Por: Mónica Navarro, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Costarricense de Microfinanzas (ASOCOMI).
El último año ha sido catastrófico si hablamos en términos de incremento de víctimas de préstamos gota a gota. Las políticas públicas por excelencia deberían buscar reforzar la prevención, con el fin de dedicar menos recursos y esfuerzo en la parte punitiva. Asimismo, los requisitos de cumplimiento obligatorio, las sanciones por incumplimiento y los juzgamientos, normalmente recaen en los no cumplientes del sector formal. Los informales, dentro de los cuales caen los prestamistas “gota a gota” son inmunes a este tipo de control regulatorio. De igual forma, el tope de tasas sobre los microcréditos sólo afecta es al sector formal, limitando su capacidad de ofrecerlos a un rango más grande de clientes, que ahora son excluidos por su riesgo. Ese tope nunca será cumplido por el sector informal “gota a gota”.
Los percentiles más bajos de la sociedad costarricense no están bancarizados y ello se debe a que su condición no le permite tener acceso a créditos por medio de ese tipo de instituciones financieras. Sus opciones se ven limitadas a obtener un microcrédito, que tiene requisitos mucho más laxos con un sistema de acompañamiento.
El microcrédito por excelencia a nivel mundial se considera el primer escalón hacia la bancarización. Pero persiste la opción de buscar prestamistas informales, que están a la vuelta de la esquina y que primera entrada no piden requisito alguno. Esos préstamos se vuelven impagables por las diferentes tácticas que dichos prestamistas utilizan a la hora del pago del préstamo, como aumento en tasas sin aviso previo, se desaparecen para que no puedan realizar abonos y luego lo toman como un incumplimiento cambiando las condiciones de los préstamos, aumentando los abonos semanales, etc. Todo dirigido a que el préstamo nunca termine o a que su vida y la de sus familiares se vea amenazada o extinguida.
En la Asociación Costarricense de Microfinanzas (ASOCOMI), estamos convencidos de que se deben incrementar las sanciones a esos prestamistas informales y mucho más importante fortalecer el sistema de microcréditos del país; teniendo una política de microfinanzas balanceada y consciente del costo diferenciado que tiene el préstamo de un crédito bancario contra un préstamo de un microcrédito.
La tesis expuesta por algunos “expertos” de que el poner un tope a la tasa de microcréditos es la solución, ha sido el arma perfecta que necesitaban los informales para hacer crecer su negocio. Ese tope de tasa, que se realizó sin tomar en cuenta el modelo de negocio del microcrédito, provocó la exclusión de cientos de miles de costarricenses y como las necesidades de las personas no se extinguen con una ley, pues solo les quedo un camino; el gota a gota.
La tasa del microcrédito siempre será más alta que la del crédito bancario, pero no por ello es injusta, usurera o antojadiza. La misma responde a esa gestión especializada que realizan las empresas formales de microcréditos, mediante la cual también se asumen un riesgo de no pago mucho mayor que los demás tipos de préstamos y en la mayoría de los casos sin bienes que respondan por ellos. Un microcrédito bien colocado, con el acompañamiento debido, con educación e información por parte del cliente, aún si la tasa es alta, la misma es totalmente manejable por el cliente; el cual de otra forma no tendría como adquirir el bien o servicio que pretende financiar. Los asociados de ASOCOMI además de ser empresas formales cuentan con un sello de confianza y un Protocolo de Cobranza Ética, todo siempre en pro de fortalecer la prevención.
Es urgente aprobar en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 23.101- Ley para la promoción y regulación del microcrédito como fomento para la inclusión social financiera en Costa Rica, de la mano de los proyectos de ley que ha conocido la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Deben ir de la mano y asegurar que estamos no sólo tratando la parte punitiva del que abusa y no cumple, pero además abriendo el mercado para que más gente pueda buscar soluciones formales. Las sanciones por sí solas no bajaran el número de personas que buscan ese tipo de préstamos, esa solución la puede dar el sector de microcréditos.
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