado, representado por sus instituciones, plantea aún en contra de los criterios técnicos que debiesen prevalecer.
Un ejemplo claro de esta contradicción es observable en el reciente anuncio del Banco Central en términos de su política monetaria, esto pues, la institución denota tener una posición intransigente en términos de cualquier variable o movimiento que pudiese incidir de forma directa o indirecta en el tipo de cambio, y ahora parece ser que también en la cuestionable deflación señalada por la institución. Esta entidad anuncia que mantiene la tasa de política monetaria en 3.25%, señalando que no procede el ajuste en esta variable porcentual, esto a pesar de observarse y detallarse de forma oficial una deflación sostenida, entiéndase una tasa de variación negativa en los precios de bienes y servicios.
Resulta interesante analizar el argumento principal del Banco Central, esto al sostener que para el segundo semestre del año en curso es esperable una subida en precios, por lo cual, no considera pertinente ni necesaria la reducción en la tasa antes señalada, es decir, parece intuirse una decisión económica con afectación financiera de incidencia inmediata y directa en los agentes económicos, pero tomada en función de una expectativa basada en la especulación, la cual no parece tener más supuestos fácticos que alguna proyección etérea y la consideración relativa de hechos internacionales.
Este funcionamiento pareciera denotar una justificación decisoria dada por criterios políticos, esto por encima de una aplicación técnica propiamente, indicando una posición clara de la entidad hacía el mantenimiento de una tasa de deflación y de forma indirecta, un tipo de cambio a la baja.
En línea de lo anterior cabe indicar que, aunque se ha querido posicionar la deflación sostenida como un indicador de beneficio para el país, ya que implicaría que todo el costo país es menor y que los precios de la oferta comercial al mercado son reducidos, claramente, la realidad no es así, en especial al considerar bienes y servicios extendidos más allá de la canasta básica, así como aquellos ligados al comercio internacional. Adicionalmente, es importante recordar también que parece ser una estrategia tributaria conveniente para el estado el establecimiento de una deflación oficial, esto pues, su estipulación permite reducir los rangos aplicables para la base imponible de impuestos de renta a empresas y profesionales independientes, así como a los salarios, ocasionando que más personas cancelen las cargas tributarias en cuestión.
Es de interés añadir que un ajuste a la baja en la tasa de política monetaria, también implicaría un menor atractivo en la inversión en instrumentos en colones, aspecto que podría incentivar de forma relativa la demanda de inversiones en moneda extranjera, lo que por un efecto correlativo indirecto, atenuaría la caída en el tipo de cambio, dando cierta estabilidad a sectores que se ven severamente afectados por esta variable, entiéndase los exportadores, el turismo y los generadores de lucro en dólares. De igual forma, un tipo de cambio tan disminuido incrementa el costo país, puesto que se da una revalorización de la moneda nacional, implicando que la actividad económica general en la nación se torna más costosa, repercutiendo en los precios finales. No obstante, a pesar de esta sucesión de hechos, es sumamente curioso como la posición oficial sigue siendo el mantenimiento de una deflación y un tipo cambiario bajo.
Surge la interrogante: ¿Es congruente la política del Banco Central con sus objetivos de macro estabilidad y beneficio mayoritario?, la respuesta parece ser negativa, en especial al considerar que una deflación sostenida no es sinónimo de una rebaja en precios al mercado, y que también implica un decrecimiento de la actividad económica en términos reales, pudiendo repercutir en la competitividad del país. En adición a esto, la negativa estatal al ajuste en la tasa de política monetaria también señala estar en línea con un incentivo al tipo de cambio menor, beneficiando a sectores muy puntuales como importadores, deudores en dólares, y curiosamente, al mismo Estado, esto al tener que cancelar deuda externa.
Sin duda, es evidente la injerencia política en las decisiones económicas, y en especial en un ente que, según su propia normativa constitutiva, debiese ser una institución con un funcionamiento estrictamente técnico, sin embargo, la práctica parece ser otra.
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