Diversas organizaciones en el país han realizado llamados al actual y nuevo Gobierno para impulsar los diferentes sectores de la economía nacional.
Una de ellas es la Cámara de Empresarios del Combustible. Esta anunció su oposición al proyecto de ley que busca detener los aumentos en el precio del combustible de las últimas semanas.
Según afirmaron, esto porque el actual Gobierno “lo hace en forma autoritaria. Además, revelando un total desconocimiento de la operación del subsector distribución de combustibles”, señalaron.
La iniciativa de ley, pretende incautar el 25% de la tarifa del margen de comercialización fijado por Aresep.
Según Alberto Mesén, presidente de la Cámara de Empresarios del Combustible, “el proyecto de ley cercena los márgenes de los distribuidores en forma brutal. Y constituye una sanción económica al sector más importante y motor de la economía costarricense, sin siquiera, ni por asomo, reconocer que son los impuestos los que encarecen el precio, ya de por si encarecido por los eventos internacionales”.
Añadió que “nuestra organización considera desproporcionada y falta de análisis inteligente, que lo único que hace es socavar al sector. Esto sin impactar efectivamente los precios para los consumidores en general. Los gasolineros y transportistas valoraremos las acciones legales contra la propuesta. Y, de hacerse efectiva, contra los promotores de lo que será un descalabro económico sin precedentes. La propuesta desde ya genera un ambiente de inseguridad jurídica y pone en riesgo la continuidad del servicio”, expresó Mesén.
Por su parte, la empresa Maquila Lama, realizó un llamado al nuevo Gobierno que resulte electo, “eliminar los monopolios comerciales que tiene el país actualmente. Así como promover un ambiente de competencia que beneficie al consumidor”, señalaron.
Juan Carlos Sandoval, gerente general de la empresa, afirmó que “tener un acceso a mayor cantidad de países productores de granos básicos, mejora el abastecimiento del país. Además, genera competencia y una disminución de precios al consumidor. Tenemos como país que buscar reducir aranceles de productos de canasta básica”.
Asimismo, la Fundación Costa Rica-Canadá urgió al nuevo gobierno a volver sus ojos al sector vivienda. Específicamente, señaló la organización, el sector de viviendas para las poblaciones vulnerables.
De acuerdo con Juan José Umaña, gerente general de la Fundación, es importante que el nuevo gobierno dé prioridad a investigar, analizar y proponer fuentes alternas de recursos. Los cuales permitan robustecer y garantizar los distintos programas de financiamiento.
“Las obras de construcción en general y las de vivienda de interés social en particular, deben ser entendidas y visualizadas como vectores de activación económica. Esto más allá de los beneficios inherentes que el logro de sus objetivos sociales busca”, explicó Umaña.
Por su parte, el Colegio de Cirujanos Dentistas señaló que el nuevo gobierno debe dar prioridad, también a las poblaciones vulnerables. Esto porque están siendo excluidas de los servicios odontológicos públicos.
De acuerdo con el Colegio, un acceso reducido y excluyente de la población a los servicios de salud bucal. Además de una insuficiente seguridad en la calidad de la atención odontológica. Y la carencia de personal profesional en la seguridad social, son tres problemas que afronta el país. Esto al no tener una Política Nacional de Salud Bucal.
Para Antonieta Muñoz, presidenta del Colegio, el compromiso con las poblaciones vulnerables en salud oral debe saldarse.
“No es posible que siendo Costa Rica un referente de la salud a nivel mundial, los servicios odontológicos de la seguridad social sean excluyentes y casi inaccesibles. Estamos a tiempo de reivindicar este descuido histórico y ponernos a trabajar en la prevención y tratamiento de las enfermedades de la boca”, concluyó Muñoz.
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