Por: Eduardo Kopper.
Asociado de la Cámara de Generación Distribuida.
En los últimos cuatro años, abonados de distribuidoras de electricidad de nuestro país invirtieron, en promedio, US$1,3 millones al mes en sistemas de energía solar. Utilizaron su capital o pidieron prestado para invertir más de US$60 millones en equipo que les previera electricidad más barata que la del poste. Nadie los obligó. Lo hicieron porque confían en el futuro del país y buscan la forma de ser más eficientes y competitivos.
No fue un abonado. O una gran empresa. Sino que fueron más de 2.000 clientes de todas las industrias y servicios. Así como de todas las zonas del país. La inversión promedio fue de US$30.000 por abonado, por lo que no fue una decisión antojadiza ni con visión de corto plazo. Más aún, si esas inversiones fueron financiadas es porque el flujo de caja proyectado las justificaba.
Hace cuatro años creer que “yo consumidor” podía generar mi propia energía a un menor costo que comprarla de la distribuidora era un mito impulsado por un avance tecnológico importado. Hoy tendríamos que asumir que esos 2 mil y pico de abonados han estado equivocados. Esto de no ser porque el crecimiento ha sido exponencial inclinando la curva hacia el último de esos 4 años.
En promedio, cada uno de esos inversionistas de nuestro país recuperará su inversión en cinco años. Eso no solo quiere decir que está obteniendo un rédito sobre su dinero de al menos el 20% por año. Sino que, además, a partir de ese quinto año su propia energía no tendrá costo alguno. Tendrán energía gratis por 20 años, dado que los paneles solares tienen una vida útil garantizada de 25 años.
Todas esas inversiones se lograron sobre la base legal de un reglamento temporal publicado en marzo 2016. Su objetivo era recabar experiencia nacional para luego actualizar la regulación. Cada uno de esos inversionistas tuvo que luchar contra la voluntad de las distribuidoras quienes desde un principio vieron como su cliente cautivo encontraba una alternativa. Quizás de ahí que les llamen abonados y no clientes.
Esa inversión hecha por todos esos arriesgados emprendedores, hoy solo representa el 1% de la energía eléctrica del país. Sin embargo, fueron US$60 millones que no tuvo que endeudarse el ICE o ninguna de las distribuidoras y de los cuales sólo los inversionistas correrán el riesgo, en lugar de todos los costarricenses.
Sin incentivos, y más bien con regulaciones y limitaciones, toca hoy aplaudir a quienes se atrevieron a invertir para ser mejores.
Una nueva ley, que tan siquiera elimine los obstáculos al inversionista y preserve la seguridad energética de la red eléctrica, sería el catalizador para acelerar aún más estas inversiones en tecnología ya probada. Fueron solo el 0,1% de los abonados los que optaron por invertir y arriesgar con tal de ahorrar en esos cuatro años.
Con la apropiada regulación sería fácil lograr que el 1% del abonado se atreva a usar el Sol e inviertan entonces US$600 millones en los próximos años.
Reactivemos nuestra economía eliminando restricciones al abonado. Hoy ya es posible dado que el Sol no nos cobra.
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