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Por: MsC. Lorena De La Garza
Especialista en Derechos Humanos
Semana Mundial del Parto Respetado: una denuncia urgente sobre los derechos que Costa Rica sigue sin garantizar
En Costa Rica el parto sigue siendo para muchas mujeres un escenario de vulneración, donde la violencia, la humillación y la negligencia se entrelazan con la falta de escucha, incluso cuando existen leyes y protocolos que deberían asegurar dignidad, seguridad y respeto.
Desde mi labor en derechos humanos acompaño a numerosas mujeres víctimas de violencia obstétrica, y la recurrencia de sus testimonios demuestra que no estamos ante hechos aislados, sino ante un patrón que se repite con dolorosa regularidad.
El Observatorio de Violencia Obstétrica Costa Rica recibe reportes constantes que evidencian que esta problemática no es excepcional, sino estructural y persistente; a ello se suma el Movimiento de Parálisis de Erb Costa Rica, integrado por madres que fueron violentadas durante sus partos y cuyos bebés sufrieron discapacidades permanentes por la falta de atención oportuna y por maniobras como la “Kristeller”, prácticas que no solo lesionaron a las mujeres, sino que dejaron daños irreparables en sus hijos e hijas, daños que pudieron evitarse.
En los últimos meses he acompañado también a dos mujeres que enfrentan el duelo de sus bebés, fallecidos por omisiones que jamás debieron ocurrir, recordándonos que la violencia obstétrica no es un concepto abstracto, sino una realidad que marca vidas para siempre.
La Semana Mundial del Parto Respetado no es un gesto conmemorativo ni una fecha más en el calendario; es un recordatorio incómodo de que, en pleno siglo XXI, seguimos permitiendo prácticas que la Organización Mundial de la Salud clasifica como violencia de género, prácticas que incluyen intervenciones sin consentimiento, negación de acompañamiento, tratos degradantes, humillación verbal, procedimientos dolorosos sin explicación, separación injustificada del bebé, amenazas, negligencia y omisiones que ponen vidas en riesgo.
Y mientras esta violencia ocurre, existe una ley —la Ley de Parto Respetado de 2021— que reconoce el derecho de toda mujer a un parto digno, informado y acompañado. Sin embargo, una ley sin cumplimiento es apenas un papel, y en Costa Rica ese papel se está rompiendo sobre los cuerpos de miles de mujeres.
Para comprender la gravedad de lo que ocurre basta escuchar la historia de una mujer a quien llamaré Lu, una joven de 18 años que vivió su parto en un hospital público. Su embarazo había sido normal y su control prenatal adecuado, pero las primeras manifestaciones de violencia comenzaron apenas fue internada.
Ingresó a las siete de la mañana, le realizaron un ultrasonido y le dijeron que todo estaba bien, que le colocarían un gel para inducir el parto; sin embargo, las horas pasaban sin explicación y, cuando preguntó, un enfermero se limitó a responder que “más tarde verían”.
Las contracciones iniciaron de noche, primero sin dolor y luego intensas, una enfermera le ofreció un suero “para acelerar”, sin explicarle qué era. A las cinco de la mañana, con apenas tres centímetros de dilatación, otra enfermera le pidió permiso para “ver si llegaba a cuatro”, pero lo que hizo fue una separación de membranas sin informarle ni pedir su consentimiento.
En sala de partos, la situación se volvió abiertamente violenta. Cuando una contracción fuerte hizo que se le cayera el suero, una enfermera le dijo que no estaba colaborando y que sacarían al papá para dejarla sola; no la dejaron moverse, ni elegir posición, ni la escucharon cuando advirtió que estaba sangrando demasiado. Le administraron oxitocina sin explicaciones y, al ver que no dilataba con la rapidez que esperaban y que el ritmo cardiaco del bebé bajaba, decidieron realizar una cesárea de emergencia.
Antes de entrar al quirófano, una enfermera le jaló el pelo para ponerle un gorro, luego le colocaron una sonda sin explicarle nada y la dejaron expuesta en un pasillo, con las piernas abiertas y su cuerpo completamente visible, mientras trabajadores del ICE y estudiantes observaban sin su consentimiento, señalándola y comentando: “vean, va para cesárea, vean bien”.
Su bebé nació bien, pero no se lo dieron para contacto piel a piel y nadie le explicó por qué. En recuperación, un enfermero le dijo que la pasarían al salón “cuando él quisiera”, no cuando ella preguntara; lloró sin saber dónde estaba su hija.
Cuando finalmente la llevaron, tuvo que cambiarse sola de camilla, adolorida y mareada, porque “necesitaban la camilla”. Descubrió que a su bebé le habían dado fórmula sin consultarle; cuando pidió ayuda para alimentarla, una enfermera pellizcó a la recién nacida para “despertarla”, y al pedirle que no lo hiciera, la enfermera se molestó y se fue.
Esa noche, otra funcionaria le advirtió que si no podía levantarse a bañarse sola, se llevarían a su bebé; mareada y débil, se obligó a ponerse de pie. Pasó de lunes a jueves en el hospital y, aunque salió con su hija en brazos, salió también con una herida más profunda: la de haber sido tratada como un objeto, no como una persona.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia obstétrica como maltrato, abuso o falta de respeto antes, durante o después del parto; la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que esta violencia debilita la confianza en los sistemas de salud y deja secuelas físicas y emocionales irreparables. El Observatorio de Violencia Obstétrica Costa Rica confirma que estas prácticas siguen ocurriendo en hospitales públicos y privados, y el Movimiento de Parálisis de Erb Costa Rica demuestra que la negligencia no solo hiere, sino que también discapacita y mata. Estas realidades no pueden seguir siendo minimizadas, justificadas ni normalizadas bajo la narrativa de “así se ha hecho siempre”.
La Ley de Parto Respetado reconoce derechos fundamentales como el trato digno, la información clara, el consentimiento informado, el acompañamiento continuo, la libertad de movimiento, el respeto por la fisiología y el contacto piel a piel. Sin embargo, en la práctica estos derechos se violan todos los días.
Una ley sin formación, sin auditorías, sin sanciones y sin voluntad institucional es una ley que no protege; la violencia obstétrica no se erradica con afiches ni con discursos, sino con responsabilidad, vigilancia, formación en derechos humanos y un compromiso real con la vida y la dignidad.
La violencia obstétrica no es una experiencia aislada, es un problema de derechos humanos; es una realidad que nos obliga a confrontar quiénes somos y quiénes aspiramos a ser como país.
Como especialista en derechos humanos he acompañado a muchas mujeres que llegan rotas, confundidas, culpabilizadas, silenciadas; mujeres que no solo parieron, sino que sobrevivieron, y ninguna mujer debería sobrevivir su parto. Si queremos un país donde nacer no implique violencia y parir no implique riesgo, debemos actuar como sociedad. La dignidad no es opcional, la autonomía no es negociable y el respeto no puede seguir dependiendo de la suerte o del turno. Cuando una mujer ejerce sus derechos, cambia su parto; cuando un Estado los protege, cambia la historia de su pueblo.
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