La falacia política de la deflación como logro país

Por: Dr. Juan Diego Sánchez Sánchez, Ph.D
Asesor y analista financiero, abogado, profesor e investigador

La tasa inflacionaria consiste en una variable macroeconómica que muestra el cambio en los precios finales de los bienes y servicios disponibles en una economía determinada dados a valores observables en el comercio, implicando que su movimiento o permuta señala, precisamente la variabilidad de estos rubros y su efecto en la dinámica adquisitiva de las personas. En esta lógica se presentan tres posibilidades, siendo la primera un incremento en los precios, a lo cual se llama inflación propiamente, con una segunda opción al darse una tasa negativa, fenómeno conocido como la deflación, o bien, un caso muy particular, donde la variación sea cero, indicando que no existe movimiento en los valores.

Este fenómeno repercute en el valor de los bienes y servicios, que por ende impacta el costo de vida, siendo que, al darse una inflación, es decir una tasa positiva, se incrementa el valor general del consumo, afectando negativamente a las personas, o bien, en caso de darse una deflación, entiéndase una tasa negativa, técnicamente una misma cuantía monetaria determinada tiene un alcance mayor para la compra de productos o servicios. Bajo esta dinámica, en el país se ha querido plasmar la idea de que una tasa hacia la baja en los precios (deflación) es un logro país y que beneficia a la mayoría de los habitantes, tema que tiene distintas aristas de análisis.

Primeramente, bajo un criterio erróneo y de enfoque político, se ha acuñado la frase “inflación negativa”, tema que no solo es incorrecto en su definición misma, sino que por si mismo no implicaría que la oferta consumible sea más barata. El hecho de contar con un dato oficial de deflación refiere a un indicador calculado, no necesariamente en función de todos los bienes y servicios disponibles, sino más bien, y dependiendo del índice que se analice, hace referencia a ítems propios de la canasta básica o precios de consumo, pero no considera la extensión de dichos preceptos, de forma que no revela la realidad del costo generalizado en el mercado, siendo más una frase de connotación política que un concepto técnico.

Otro punto de interés, y con base en esta supuesta deflación oficial generalizada para el país, al interpretarse una caída en el costo de vida general, por regla de ajuste los salarios no crecen, ya que, amparados en este falaz funcionamiento cambiante de los precios hacia la baja, no parece justificarse un ajuste en la compensación salarial de las personas, pues según el indicador la misma cantidad de dinero ahora tiende a alcanzar aún para más compras. Esto afecta especialmente a los sectores más vulnerables, así como a quienes devengan un salario mínimo, no observando incremento alguno en su remuneración, esto a pesar de que el consumo de la canasta extendida se torna más alto en términos de precios.

Un tercer elemento de análisis, el cual no suele ser comunicado con relación a la deflación, refiere a los ajustes automáticos que se realizan sobre la base imponible de los impuestos de renta a diferentes actividades, resaltando acá el tributo a las utilidades de las personas mercantiles, el tributo a la ganancia de los profesionales independientes, así como el impuesto directo a los salarios. En los tres casos la aplicación de la tasa tributaria se da de forma escalonada sobre rangos monetarios, los cuales se ajustan hacia arriba con base en la inflación anual, no obstante, al existir una supuesta deflación, estos intervalos son adecuados hacia abajo, implicando que personas jurídicas y profesionales con menores ganancias, así como trabajadores con menores ingresos se configuran como sujetos pasivos de la obligación tributaria, afectando sus ingresos de forma directa, siendo los más afectados aquellos de menor generación lucrativa.

En esta línea, puede también hacerse mención a temas como la imposibilidad de ajustar la cuota por arrendamiento, o bien, adecuaciones inconsistentes en materia de movimientos financieros asociados a tasas de interés de ligamen a la variable inflacionaria, temas que de igual forma repercuten en una pérdida en la capacidad adquisitiva de las personas generadoras de lucro, que no necesariamente son representadas por grandes capitales, ni son comprendidos por grandes contribuyentes. Indicando así que la definición oficial de una tasa deflacionaria en el país no precisamente es una ventaja para quienes son los generadores de la actividad económica creadora de oportunidades de trabajo, o bien, para la fuerza laboral propiamente.

Quizás el tema de mayor relevancia, que sin duda demuestra una falacia comunicativa, radica en la interrogante ¿Es realmente más barato el país con base en la deflación oficial?, acá vale la pena hacer el autoanálisis referente a la capacidad de compra y pago del consumo general de las personas, donde y a pesar de señalarse de manera abierta que el país tiene ahora un costo de vida inferior, se observan incrementos en los micro créditos, índices de deuda en aumento, así como un crecimiento vertiginoso de la morosidad en colones, esto a pesar de partir del supuesto de un país con una deflación sostenida. Es así como se observa la disyuntiva entre la comunicación política ideológica y el fanatismo, esto en contraposición a la realidad pragmática económica.

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