Responsabilidad corporativa en el marco del nuevo reglamento

Por: Viviana Montero Sánchez
Oficial de Cumplimiento para Tigo Costa Rica

El pasado 26 de agosto se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, el Reglamento a la “Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas sobre Cohechos Domésticos, Soborno Transnacional y otros Delitos”. Este Reglamento tiene por objetivo, regular y orientar el contenido mínimo requerido para que las empresas implementen un modelo de cumplimiento y así puedan optar por los beneficios de la Ley.

Uno de los principales incentivos que incluye esta ley, es que las empresas que implementen un modelo o programa facultativo (de aplicación voluntaria) para la prevención de delitos, gestión y control; le servirá como atenuante de sus sanciones hasta en un 40%. Claro está, para mitigar la sanción, la compañía debe probar que el programa funciona correctamente y de forma constante.

Actualmente, la ley impone sanciones penales tales como: multas entre 1,000 y hasta 10,000 salarios base (aproximadamente entre US$715,000.00 y US$7,150,000.00);  pérdida o suspensión de beneficios o subsidios estatales por un plazo de 3 a 10 años; inhabilitación de participar en concursos o licitaciones públicas por un plazo de 3 a 10 años; cancelación total o parcial del permiso de operación o funcionamiento, las concesiones o contrataciones obtenidas producto del delito; y disolución de la persona jurídica.

¿Por qué crear un modelo de riesgo y cumplimiento?

Aunque en Costa Rica hablar sobre riesgo y cumplimiento es un tema bastante nuevo, estas prácticas tienen bastante tiempo de desarrollo en otras latitudes y han llegado a nuestro país a través de empresas transnacionales y por supuesto, a través de la banca, que, por su naturaleza de negocio, le es imperativo la implementación de estos procedimientos.

Cumplimiento es mucho más que acatar leyes, códigos y políticas internas, es una ventaja competitiva con beneficios incalculables. La mayoría de los stakeholders, clientes y Gobiernos lo consideran a la hora de tomar decisiones sobre con quién trabajar o no. “Aunque la aplicación de una política de ética y cumplimiento no genera ventas para la empresa, sí genera negocios: nos permite ahorrar dinero al evitar potenciales sanciones y aumenta el valor de la marca y reputación de las empresas”, asegura Viviana Montero, oficial local de Cumplimiento para Tigo Costa Rica.

La implementación de un modelo de riesgo y cumplimiento trae, además, los siguientes réditos:

• Inversionistas, consumidores, proveedores, empleados y comunidad utilizan de referencia la reputación de la compañía.
• Proveedores se enorgullecen de los clientes que tienen: el objetivo es contar dentro de su portafolio con organizaciones que la hacen más fuerte.
• Clientes buscan estar asociados con compañías que hacen “las cosas de la manera correcta”.
• Atrae y retiene talento.
• Funciona como argumento de venta, ya que es un diferenciador con respecto a la competencia.

Tigo Costa Rica a la vanguardia

Desde hace dos años, Tigo cuenta con un programa maduro de ética y cumplimiento que permea en todas las áreas de su negocio. Para lograrlo, se han implementado una serie de políticas y reglamentos que permiten a los colaboradores, trabajar con la tranquilidad y seguridad de hacer las cosas de manera correcta y con total transparencia.

Entre los reglamentos y políticas que ha desarrollado Tigo a través de sus Programa de Ética y Cumplimiento destacan:

• Código de conducta. Ser honesto y confiable en todo lo que hace, ser transparente en sus tratos y comportarse con los más altos estándares de integridad.
• Política anticorrupción. Cero tolerancia para cualquier tipo de soborno o pago indebido.
• Política de conflicto de intereses. Siempre revela cualquier conflicto de interés real o potencial. Mantener los intereses personales separados de los intereses de la compañía.
• Política de regalos y hospitalidad. Los empleados no pueden dar ni recibir regalos de terceros, excepto bajo ciertos criterios contenidos en esta política. La hospitalidad dada o recibida por un tercero debe ser aprobada y debe permanecer dentro de los límites establecidos dentro de la política.
• Patrocinios y donaciones. Millicom prohíbe a los empleados contribuir con fondos, tiempo o activos de la empresa a políticos, candidatos a cargos públicos, partidos políticos, entre otros.
• Gestión de terceros. Todos los pagos deben estar debidamente documentados y realizarse en el país donde el proveedor prestó los servicios.
• Procedimiento de interacción con funcionarios de Gobierno. Para garantizar la transparencia, al menos dos colaboradores de la empresa deben estar presentes físicamente durante las reuniones con funcionarios de Gobierno.
• ¡Eleva tu voz! Los colaboradores deben informar inmediatamente sobre la violación a cualquiera de las políticas y reglamentaciones aplicables de la compañía a través de los canales que se han habilitado para este fin. Millicom prohíbe la toma de represalias en contra de cualquier empleado que haya planteado una inquietud de buena fe.

“Es cierto que el establecimiento de este modelo ha implicado un costo económico, el involucramiento de todos los colaboradores de la compañía, la creación de una Línea Ética para las denuncias y por supuesto, la creación de un Comité Disciplinario. Sin embargo, los réditos que hemos obtenido en valor de nuestra marca, reputación, mitigación de riesgos y continuidad del negocio, tienen un valor ilimitado”, concluye Montero.

Cabe resaltar que Viviana Montero Sánchez, oficial de Cumplimiento para Tigo Costa Rica, funge también como representante de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) en la comisión para la elaboración de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción gestada durante el gobierno del actual presidente, Carlos Alvarado.

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